"Querido Papa, ayuda a Nicaragua. Ortega oprime al pueblo y a la Iglesia"

“¡Son sembradores de cizaña!”. Así denominó el presidente Daniel Ortega a sus críticos -entre ellos los obispos- el pasado miércoles 09 de septiembre, durante su discurso del acto de celebración del 41 aniversario de la fundación de la Policía Nacional, en la Plaza de la Revolución de Managua. “Donde estamos sembrando paz, vienen los sembradores de cizaña, y ahí es donde diríamos, repetiríamos todos los nicaragüenses: «Señor, haznos un instrumento de paz»”.

Mientras que la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía (DOEP), hacía irrupción ilegalmente en la finca “La Premio”. 18 policías vestidos de negro secuestraron al propietario Pablo Emilio Téllez (48 años). Un anticomunista, ex combatiente de la Resistencia Nicaragüense, organización conocida como “la Contra”. Téllez fue llevado a la fuerza por los hombres de Ortega, junto a su hijo y otros dos jóvenes presentes.

El hecho fue denunciado por el abogado Álvaro Leiva, secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos (Anpdh), a través de un video difundido en Facebook. “La ANPDH exige la libertad inmediata de estos cuatro ciudadanos nicaragüenses”, señaló. La organización ha registrado 728 fallecidos, 842 desaparecidos, 514 presos políticos y 5.109 heridos, como consecuencia de la violencia en manos del régimen de Daniel Ortega, a quien no le ha temblado el pulso contra la Iglesia católica.

Ante esta situación, Álvaro Leiva envió una carta al Papa Francisco, clamando ayuda en defensa de la Iglesia y del pueblo nicaragüense. La Brújula Cotidiana tuvo acceso exclusivo al texto entregado el pasado 01 de septiembre y aún sin respuesta. A continuación, la carta integral (M.T.).

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San José, Republica de Costa Rica, 01 de septiembre de 2020

Su Santidad:

Reciba un respetuoso saludo desde San José, Costa Rica. Mi nombre es Alvaro Leiva Sánchez, abogado nicaraguense; defensor de los derechos humanos; secretario de la Asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos (ANPDH)-Nicaragua; presidente de la Asociación Nicaragüense Para la Defensa de los Derechos Humanos (ANPDDH)-Costa Rica, con sede en San José, Costa Rica, y con cédula jurídica 3-002-779173 y Delegado Misión para Centroamérica y los Estados Unidos de América de la Canadian Human Rights lnternational Organization (CHRIO). Actualmente resido en San José, Costa Rica, en condición de asilado politico.

Nuestra asociación nace por mandato del Congreso norteamericano, en el contexto de la guerra de la década de los años 80 en Nicaragua (Administracion Reagan). Somos un organismo de derechos humanos nicaragüense, en el exilio desde agosto de 2018 en Costa Rica, legalmente registrado y reconocido por el gobierno de la República de Costa Rica, con cédula jurídica número 3-002-779173, para trabajar en las consecuencias de la crisis de violaciones a los derechos humanos en Nicaragua.

Me permito rogarle dirigir su mirada a la grave situación de crisis de violaciones a los derechos humanos que vive mi pueblo, bajo el régimen político dictatorial encabezado por Daniel Ortega Saavedra y Rosario Murillo Zambrana, quienes de manera inconstitucional e ilegítima se encuentran al frente del Estado de Nicaragua.

Una de las situaciones más recientes ha sido la ocurrida el pasado 31 de julio en contra de la sagrada imagen de la Sangre de Cristo, de la catedral de Managua, calificada por la Conferencia Episcopal de Nicaragua (comunicado 01.08.2020) como un “acto violento y extremista, propio de un acto terrorista, premeditado y planificado para ofender gravemente nuestra fe en Jesucristo Redentor y la propia historia e identidad nicaragüense. A este hecho se suman otras profanaciones y sacrilegios, cometidos en las últimas semanas, en una serie de situaciones que pensamos, no son aisladas”.

Santo Padre, como usted seguramente tiene información de sobra sobre este tema, las agresiones en contra de la iglesia católica de Nicaragua no son nuevas y tienen graves antecedentes que se remontan a los años 80's, e incluyen violencia física en contra de sacerdotes y laicos, hostigamiento a las actividades litúrgicas, difamación, encarcelamientos y destierro, como es el caso de Mons. Pablo Antonio Vega (q.e.p.d.).

En Nicaragua se ha dado una ruptura del orden constitucional y del orden democrático, que ha generado un Estado fallido en el ejercicio del poder político, puesto que ya no puede asegurar, como Estado, la tutela efectiva de los derechos humanos de los nicaragüenses; en consecuencia, se ha creado un vado de poder político y de gobernabilidad en Nicaragua.

El régimen sigue careciendo completamente de voluntad política para respetar plenamente los derechos humanos de los nicaragüenses, sin excepción. Toda Nicaragua permanece militarizada, con presencia significativa de fuerzas policiales y paramilitares que impiden la libre expresión, libertad de reunión, libre organización y libre movilización, como un derecho humano universal, el cual esta reprimido por la intimidación, persecución, amenazas, secuestros, arrestos y ejecuciones extrajudiciales.

No existe la posibilidad de apertura democrática inmediata y la devolución de los patrimonios confiscados, junto a la reparación económica por los daños ocasionados a todos los medios de comunicación cerrados y censurados, a fin de garantizar el pleno derecho del pueblo a ser informado objetivamente como un derecho constitucional y un derecho humano; no existen condiciones por la centralización de todos los poderes del Estado de Nicaragua, entre ellos el Poder Electoral, para que se dé a corto y mediano plazo un proceso electoral objetivo y trasparente, que garantice plenamente a los nicaragüenses elegir libremente a sus gobernantes; sigue la intimidación y el asedio de fieles y líderes religiosos, y la violenta focalización en iglesias católicas.

El presidente Daniel Ortega ha exacerbado las tensiones al acusar a la Iglesia de “golpista”, "terrorista”, y “pedófila”, y al acusar a los sacerdotes de acumular armas en sus iglesias, en nombre de los participantes en protestas. Muchos líderes religiosos en el país afirman que el gobierno está politizando la religión durante una crisis política. El gobierno ha usado el lenguaje religioso y ha tratado de infiltrarse en parroquias según informe de United States Commission on lnternatlonal Religious Freedom (USCIRF, por sus siglas en inglés).

A lo anteriormente referido se suma el dolo o la mala intención con que el régimen Ortega-Murillo abordó la emergencia de la Pandemia del COVID-19 o Coronavirus, donde todos sus actos y declaraciones de sus funcionarios apuntaron a la promoción y contagio masivo de la población indefensa, lo cual constituye un acto más de genocidio viral ya que en Nicaragua existe contaminación comunitaria. La situación alarmante de desprotección del pueblo de Nicaragua, frente a esta emergencia, que lo ha llevado a un grado de mortalidad de proporciones incalculables y la falta de un plan nacional de atención a esta emergencia humanitaria. Esta grave situación de negligencia incluye a más de 100 prisioneros políticos, cuya vida peligra por falta de atención médica oportuna, tortura, hacinamiento y la pésima alimentación que reciben.

Miles de nicaragüenses que huyeron de Nicaragua a raíz de la represión desatada tras las protestas de abril de 2018, se ven hoy obligados a regresar a su tierra natal, a pesar del grave peligro que les acecha, porque sus posibilidades laborales se cerraron en otros países de Centroamérica a consecuencia de la pandemia y no tienen cómo pagar el alquiler de sus viviendas ni el alimento para sustentarse ellos mismos y sus familias. A pesar de tan dramática situación, el régimen Ortega-Murillo les pone trabas y condicionamientos para dejarlos ingresar a su propio país, violando así nuestra Constitución Política y los más elementales derechos humanos consignados en convenios y tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado de Nicaragua.

Por todas esas razones y muchas más, que harían de esta carta un documento extensísimo, consideramos que, mientras el régimen Ortega-Murillo y todas sus estructuras represivas de los derechos humanos de los nicaragüenses se mantenga en el Poder, es inviable la realización de cualquier proceso electoral completamente libre, transparente y democrático.

Estimado y apreciado Santo Padre, he tratado de exponer en estas líneas una descripción resumida de la situación que vive nuestra Santa Madre Iglesia, nuestros dignos pastores y esta grey que sufre, especialmente en sus hijos más jóvenes, la muerte, la cárcel, la persecución y el exilio.

Con todo el respeto que Su Santidad merece, concluyo mi epístola con el corazón contrito, rogándole la gracia de una audiencia, aunque sea de unos cuantos minutos, para el día martes 24 de noviembre, en horas para usted conveniente, para recibir su bendición y quizás poder puntualizar algunas de los aspectos abordados en la presente comunicación. Pero, además, y, sobre todo, sentir a través de su presencia la fuerza renovadora del Evangelio de Cristo, para renovar mis fuerzas, para llenar nuevamente de fe este corazón que a veces se siente vacío por la desesperanza y la tristeza, ante tanto dolor, injusticia e impunidad que, como pesada cruz agobia a mis hermanos nicaragüenses.

Agradezco de antemano a Su Santidad el tiempo dispensado a mi carta y me despido respetuosamente, asegurando al Santo Padre mis mejores deseos corno cabeza y guía de nuestra Santa Madre Iglesia.

Cordialmente,

Dr. Alvaro Leiva Sánchez