• CARTA AL PAPA

“Su Santidad, le ruego dedique atención a Nicaragua”

Nicaragua: El Parlamento Europeo intenta hacer justicia acusando al gobierno de Ortega de corrupción. Nueva carta del exiliado y perseguido político Álvaro Leiva Sánchez al Papa Francisco. Es la tercera, aún sin respuesta.

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Este jueves 16 de diciembre el Parlamento Europeo desconoció la reelección del dictador sandinista Daniel Ortega, a través de una resolución que fue aprobada por amplia mayoría (con 619 votos a favor, 25 en contra y 41 abstenciones) y en la que catalogaron como “farsa electoral” las elecciones del pasado 7 de noviembre en Nicaragua. Los europarlamentarios también exigieron a la Unión Europea (UE) la inclusión del dictador nicaragüense en la lista de personas sancionadas e instan a contemplar otras medidas, que pueden ir más allá de las sanciones individuales.

La resolución afirma que esa elección “vulnera todos los parámetros democráticos internacionales de unas elecciones creíbles, inclusivas, justas y transparentes”. Además, “rechaza la legitimidad de los resultados de estas falsas elecciones y, por tanto, la legitimidad democrática de cualquier autoridad institucional que surja de estos comicios amañados”.

Esta situación ya había sido advertida por la Asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos (ANPDH) al Papa Francisco en las vísperas de las elecciones, a través de una carta que envió a su Santidad el Secretario General, el abogado Álvaro Leiva Sánchez, el pasado 05 de noviembre. A la fecha de hoy no ha recibido respuesta.

“Le ruego que dedique atención a los dramáticos acontecimientos que vienen inmisericordemente desarrollándose en mi amada Nicaragua, agudizados con la concreción de la criminal farsa electoral”, que “significa mayor represión, más detenciones ilegales, persistente tortura de presos políticos -rehenes del régimen-, nuevas desapariciones, más corrupción, más enriquecimiento ilícito para la pareja gobernante, su familia, y sus cómplices inmediatos”, se lee en el documento.

Es la tercera comunicación sin respuesta que el también exiliado y perseguido político ha enviado al Santo Padre desde Costa Rica, en su calidad de defensor de los derechos humanos: las anteriores fueron enviadas el 01 de septiembre de 2020 (hablamos de ella en la Brújula, ver aquí) y el 05 de julio de 2021.

Leiva confirma que continúa la represión en Nicaragua, en manos de la “corrupta pareja gobernante”, que implementa un “terror de Estado” que “no presenta patrones ideológicos”, pues “mantiene en prisión a políticos de un variado prisma que incluye, desde excomandantes guerrilleros, hasta dirigentes empresariales”.

Esta situación también había sido denunciada el 15 de diciembre por cinco organizaciones civiles nicaragüenses, integrada por los familiares de los más de 160 presos políticos, que se encuentran detenidos en el marco de la crisis que vive Nicaragua desde abril de 2018. La declaración fue suscrita por la Asociación de Familiares de Presos Políticos, el Comité de Familiares Pro-Liberación de Personas Presas Políticas, Familiares de Personas Presas Políticas en el Chipote desde Mayo 2021, el Grupo de Secuestrados Políticos Unidos y la Organización de Víctimas de Abril.

Y un informe elaborado por el “Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más”, determinó que en el país centroamericano continúan las torturas contra los “presos políticos”, en “castigo por su activismo”. Según el Colectivo los “presos políticos” sufren “aislamiento permanente, reclusión en celdas sin condiciones mínimas, ausencia o limitado acceso a alimentos y medicamentos, extensos interrogatorios, amenazas, agresiones físicas y psicológicas, cometidas por agentes policiales y penitenciarias”.

Además, es oportuno recordar que existen 158 personas desaparecidas desde julio de 2018, según datos de la propia Asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos. Situación que ha sido confirmada por organismos como la CIDH y la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), que han alertado que Nicaragua vive una crisis humanitaria que incluye ejecuciones extrajudiciales, violaciones sexuales, desplazamientos forzosos y arrestos arbitrarios.

En este contexto, Álvaro Leiva Sánchez recordó al Santo Padre que “la iglesia católica no resulta ilesa”: “Ejemplo de ello se debe de destacar el caso de sacerdotes, contra quienes la represión de la dictadura se ha ensañado. Entre otros, los principales son: Mons. Silvio José Báez Ortega, obispo auxiliar de la arquidiócesis de Managua y vicario general de la arquidiócesis de Managua y obispo presidente de la comisión de Vida Consagrada y del Seminario de la Conferencia Episcopal de Nicaragua; Mons. Juan Abelardo Mata Guevara, Obispo Emérito de la Diócesis de Estelí; Mons. Rolando José Álvarez Lagos, obispo de Matagalpa y Administrador Apostólico de Estelí y el sacerdote Edwin Heriberto Román Calderón, párroco de la iglesia de San Miguel Arcángel, del barrio San Miguel de la ciudad de Masaya. Sobre estos cuatro sacerdotes sigue viva una orden de captura ilegal y sin fundamento jurídico {secuestro); la cual ha sido suspendida, pero podría ser reactivada en cualquier momento a voluntad de Rosario Murillo Zambrana”, se lee en la carta.

Asimismo, recordó la profanación ocurrida el 31 de julio de 2020 contra la sagrada imagen de la Sangre de Cristo, ubicada en la Catedral de Managua, calificada por la Conferencia Episcopal de Nicaragua (comunicado 01.08.2020) como un "acto violento y extremista, propio de un acto terrorista”; además de las continuas expresiones amenazantes de Daniel Ortega contra los integrantes de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN). En la Brújula Cotidiana ya hemos denunciado estos ataques contra la iglesia (en la entrevista al Vicario Familia de la arquidiócesis de Managua, Mons. Fonseca, ver aquí).

“Es importante que la máxima autoridad del catolicismo universal no omita la condena, clara y contundente, del criminal intento de perpetuación en el poder, por parte de dos criminales (Daniel Ortega Saavedra y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo Zambrana) quienes, en algún momento serán removidos y responderán, ante la justicia universal, por la barbarie de su régimen”, puntualizó el secretario general de ANPDH. Una asociación fundada en 1986 no sólo para monitorizar las violaciones de Derechos Humanos en el país centroamericano, sino además como una organización provida.

La crisis que vive Nicaragua desde abril de 2018, cuando estalló la revuelta social contra el gobierno, ha dejado a su paso una violenta acción policial del régimen que ocasionó 355 muertos, más de 2.000 heridos, 1.600 detenidos en distintos momentos y 103.000 exiliados y refugiados, en su mayoría en Costa Rica, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En tanto la Santa Sede mantiene silencio sobre Nicaragua la Eurocámara intenta hacer justicia, imputando al gobierno de Ortega de actos de corrupción, por lo que pidieron a la UE activar la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación (AdA) con Centroamérica, lo que permitiría excluir a Nicaragua del tratado comercial vigente desde la década pasada. “De conformidad con el Acuerdo de Asociación entre la UE y Centroamérica, Nicaragua debe respetar y consolidar los principios del Estado de derecho, la democracia y los derechos humanos”, se lee en la resolución.

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