La estatua de Jesús destruida por soldados israelíes es solo la punta del iceberg

Treinta días de prisión militar y expulsión del servicio de combate. Esta es la sanción impuesta por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) a los dos militares que aparecen en la foto que el 19 de abril dio la vuelta al mundo: el soldado que destrozó a martillazos una estatua de Jesús crucificado y su compañero que lo fotografió (hemos decidido no publicar la foto). El sonado gesto tuvo lugar en la aldea cristiana de Debel, en el sur del Líbano, y provocó una condena generalizada a nivel internacional, así como una gran vergüenza para los mandos de las FDI y para el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien se declaró «conmocionado y entristecido» por lo ocurrido.

En un intento por reparar el grave daño a la imagen causado por el incidente, las FDI anunciaron que habían sustituido la estatua destruida por otra nueva y, en el comunicado difundido ayer, también declararon que «el comportamiento de los soldados se apartó por completo de las órdenes y los valores de las FDI», anunciando que otros seis militares presentes en el lugar serán sancionados posteriormente por no haber intervenido.

A pesar de que los altos mandos del ejército hayan expresado «profundo pesar» por lo ocurrido y hayan reiterado que las operaciones en el Líbano están dirigidas exclusivamente contra los terroristas de Hezbolá y no contra la población civil, hay muchos elementos que restan credibilidad a estas palabras; y hacen pensar, por el contrario, que las rápidas sanciones contra los responsables no han estado motivadas tanto por la profanación cometida como por el hecho de que se haya hecho pública. De hecho, no se trata de un caso surgido de la nada. Basta recordar el asesinato, hace menos de un mes, del párroco de la aldea de Qlayaa, el padre Pierre al Rahi, alcanzado deliberadamente por soldados israelíes cuando se dirigía a socorrer a las víctimas de un ataque israelí anterior.

Pero tampoco el caso del crucifijo derribado es un hecho aislado: ya se han producido otros incidentes similares en la zona, según lo informado a la BBC por el párroco de Debel, el padre Fadi Flaifel. Y no solo eso: el Patriarca de Jerusalén de los Latinos, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, en un duro comunicado en el que define el acto cometido en Debel como «una grave afrenta a la fe cristiana», afirma que este «se suma a otros episodios de profanación de símbolos cristianos por parte de soldados de las FDI en el sur del Líbano».

De hecho, la dinámica de la profanación también lo confirma: no se trató del gesto de un solo soldado, sino de un grupo de soldados, que actuaron dando por sentada su impunidad hasta el punto de inmortalizar la escena con fotografías. Continúa el comunicado del cardenal Pizzaballa, publicado al término de la asamblea de ordinarios católicos de Tierra Santa: el suceso «revela una preocupante laguna en la formación moral y humana, en la que incluso la más elemental reverencia por lo sagrado y por la dignidad de los demás se ha visto gravemente comprometida». Por lo tanto, se imponen «una acción disciplinaria inmediata y decisiva, un proceso creíble de responsabilización y garantías claras de que tal conducta no será ni tolerada ni repetida».

¿Puede considerarse la sanción anunciada ayer por la noche una respuesta satisfactoria a esta petición? No del todo, si se compara con otras sanciones impuestas por las FDI a sus soldados en este periodo: precisamente la semana pasada, tres mujeres soldado fueron sometidas a un consejo de guerra y se les redujo el sueldo en un tercio por presentarse en la base militar el día de su permiso con ropa considerada demasiado escasa; y cuatro soldados fronterizos fueron condenados a 15 días de prisión militar acusados de «ofensa a la religión y al judaísmo» por haber preparado una barbacoa, aunque fuera en una zona reservada, durante el Shabat. Da más bien la impresión de que hay una hipersensibilidad hacia las prescripciones de la religión judía y menos atención hacia los fieles de otras religiones.

Por otra parte, tampoco el primer ministro Netanyahu puede ocultar su responsabilidad por lo que está sucediendo. Aunque Netanyahu siga presumiendo de que Israel es el único país de la región que garantiza la libertad religiosa a los cristianos, es un hecho que desde hace mucho tiempo —como hemos documentado en repetidas ocasiones en La Brújula – se multiplican las agresiones contra los cristianos en Israel, por no hablar de los ataques a las aldeas cristianas de Cisjordania por parte de los colonos, que a menudo actúan ante los ojos y con la complicidad de las FDI. Tampoco se puede olvidar el ataque del pasado mes de julio contra la parroquia católica de Gaza, que causó tres víctimas y dejó herido al párroco, don Gabriel Romanelli; ni el último incidente diplomático, cuando el Domingo de Ramos le tocó al cardenal Pizzaballa ser detenido y rechazado por los militares mientras se dirigía al Santo Sepulcro.

Hasta ahora, el primer ministro israelí, aunque ha intervenido para expresar su pesar por los incidentes, prometer investigaciones e intentar encontrar alguna solución improvisada, ha demostrado dejar amplia libertad de maniobra a los sectores más extremistas de su Gobierno y presentes en el país, con una tendencia a la radicalización que ha crecido considerablemente desde el 7 de octubre de 2023. Tanto es así que el Times of Israel ha escrito que «Israel se está alejando de la tolerancia y los valores democráticos para acercarse al extremismo religioso y político».

El caso de la estatua de Jesús destrozada a martillazos por un soldado es, por tanto, un episodio grave que no llega en absoluto de forma inesperada y que se explica por el contexto. Se necesita mucho más que una sanción disciplinaria a los soldados responsables —como si se tratara de un episodio aislado provocado por alguna manzana podrida— para sanear la situación.