Suicidio asistido: unas monjas demandan al Estado de Nueva York

¿Se puede obligar a alguien a participar por ley en un acto contrario a sus creencias religiosas y al derecho natural? La respuesta, según la justicia, es evidentemente no, pero en la práctica es lo que el Estado de Nueva York está intentando hacer en relación con su ley sobre el suicidio asistido. Se trata de un texto firmado en febrero de 2026 por la gobernadora Kathy Hochul, del Partido Demócrata, y que entrará en vigor el próximo 5 de agosto. Salvo excepciones, la nueva ley obliga prácticamente a todo el mundo —incluidos los centros sanitarios gestionados por congregaciones religiosas— a participar de alguna forma en los procedimientos de suicidio asistido. Pero hay quienes no tienen intención de someterse a este dictado.

Por ello, el pasado 17 de julio, cuatro congregaciones de monjas y monseñor John Barres, obispo de la diócesis de Rockville Centre (sufragánea de la de Nueva York), representados por un equipo de abogados del Becket Fund for Religious Liberty, han interpuesto una demanda contra el Estado de Nueva York, que va a ser examinada por el tribunal de distrito competente. Monseñor Barres y las cuatro comunidades religiosas —las Hermanas Carmelitas para los ancianos y los enfermos, las Pequeñas Hermanas de los Pobres, las Hermanas Dominicas de Santa Rosa de Lima (o de Hawthorne) y las Hermanas Misioneras de San Benito— han explicado que, en virtud de su fe católica, no pueden participar de ningún modo en el suicidio asistido.

La reconstrucción histórica que los demandantes —al comienzo de las 109 páginas del recurso— presentan para fundamentar su imposibilidad de participar en un acto intrínsecamente maligno como el suicidio asistido reviste gran importancia. “Durante siglos, los católicos de Nueva York han puesto en práctica su fe cuidando a los enfermos con dignidad y respeto, a menudo independientemente de su capacidad de pago. Al menos desde 1849, cuando santa Isabel Ana Seton abrió el primer hospital católico de la ciudad para atender a los neoyorquinos en sus últimos momentos durante la epidemia de cólera que asoló la ciudad, dicha asistencia se ha prestado a través de instituciones explícitamente católicas guiadas por la fe religiosa al servicio del prójimo”.

Según se lee en el texto de la demanda, los demandantes “han puesto en práctica la enseñanza de ver en sus propios pacientes al mismo Jesús”, aplicando este principio: “Curar si es posible, y cuidar siempre”. La fe católica, explica además la demanda, lleva a las monjas a aceptar la muerte como el final natural de la vida, rechazando por tanto tanto el encarnizamiento terapéutico como el abandono terapéutico. En lugar de recompensar el compromiso de ayudar a los más necesitados, la demanda subraya que el Estado de Nueva York está poniendo a las monjas ante una encrucijada: “O renunciar a sus convicciones religiosas sobre la sacralidad de la vida, o enfrentarse a multas y sanciones cuantiosas”.

La ley que entrará en vigor el 5 de agosto de 2026 se titula –al  más puro estilo de la neolengua- Medical Aid in Dying Act (Ley de asistencia médica para morir), que a su vez se basa en los requisitos establecidos por otra ley del estado de Nueva York, la Palliative Care Information Act (Ley de Información sobre Cuidados Paliativos), en vigor desde 2011, que obliga a los médicos a proporcionar información no solo sobre los cuidados paliativos, sino también sobre las opciones de fin de vida disponibles para un paciente con un diagnóstico de enfermedad terminal. Un hecho que confirma cómo los defensores de la eutanasia —en EE. UU., al igual que en casi todo Occidente— están contaminando e infiltrándose de diversas formas en el propio ámbito de los cuidados paliativos y están construyendo, paso a paso, un ordenamiento jurídico que no solo se “limita” a permitir la muerte provocada, sino que obliga incluso a participar en ella. Por lo demás, el guion es muy similar al del aborto, con la objeción de conciencia constantemente bajo ataque.

En el caso concreto del estado de Nueva York, los demandantes denuncian que la aplicación conjunta de las dos leyes antes mencionadas puede obligarles, bajo pena de sanciones civiles o penales, a una serie de situaciones contrarias a su conciencia, como por ejemplo: proporcionar a los pacientes información y asesoramiento sobre el suicidio asistido; permitir que sus empleados participen en la evaluación de la idoneidad de un paciente para recibir sustancias letales; derivar a los pacientes a profesionales sanitarios y centros dispuestos a ayudarles a suicidarse; no poder emprender acciones disciplinarias contra aquellos empleados que, infringiendo los principios fundamentales de la institución religiosa, proporcionaran información de este tipo. Y eso no es todo, porque hay excepciones que no se aplican, entre los demandantes, a las Hermanas Misioneras de San Benito y a la Residencia de Ancianos San José, que, en virtud de la Maid Act, deberían permitir a sus residentes suicidarse dentro de sus instalaciones. Otra posible consecuencia que también varía en función de las excepciones vinculadas a su respectiva situación jurídica es la de verse obligados a falsear los certificados de defunción, es decir, a indicar que la muerte se produjo por la enfermedad y no por la sustancia letal ingerida por el paciente.

La demanda subraya que la nueva ley viola en cinco aspectos la Primera Enmienda de la Constitución, en particular el libre ejercicio de la religión y la libertad de expresión.

En definitiva, se dan las condiciones para una larga batalla judicial, en la línea de las que han caracterizado este primer tramo del siglo XXI en Estados Unidos, en la que tanto fieles a título individual como congregaciones enteras han tenido que resistir (y siguen haciéndolo) a normas como el “mandato anticonceptivo” aprobado bajo el mandato de Obama o los diversos “derechos” LGBT. Sin duda, los demandantes no tienen ninguna intención de rendirse. “Nunca nos someteremos a la cultura de la muerte de Nueva York”, ha asegurado monseñor Barres, al calificar el suicidio asistido de “grave fracaso moral” y añadir: “Cristo, el Médico Divino, nos llama a acompañar a los enfermos y a los moribundos con compasión, no a abandonarlos a la muerte. El tribunal debería proteger esta misión milenaria”. Palabras claras que también necesitamos aquí.