Demasiado dinero para las ONG: una llamada de atención para Ursula “von der Lobby”

Tras una larguísima serie de advertencias a la Comisión Europea sobre el uso y abuso de fondos y diversos casos de corrupción —que hemos descrito ampliamente en los últimos años—, el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) ha vuelto a dirigir una vez más una severa advertencia a la Comisión Europea por su falta de transparencia en la gestión de miles de millones de euros destinados a ONG y grupos de presión (también llamados lobby) que operan bajo el patrocinio institucional de Bruselas. En una conferencia sobre transparencia celebrada el lunes 20 de octubre en Luxemburgo, los auditores europeos han activado la alarma para advertir una vez más a la política y a la opinión pública sobre el sistema de subvenciones europeas que sustenta una red de organizaciones alineadas con las diversas ideologías y lobbies presentes y operativos dentro de las instituciones de la UE. El dinero que debería distribuirse para el bien común y el fortalecimiento de las redes sociales de cohesión acaba en las manos de siempre con procedimientos aún más opacos.

Según los últimos informes del Tribunal de Cuentas Europeo, entre 2021 y 2023 la Comisión ha distribuido más de 7.400 millones de euros a ONG, muchas de las cuales participan en actividades de presión política o en campañas de sensibilización y promoción de ideologías ecologistas y LGBTQI+. Los auditores europeos, algunos de los cuales ya habían señalado en los últimos días la falta de transparencia y claridad en el presupuesto plurianual, destacaron el lunes que la trazabilidad de los fondos institucionales europeos sigue siendo “confusa, fragmentaria y, en algunos casos, inaccesible para el ciudadano europeo medio”. “La transparencia no puede ser un eslogan vacío, sino que debe traducirse en datos verificables y en un acceso efectivo a la información”, ha advertido Laima Andrikienė, miembro del Tribunal de Cuentas Europeo, invitando a la Comisión a dejar de tratar estos fondos “como si fueran propiedad privada de las élites de Bruselas”.

Uno de los temas debatidos durante la conferencia del lunes es la falta de control sobre el “Registro de transparencia de la UE”, un instrumento público que debería revelar quién influye en las decisiones de la Unión y con qué financiación. Por el contrario, muchos de los grupos registrados reciben financiación directa de la propia Comisión, lo que, afirman los auditores, crea “una relación de dependencia incompatible con la independencia que se espera del tercer sector”. Estamos ante la institucionalización del conflicto de intereses, mediante el cual, al dar dinero a las ONG con una mano, la Comisión o el comisario individual (véanse los escándalos de Timmermans y las ONG ecologistas) exige y recibe a cambio que las propias organizaciones no gubernamentales promuevan actividades, incluso de lobby institucional, a favor de las propuestas e iniciativas de ese comisario específico o de toda la Comisión. Es decir, se ha establecido y consolidado una relación de “do ut des” opaca, oculta y, en realidad, completamente opuesta al principio de responsabilidad de rendir cuentas de forma clara y transparente ante los ciudadanos, el Parlamento y el propio Consejo Europeo.

El lunes, el vicepresidente del Tribunal de Cuentas Europeo, Jorg Petrovič, ha advertido que la Comisión “corre un grave riesgo institucional si ignora estas advertencias”, y ha propuesto algunos criterios para restablecer un mínimo de transparencia: límites claros para la supervisión gubernamental de las ONG, la creación de una plataforma pública para los beneficiarios y auditorías periódicas para evaluar tanto la independencia ideológica como la adhesión a los valores europeos de las organizaciones beneficiarias.

En respuesta, como de costumbre, los funcionarios presentes de la Comisión se han comprometido a introducir “nuevos mecanismos de control y accesibilidad”, prometiendo publicar una lista detallada de los beneficiarios a partir de 2026. ¿Por qué no hacerlo inmediatamente, explicando por qué y cuánto se ha pagado a todas las ONG y para qué? El lunes, el Tribunal ha tenido que recordarle una vez más a la Comisión que la verdadera transparencia comienza con la responsabilidad de las instituciones ante los ciudadanos, que “tienen derecho a saber quién se beneficia de su dinero y con qué fines”. La tecnocracia y la opacidad del gobierno neocentralista de Bruselas siguen minando la confianza de la opinión pública y alimentando el creciente escepticismo, más que justificado, hacia las instituciones europeas y, en particular, hacia los políticos y burócratas a las órdenes de Ursula von der Leyen.