Los ultraortodoxos rompen con Netanyahu a causa del servicio militar

El Gobierno de Benjamin Netanyahu muestra las primeras grietas. Las consecuencias de la guerra, las protestas internas en el país y las tensiones cada vez más fuertes con los ultraortodoxos están debilitando el poder del primer ministro israelí, lo que abre una fase de creciente inestabilidad política. Parece que el líder está acorralado tras veinte años dominando el Estado judío: cuestionado en las calles por miles de israelíes, abrumado por el colapso de la confianza de la opinión pública tras el 7 de octubre de 2023, aislado en el plano internacional y ahora también afectado también por la huida de los aliados religiosos que durante años han garantizado la supervivencia de sus gobiernos. La coalición es un polvorín a punto de estallar y las elecciones anticipadas, previstas para los próximos meses, podrían convertir a Israel en un país desgarrado, radicalizado y empujado hacia una crisis política sin precedentes.

Pero no se trata solo de una crisis de gobierno. Es un ajuste de cuentas. Porque el enfrentamiento que está haciendo implosionar a la mayoría afecta a una de las cuestiones más candentes de toda la sociedad israelí: quién debe ir a combatir y quién puede eludir la guerra, mientras el país vive una movilización casi permanente después del 7 de octubre.

Lo que ha provocado el terremoto político ha sido la ruptura definitiva entre Netanyahu y los partidos haredim, los judíos ultraortodoxos que durante años han representado un pilar fundamental de las coaliciones lideradas por el Likud, el partido de Netanyahu. Su salida de la alianza no es una sorpresa. Es, en cambio, el punto culminante de una crisis que se gestaba desde hacía tiempo y que en los últimos dos años se ha transformado en un enfrentamiento abierto entre urgencias militares, intereses políticos e identidades religiosas irreconciliables.

El detonante de la crisis se remonta a julio de 2024, cuando el Tribunal Supremo israelí dictaminó que ya no era legalmente sostenible seguir eximiendo en masa del servicio militar obligatorio a los estudiantes de las yeshivot, las escuelas rabínicas ultraortodoxas. Una sentencia que golpó de lleno uno de los privilegios históricos de la comunidad haredí y que abrió una fractura en el seno de la mayoría.

Desde ese momento, Netanyahu ha intentado por todos los medios encontrar una mediación capaz de salvar la coalición gubernamental. El primer ministro sabía perfectamente que el mantenimiento de la exención militar representaba una línea roja para los partidos religiosos. Pero, al mismo tiempo, crecía dentro del Gobierno, e incluso en el Likud, un descontento hacia un sistema percibido por gran parte de la opinión pública como profundamente injusto. La cuestión era sencilla: mientras decenas de miles de reservistas eran llamados al frente durante meses, mientras las familias israelíes se enfrentaban a lutos, sacrificios económicos y un clima de guerra permanente, miles de jóvenes ultraortodoxos seguían sin vestir el uniforme, protegidos por un sistema de exenciones construido a lo largo de los años, gracias al peso político de los partidos religiosos.

Al final, el compromiso ha resultado imposible. Ante la imposibilidad de aprobar una nueva ley que garantize la exención a los haredim antes de que termine la legislatura, el Likud ha tenido que comunicar a los líderes de Shas y del Judaísmo de la Torá Unida que el Gobierno ya no contaba con los votos necesarios para mantener sus promesas. La respuesta ha sido inmediata. Degel HaTorah —una de las almas de Judaísmo de la Torá Unida, junto con Agudat Yisrael— ha anunciado que la alianza política con Netanyahu ha terminado. Una declaración que tiene el sabor de una condena política para el primer ministro israelí.

En realidad, la ruptura ya había comenzado meses antes. Desde el verano de 2025, los partidos ultraortodoxos habían ido abandonando progresivamente los ministerios que controlaban, saliendo formalmente del Gobierno aunque continuaban apoyando a la coalición en el Parlamento. Era una estrategia de presión: mantenerse lo suficientemente cerca del poder como para conservar influencia, pero lo suficientemente lejos como para dejar claro que la paciencia se estaba agotando.

Durante meses, los haredim habían amenazado con provocar la caída del Gobierno si no se resolvía la cuestión de la exención militar. Hoy, esa amenaza se ha convertido en una crisis política real que amenaza con desbancar a todo el sistema israelí. En un Estado en el que el servicio militar obligatorio representa uno de los pilares de la identidad nacional, la exención concedida a los estudiantes de las escuelas rabínicas se ha vuelto cada vez más difícil de aceptar para el resto de la población.

Sin embargo, para los haredim este tema no es negociable. Los estudiantes de esta comunidad dedican su vida al estudio de la Torá, considerado no solo un deber religioso, sino una misión espiritual fundamental para la propia supervivencia del pueblo judío. Desde su punto de vista, la obligación del servicio militar significaría interrumpir esta misión, pero sobre todo exponer a miles de jóvenes ultraortodoxos al contacto con una sociedad laica y moderna percibida como una amenaza existencial y, probablemente, a la disolución de la identidad haredí. Los líderes religiosos advierten del riesgo de que el alistamiento en el ejército de los jóvenes ultraortodoxos pueda acelerar el abandono de la comunidad, rompiendo el aislamiento cultural defendido durante décadas. Mientras tanto, la mayoría de los israelíes observa esta oposición con creciente indignación.

Mientras muchos ciudadanos acusan a los ultraortodoxos de beneficiarse de los fondos públicos y de la protección del Estado sin contribuir al esfuerzo colectivo de la defensa, crece la hostilidad política hacia los partidos religiosos. Además, la cuestión del servicio militar se entrelaza con otra gran división que atraviesa el país: la que separa al Israel laico del Israel religioso. Las protestas que estallaron en 2023 contra la reforma judicial impulsada por el Gobierno de Netanyahu ya habían puesto de manifiesto lo profunda que era la desconfianza de buena parte de la población hacia la coalición respaldada por la derecha religiosa. Hoy, esa misma ira se une al cansancio provocado por la guerra y al temor de que el creciente peso político de los ultraortodoxos esté modificando irreversiblemente el rostro del Estado israelí.

Mientras tanto, la oposición intenta sacar partido de la crisis. Naftali Bennett y Yair Lapid están trabajando en la construcción de un nuevo frente anti-Netanyahu, en un intento de replicar la experiencia de 2021, cuando lograron apartar temporalmente del poder al líder del Likud. Sin embargo, el bando contrario sigue siendo frágil y está atravesado por profundas divisiones ideológicas. Bennett sigue encarnando una derecha nacionalista pragmática, muy dura en materia de seguridad, pero menos dependiente de los partidos religiosos. Lapid, por su parte, representa el rostro del Israel liberal, urbano y secularizado que teme la deriva identitaria del país. Su eventual alianza tendría un único nexo de unión: detener a Netanyahu.

En cambio, en el frente opuesto el primer ministro sigue confiando en el ala más radical de la derecha nacionalista. Figuras como Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich mantienen el apoyo entre los votantes más radicalizados por la guerra y el miedo al enemigo. Pero precisamente su creciente influencia contribuye a alejar al centro moderado y a agravar el aislamiento internacional de Israel.

Podría ser la última batalla política para Netanyahu. Para Israel, en cambio, podría ser mucho más: el momento en que el país se verá obligado a decidir en qué quiere convertirse, tras años de guerra, divisiones y crisis permanentes.