Así recibe Biden órdenes de Planned Parenthood

Quien paga, manda: esto también se aplica a la relación entre la administración Biden y los abortistas, incluso si se trata del asesinato de niños concebidos. Más de un hecho en los últimos días confirma que las multinacionales del aborto están haciendo caja y refuerza las sospechas de que la Administración estadounidense les está pagando. ¿Será por la financiación multimillonaria y los aplausos que recibieron durante la campaña electoral?

El caso es que la vicepresidenta Kamala Harris recibió el 16 de septiembre en la Casa Blanca a abortistas de Texas, Misisipi, Kentucky y Nuevo México. El motivo de la reunión fue la ley de Texas, en vigor desde el 1 de septiembre, que prohíbe los abortos desde el momento en el que el latido del bebé es audible (ver aquí). “No nos quedaremos quietos y permitiremos que nuestra nación vuelva a los días de los abortos ilegales (...). Utilizaremos todos los niveles de nuestra administración para defender el derecho al aborto seguro y legal, y para reforzar ese derecho”, dijo Harris en una declaración oficial el 2 de septiembre tras la decisión del Tribunal Supremo sobre la legislación que restringe el aborto en Texas.

Pues bien, el pasado jueves, uno de los abortistas recibidos en la Casa Blanca fue el director de Planned Parenthood en Texas, Bhavik Kumar, que al igual que otros de sus colegas llevó al mayor número posible de mujeres a abortar antes de las 23.59 horas del 31 de agosto de 2021, es decir, justo antes de la entrada en vigor de la Ley de los latidos. Según la revista Glamour, a las 7 de la tarde, Kumar todavía tenía entre 20 y 30 mujeres esperando para abortar y consiguió llegar a todas ellas. De cuatro abortos por hora, uno cada 15 minutos, a un récord de un aborto cada 10 minutos. Kumar también se jactó ante la revista Glamour de haber alcanzado el mayor récord de su carrera: 60 abortos en un solo día. Nada heroico, por supuesto, sino una obsesión por perseguir el beneficio sin tener en cuenta los peligros para la salud de las mujeres.

En una reunión con abortistas en la Casa Blanca el 16 de septiembre, de la que hicieron publicidad en Facebook y que fue transmitida por televisión, Harris prometió su apoyo total y el del presidente Biden para respetar el “derecho constitucional” al aborto y el “derecho innegociable de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo”. Por supuesto, no hay ningún derecho constitucional en el texto fundacional de los Estados Unidos que contemple el derecho al aborto. Pero entonces, el 16 de septiembre, el sitio web Federalist publicó la noticia de un nuevo documento “filtrado” por el Gobierno de Biden que muestra cómo también está violando el procedimiento normativo al aprobar un presupuesto estatal para apoyar a la industria del aborto. El Departamento de Salud y Servicios Humanos ha difundido un proyecto de reglamento (que incluso viola el Obamacare) para beneficiar con fondos públicos a Planned Parenthood y otras corporaciones abortistas

El documento filtrado en los últimos días, fechado el 10 de agosto de 2021 y de más de 300 páginas, fue enviado para su aprobación definitiva a la Oficina de Gestión y Presupuesto, que emitió un acuse de recibo el 19 de agosto, es decir, apenas 50 días después de que este cambio normativo se sometiera a la opinión pública. “En su prisa por finalizar las nuevas normas de financiación, el HHS (Departamento de Salud) y el secretario Xavier Becerra, un conocido partidario de los abortistas, se están burlando del procedimiento normativo. Sus esfuerzos por minimizar las aportaciones públicas y realizar una revisión superficial demuestran que el nuevo reglamento final ya está predeterminado”, dijo Rachel Morrison, analista de políticas del Ethics & Public Policy Center.

El cambio normativo impuesto por la administración Biden preocupa no sólo por el procedimiento, sino también porque prevé que tendrá un “efecto económico de más de 100 millones de dólares al año”. Dinero que irá a parar a Planned Parenthood y a otras industrias abortistas de Estados Unidos. Un retorno masivo de gratitud que el Gobierno de Biden destinará a las arcas de sus partidarios y donantes de campaña con el dinero de los impuestos de los ciudadanos. No es casualidad que la huella de Planned Parenthood quedara marcada el 16 de septiembre con una declaración oficial en la que se agradece al Comité Presupuestario del Congreso de los Estados Unidos la rapidez con la que avanza el debate y la aprobación de las inversiones en derechos sexuales y reproductivos. El 17 de septiembre, el mismo Departamento de Salud anunció nuevos planes de financiación para la industria del aborto en Texas y obligaciones para los médicos de las clínicas públicas y privadas. “Todos los estadounidenses, vivan donde vivan, tienen derecho a acceder a la atención sanitaria, incluido el acceso al aborto seguro y legal”, ha dicho el secretario del departamento, Xavier Becerra.

La nueva directiva prevé ayudas económicas a fondo perdido para las clínicas, recursos financieros para proteger el trabajo de los “trabajadores sanitarios” y mayores protecciones legales para las personas que participan en los procedimientos de aborto. Se trata de un claro conflicto de intereses que va en contra no sólo de la ética pública, sino también de la transparencia del procedimiento (Administrative Procedure Act, abreviado APA), que en Estados Unidos prevé un tiempo adecuado para la publicación de los textos legislativos y reglamentarios y la posterior incorporación de los comentarios públicos. Se han saltado todas las reglas y el control de Planned Parenthood y las demás industrias del aborto se está imponiendo en la Casa Blanca. Pecunia non olet y, se podría añadir, pacta sunt servanda, aunque sea el asesinato del concebido.