¿Un ingreso universal? Las buenas intenciones no son suficientes

En los últimos días ha generado polémica la carta que el Papa Francisco ha enviado a los Movimientos Populares y que se hizo pública el día de Pascua. La carta expresa todo el afecto y la sintonía que el Papa siente por sus “queridos amigos” del Encuentro Mundial de Movimientos Populares (IMMP), que ya se han reunido tres veces en los últimos años, pero que este año - por las razones ya conocidas - no han logrado tener una audiencia papal. Son los “poetas sociales”, a menudo criticados por sus proyectos inspirados en las ideologías de la “nueva izquierda”. El motivo de la controversia, sin embargo, no radica en los interlocutores del Papa, sino precisamente en el contenido del mensaje, y más concretamente en una propuesta que el Papa ha lanzado. En ella menciona el concepto “salario universal”, una especie de renta de ciudadanía que pide para los “trabajadores precarios”:
“Ustedes, trabajadores informales, independientes o de la economía popular, no tienen un salario estable para resistir este momento... y las cuarentenas se les hacen insoportables. Tal vez sea tiempo de pensar en un salario universal que reconozca y dignifique las nobles e insustituibles tareas que realizan; capaz de garantizar y hacer realidad esa consigna tan humana y tan cristiana: ningún trabajador sin derechos”.

Evidentemente en este período de bloqueo económico el Papa está muy preocupado por las personas con trabajos precarios, como sucede con muchos trabajadores sociales de la IMMP. Aquellos que ya estaban ganando justo antes de la crisis de la pandemia ahora no ganan casi nada.

Como explica Nicola Iannello, estudioso de la economía: “El Papa se dirige a los que trabajan en la economía informal y que en este terrible momento están sufriendo particularmente los efectos económicos de la crisis causada por la pandemia”. Pero luego el propio Iannello comenta la propuesta: “Si el Papa tiene en mente una medida temporal y de emergencia, la economía puede soportar esta carga. Pero si se tratara de un ingreso permanente e incondicional, sería mejor evitarla, sobre todo en un momento de crisis mundial”.

¿Cuáles son las razones para cuestionar la validez de lo que los economistas sociales llaman “renta básica universal e incondicional” (RBUI)? En términos económicos, la respuesta más inmediata está en el sentido común: cuando no hay ingresos, tampoco hay gastos. No hay facturación, no hay pagos. Es una teoría económica básica de “in-out” que se basa en las disciplinas y verdades matemáticas más simples. Así que cuando casi no hay entradas económicas, las “salidas” sufren exactamente la misma suerte. 0+0=0. Se aplica tanto a las empresas como a los tesoros nacionales y ni siquiera el Papa puede cambiar estas leyes.

Sería absurdo proponer un aumento o un nuevo tipo de bienestar a los ciudadanos cuando el PIB nacional sufre, o incluso cae. En pocas semanas, el PIB de muchos países se ha reducido a la mitad, y justo al comienzo del segundo cuatrimestre de primavera, cuando tradicionalmente tantas empresas débiles se relanzan después de un duro invierno. Es cierto que se siguen pagando algunos sueldos, especialmente los sueldos de los funcionarios públicos, pero esto ciertamente no se aplica a todo el mundo y mucho menos a los trabajadores autónomos que no pueden prestar sus servicios. Por lo tanto, es sólo una cuestión de lógica: si se emiten menos nóminas y facturas, se pagan menos impuestos a las arcas del Estado para apoyar los diversos tipos de “seguridad social”.

Pero también hay una razón menos inmediata y más complicada por la que no es posible un ingreso universal. Empecemos con el “in”, el ingreso. Como dice el profesor Iannello, si una RBUI es una “medida temporal”, es decir, pagos durante unas pocas semanas, las arcas del Estado, incluso bajo una grave presión económica, probablemente podrían mantenerse. Pero no más allá.

Hagamos algunos ejemplos y cálculos para resaltar el problema con más detalle. Tomemos de ejemplo a Italia, que ya tiene una especie de RBUI (la “renta de ciudadanía” puesta en marcha en marzo de 2019): valor mínimo 780 euros y máximo 1330 euros. Pero el Gobierno tardó meses y meses en aplicar esta medida y luego puso tantos obstáculos burocráticos que parecía querer evitar los pagos a los trabajadores precarios que cumplían los requisitos. ¿Por qué? Precisamente por los escasos fondos del tesoro nacional, porque no se puede prometer lo que no está disponible. Según el ISTAT, el año pasado había 2.400.000 candidatos italianos que esperaban ser “adecuados” por su nivel de ingresos, además del 9,8% de la población actualmente desempleada (alrededor de diez millones de los sesenta millones de habitantes que tiene Italia) que probablemente está excluida de la prestación pública (por otros motivos que se indican a continuación).

Echando un vistazo al sitio web de Economía Italia que explica todos los requisitos para acceder a la renta de ciudadanía, notamos que el Gobierno ha puesto algo más más que unos obstáculos en el camino, con muchos “si” y otros tantos “pero”.  Por ejemplo, todos los “solteros” precarios pueden acceder a la renta de ciudadanía, “pero” no aquellos…:

- Con un ingreso anual total de más de 9.360 euros.

- Con un patrimonio inmobiliario de más de 30.000 euros.

- Con activos de valores (cuentas corrientes, tarjetas de crédito, libretas de ahorro y otros instrumentos financieros) que superen los 6.000 euros

Todo esto es lógico para eliminar a los candidatos que esconden un segundo trabajo bajo la mesa y/o tienen muchos ahorros guardados. Entonces, si no fuera suficiente, leamos los otros factores contingentes, los “si”. Todos cumplen los requisitos de nuevo, pero no “si”…:

- Si se posee un coche con una capacidad de motor de más de 1.600 cc.

- Si se posee un scooter de más de 250 cc.

- Si se es dueño de una embarcación de recreo.

- Si se está en la cárcel o cumpliendo condena.

- Si se está hospitalizado.

Después, sólo se cumplen los requisitos si además el candidato…:

- Se pone a disposición de su Ayuntamiento para trabajar al menos ocho horas a la semana de forma gratuita.

- Asiste a los cursos de capacitación organizados por el INPS (Entidad que se encarga de la gestión de los fondos de la Seguridad Social en Italia)

Sólo tienes que mentir sobre uno de los requisitos, según el sitio web, y llegas al último “si” que cae como una piedra en tu cabeza: “Si has hecho afirmaciones falsas para conseguir la RDC te arriesgas a cumplir de dos a seis años de prisión”.

Por tanto, si ya es imposible implementar una RDC para todos los trabajadores precarios de Italia, la octava economía del mundo y donde más se escucha la palabra del Pontífice, ¿qué sentido tiene soñar con una remuneración de este tipo peor durante la pandemia para los países que están aún? Aunque tenemos toda la buena intención de alimentar a los conciudadanos más pobres, aquellos que según el Papa se ven obligados a recoger “la migaja que cae de la mesa”, esos sentimientos sólo llenan nuestros corazones de solidaridad y compasión cristiana, pero no las arcas públicas. En cambio, son los mismos mercados que el Papa se queja de que “no llegan a las periferias” los que ya consiguen ofrecer ingresos básicos a los trabajadores cuando están bloqueados no sólo por los virus, sino por la corrupción, la delincuencia, los altos impuestos y todo tipo de contagio político-económico.