Guerra y moral: por qué el Papa habla sobre ello y Vance no lo ha entendido

Tras las críticas de Donald Trump a León XIV sobre la guerra en Irán (haz clic aquí y aquí), su vicepresidente, el católico J.D. Vance, ha salido al paso el pasado lunes para respaldar a su jefe. Lo ha hecho durante el programa Special Report With Bret Baier de Fox News. Esto es lo que ha dicho Vance al respecto: “Creo firmemente que, en algunos casos, sería mejor que el Vaticano se ciñera a las cuestiones morales. Que se ocupe de lo que ocurre dentro de la Iglesia católica y deje que el presidente de los Estados Unidos defina las políticas públicas estadounidenses”.

Parece, por tanto, que la guerra no es un tema que tenga que ver con las cuestiones morales. Pero en realidad las cosas no son así. Todo lo contrario: la moral es un juicio de valor sobre las acciones humanas. Por lo tanto, la moral es un juicio que se refiere a la bondad o la maldad de las acciones. Ninguna acción queda excluida de la moral, de ahí la afirmación: no se puede salir de la moral (al igual que no se puede salir del pensamiento). Todos los actos pueden ser sometidos a juicio moral porque todo acto voluntario tiene un fin y, donde hay un fin, siempre se persigue un bien (auténtico o aparente). Por lo tanto, cuando se realiza una acción, necesariamente se entra en el ámbito de la moral.

A la luz de lo escrito hasta ahora, también la guerra concierne a la moral y le concierne de manera preeminente por varias razones. En primer lugar, porque por guerra se entiende una suma de acciones coordinadas entre sí para llegar a una lucha armada entre Estados, coaliciones y pueblos. En segundo lugar, porque la guerra provoca daños de diversa índole y a gran escala: daños físicos y psicológicos a las personas —muertes, heridas, trastornos psicológicos, etc.—, a las cosas —destrucción de viviendas, infraestructuras, etc.— y a la economía de uno o más países. En tercer lugar, aunque este aspecto está implícito en los dos puntos anteriores, la guerra, como toda acción, tiende a un fin y, por tanto, a un bien objetivo o aparente: puede ser la defensa (justa) del propio país o del ajeno, o bien la ofensa (injusta) a uno o varios países.

La Iglesia, por mandato divino, se ocupa de la salvación de todos los hombres y, por tanto, su competencia abarca el plano sobrenatural y el natural. Este último es precisamente el plano de la moral natural. Por lo tanto, Vance ha hecho bien en recordar que la Iglesia católica (y no el Vaticano) se ocupa también de las cuestiones morales. En cambio, ha hecho mal al no comprender -o al fingir no comprender- que entre las cuestiones morales se incluye también el tema de la guerra.

Una vez aclarado, pues, que la guerra es una cuestión moral sobre la que la Iglesia tiene competencia para pronunciarse, veamos ahora cuáles son los límites de esta competencia.

La Iglesia debe indicar los principios morales a los que hay que atenerse y, más aún, los bienes y los fines morales a los que hay que aspirar, pero las modalidades para aplicar estos principios en la práctica le corresponden a cada individuo. Con una distinción importante que haremos más adelante, esto vale también cuando los principios morales se refieren al bien común, ámbito de acción de los gobernantes y, por tanto, de la política. Así pues, la Iglesia podrá recordar que la dignidad de la persona, la paz social y la convivencia entre los hombres deben ser defendidas, tanto dentro de una nación como entre las naciones, pero las modalidades y los medios para satisfacer estos fines competen sobre todo a la prudentia regnativa del gobernante.

La prudencia es precisamente aquella virtud que permite identificar el mejor instrumento para satisfacer el fin moral identificado concretamente por la conciencia (“corresponde a la prudencia deliberar, juzgar y ordenar rectamente los medios que sirven para alcanzar el debido fin”: Tomás de Aquino, Summa Theologiae, II-II, q. 47, a. 10 c.). Por lo tanto, le corresponde sobre todo a quien gobierna encontrar la mejor manera de proteger la vida humana, la paz, la convivencia, etc., en aras del bien común. Dicho esto, en un plano muy teórico, la enseñanza de la Iglesia sobre la moral relativa al bien común podría incluso resultar superflua para el gobernante, ya que este, al igual que todos los hombres, está dotado de razón y, por tanto, cuenta con ese instrumento para comprender por sí mismo los principios de la ley natural que deberá seguir para proteger y promover el bien común. Pero, aunque así fuera, ello no quitaría que la Iglesia tiene, en cualquier caso, el derecho y el deber de recordar su propia enseñanza en el ámbito moral.

Por lo tanto, la Iglesia puede y debe juzgar las decisiones políticas para verificar si son conformes o contrarias a la moral natural. Por ejemplo, puede y, en muchos casos, debe criticar públicamente una ley que legitime el aborto, la eutanasia o las “bodas” homosexuales, ya que contradicen la ley natural. De manera análoga, puede y, en muchos casos, debe criticar públicamente una guerra cuando es injusta. Y puede y, en algunos casos, debe recordar también algunas modalidades muy generales para restablecer el orden moral, porque todos, en distintos grados, deben contribuir también a identificar los instrumentos para tutelar el bien común, nacional e internacional, aunque dicha competencia corresponda de manera prioritaria al gobernante.

Esta última tarea se vuelve más apremiante cuando nos damos cuenta de que la política no cumple con su deber, no solo en lo que respecta a la aceptación de los principios morales, sino también en cuanto a los medios para aplicarlos. Y, por lo tanto, la Iglesia puede pedir que se deroguen las leyes injustas y que, para construir la paz entre naciones en guerra, se sigan las vías diplomáticas, el diálogo, el perdón, etc. Así pues, en resumen, a la Iglesia le corresponde indicar los principios morales, y a los gobernantes, las modalidades de aplicación. La Iglesia puede incluso llegar a identificar de manera general los instrumentos para aplicar en la práctica los principios morales, sobre todo cuando el gobernante huye hacia delante en este frente.

Volviendo, pues, a Trump, el Papa, Vance y la guerra en Irán, debemos concluir que es prerrogativa del Pontífice poder criticar esta guerra e indicar el camino del diálogo y la diplomacia, dado que estos son ignorados por los poderosos. Puede y debe hacerlo porque nos encontramos en el ámbito de la moral natural. Y le corresponde al presidente de los Estados Unidos seguir su recta ratio con el fin de cesar las hostilidades, de acuerdo con los principios de la ley natural, y encontrar las modalidades para alcanzar este fin, tal y como ha recordado acertadamente Vance al afirmar que le corresponde al presidente de los Estados Unidos definir las políticas públicas estadounidenses.

Por lo tanto, cuando el Papa pide que cese la guerra en Irán, no está haciendo política, ya que se limita a recordar las prohibiciones de la lex naturalis y no está indicando medios específicos para que ello suceda. De hecho, como recuerda Tomás de Aquino, “la prudencia en relación con el bien común se llama política” (Ib. ad 1) y la prudencia, como ya se ha mencionado, es la virtud que permite identificar el instrumento adecuado para satisfacer los fines morales. Y esta tarea de identificación en relación con el bien común corresponde sobre todo al gobernante.

Por lo tanto, que cada uno se dedique a lo suyo: el Papa puede y debe pedir que se ponga fin a las guerras injustas. Trump debe cesar las hostilidades porque, antes de que lo pida el Papa, así lo exige la ley natural. Además, Trump tiene que encontrar el medio más idóneo para alcanzar este objetivo, dado que ésta es su competencia principal, aunque no exclusiva. Para ello, también puede escuchar los consejos del Papa porque, aunque de forma subordinada, él también es competente para identificar las mejores soluciones, aunque sean generales, para restablecer la paz.