Acción parlamentaria en Francia para detener a los Hermanos Musulmanes

El 22 de enero de 2026 marca un posible punto de inflexión en la política de seguridad europea. Con la adopción de la resolución número 215, la Asamblea Nacional francesa ha obligado oficialmente al Gobierno de París a solicitar a la Unión Europea que incluya al movimiento de los Hermanos Musulmanes en la lista de organizaciones terroristas de la UE. No se trata de una mera declaración de intenciones, sino de una iniciativa basada en una sólida arquitectura jurídica que integra el derecho internacional (Resolución 1373 de la ONU), los fundamentos constitutivos de la Unión (Tratado de la UE y Carta de los Derechos Fundamentales) y la ley nacional de 24 de agosto de 2021 sobre el respeto de los principios de la República. El pilar técnico de esta propuesta es el informe gubernamental Frères musulmans et islamisme politique en France, presentado al Consejo de Defensa el 21 de mayo de 2025, que transforma los resultados de la intelligence en una acción parlamentaria sin precedentes.

En el texto aprobado, la Hermandad Musulmana se describe como una “red ideológica estructurada”, cuyo objetivo de establecer un “orden político basado en la sharia” es intrínsecamente “incompatible con los principios democráticos, la laicidad y el Estado de derecho”. La resolución destaca que la organización actúa en Europa mediante una estrategia de “entrismo” institucional, es decir, un mecanismo de penetración capilar y encubierta en escuelas, asociaciones y organismos locales. Aprovechando las lagunas de las libertades democráticas y valiéndose de “financiación extranjera”, el movimiento aspiraría a la “creación de contra-sociedades religiosas”. Un pasaje central afirma que los servicios de inteligencia franceses, alemanes y austriacos han constatado la presencia en Europa de “redes vinculadas a los Hermanos Musulmanes que trabajan por una islamización política progresiva”.

El documento subraya, además, la implicación de algunas ramificaciones de la Hermandad en el apoyo a entidades terroristas y en la difusión de retóricas que justifican la violencia contra las democracias occidentales. El precedente evocado es decisivo: Hamás, la rama palestina del movimiento, figura desde hace tiempo en la lista negra de la Unión Europea. De ahí surge el giro político francés según el cual ya no es posible distinguir entre el aparato ideológico que opera en el tejido social europeo y el brazo armado activo en los conflictos de Oriente Medio, considerándolos ahora segmentos inseparables de una única estrategia global.

En concreto, la resolución invita a la Comisión y al Consejo de la UE a iniciar una evaluación jurídica y fáctica de la red transnacional de la Hermandad en el continente, instando a un endurecimiento de los controles sobre la concesión de fondos europeos y, sobre todo, a presentar una propuesta formal para incluir a la mouvance y a sus dirigentes en la lista de organizaciones terroristas de la UE. Si llegara a adoptarse, esta medida supondría la congelación de activos, la prohibición de financiación y la obligación de cooperación judicial entre todos los Estados miembros, aplicando el mismo régimen restrictivo ya vigente para Al Qaeda y el Estado Islámico.

La medida de París se inscribe en una dinámica que ya ha iniciado a nivel global: Egipto, los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Rusia consideran desde hace años a la Hermandad Musulmana una organización terrorista. En Europa, Austria introdujo en 2019 una ley antiterrorista que prohíbe explícitamente los símbolos y actividades relacionados con el movimiento. El impulso más reciente ha venido de Estados Unidos, donde el 24 de noviembre de 2025 la administración estadounidense inició un procedimiento que culminó el 13 de enero de 2026 con la designación de las ramificaciones de la Hermandad en Líbano, Jordania y Egipto como Organizaciones Terroristas Extranjeras. Una decisión motivada por el apoyo a Hamás y Hezbolá y por la participación en actividades violentas tras los atentados del 7 de octubre de 2023, que provocó la inmediata exclusión de las estructuras designadas del sistema financiero estadounidense.

Otros países están supervisando la situación con atención. En 2025, Suecia ha creado una comisión de expertos encargada de cartografiar la infiltración de los movimientos islamistas en el tejido social y de imponer límites estrictos a la financiación extranjera dirigida a las comunidades religiosas. Paralelamente, Alemania ha endurecido su acción administrativa, intensificando los decretos de prohibición contra las organizaciones islamistas consideradas incompatibles con el orden constitucional. Pero hasta ahora ningún Estado había presentado una solicitud tan explícita a la Unión Europea, que tendría repercusiones en todos los países miembros. Por ejemplo, en algunos de ellos la Constitución garantiza una protección rigurosa de la libertad religiosa y de asociación, lo que hace jurídicamente complejo sancionar a un movimiento basándose únicamente en su ideología, en ausencia de delitos específicos probados. Sin embargo, la posible aceptación de la solicitud de París modificaría radicalmente el panorama, ya que los países estarían obligados a aplicar las medidas restrictivas en virtud de la primacía del derecho comunitario.

Si Bruselas decidiera aceptar esta solicitud, Europa podría entrar en una nueva fase de su sistema de seguridad interna, en la que la lucha contra las derivas teocráticas dejaría de ser una prerrogativa de los distintos Estados para convertirse en una prioridad estratégica común. Un paso fundamental hacia una verdadera defensa integral de los valores democráticos continentales.