Prohibición de las redes sociales a los menores de 16 años: ventajas y riesgos

Australia ha dado recientemente un valiente paso al prohibir las redes sociales a los menores de 16 años, una medida que ha suscitado un intenso debate. Y es que la nueva ley obliga a las plataformas (aún no bien definidas, en realidad) a impedir el acceso a los jóvenes, so pena de multas de hasta 32 millones de dólares. Esta medida tiene su origen en la creciente alarma por el impacto de las redes sociales en la salud mental, apoyada por estudios y testimonios que vinculan el uso de las redes sociales con el acoso y las autolesiones, de los que ya hemos informado en las páginas de la Nuova Bussola Quotidiana.

Según el Primer Ministro Anthony Albanese, líder del Partido Laborista australiano, la ley representa un baluarte contra las consecuencias nocivas de la tecnología en los jóvenes. Sin embargo, la aplicación práctica de la legislación presenta muchas dudas: aún no está claro cómo se verificará la edad de los usuarios sin utilizar documentos de identidad, una medida que plantea problemas de privacidad. Además, plataformas como YouTube o WhatsApp podrían quedar excluidas de la medida, a pesar de su popularidad entre los más jóvenes.

A pesar de las “zonas grises”, la ley ha conseguido un amplio apoyo entre el público: el 77% de los australianos se han mostrado a favor según una encuesta reciente. Sin embargo, no faltan las críticas. Algunos grupos de derechos humanos temen que la prohibición pueda aislar a los jóvenes vulnerables porque les privaría de redes de apoyo cruciales; otros han expresado su preocupación por un posible aumento de la vigilancia digital.

Aparte de Australia, también hay otros países también han puesto en marcha leyes más restrictivas para limitar el acceso de los menores de edad a las redes sociales. En Francia se ha aprobado una ley que obliga a las plataformas sociales a verificar la edad de los usuarios y exigir el consentimiento paterno para los menores de 15 años. Las empresas que no cumplan estas normas se arriesgan a multas de hasta el 1% de su facturación global. La ley también permite a los padres cancelar las cuentas de los menores de 15 años y exige herramientas para limitar el tiempo que pasan en línea los jóvenes.

En Estados Unidos, el tema es controvertido. Por ejemplo, Utah ha introducido leyes que imponen límites al uso social de los menores, como toques de queda nocturnos y consentimiento paterno para registrarse. En Texas y Arkansas se han aprobado leyes similares. Florida propuso una prohibición similar para los menores de 14 años, pero la medida se vio obstaculizada por problemas de libertad de expresión.

Por otro lado, China destaca por su estricto planteamiento. El uso de redes sociales como Douyin (versión local de TikTok) está limitado a 40 minutos al día para los usuarios menores de 14 años. Además, el gobierno impone estrictos controles de acceso y contenidos, con un sistema que también exige identificación personal para acceder a las plataformas.

El principal problema, sin embargo, está relacionado con la verificabilidad de la edad de los usuarios en las redes sociales: uno de los principales retos a la hora de aplicar normativas restrictivas. En la actualidad, las soluciones varían en función de su eficacia y del grado de invasividad, y varios países están experimentando con tecnologías innovadoras para abordar este problema. Por ejemplo, el Reino Unido ha explorado el uso de servicios de verificación de terceros que comprueban la edad utilizando herramientas biométricas o bases de datos existentes, como registros electorales o bancarios. Estos métodos ofrecen un compromiso entre seguridad y privacidad, pero aún están en fase de implantación.

Las propias plataformas también se están moviendo en la dirección señalada por varios gobiernos. Al parecer, Instagram está experimentando con soluciones biométricas como el reconocimiento facial para estimar la edad de los usuarios. Estos métodos, aunque prometedores, suscitan preocupación por la recogida y gestión de datos sensibles.

Desde el punto de vista educativo, la medida australiana se alinea con las propuestas de expertos como Alberto Pellai y Daniele Novara, que sugieren limitar el acceso a los smartphones a los menores de 14 años. Su postura se basa en el riesgo de adicción que pueden inducir los juegos sociales y los videojuegos, perjudicando el desarrollo cognitivo y emocional.

En el fondo la medida australiana plantea una cuestión fundamental: ¿es posible proteger a los jóvenes sin restringir su libertad? Aunque la intención parece loable, el riesgo de crear una generación de “nativos digitales clandestinos” dispuestos a saltarse todos los controles es real. El futuro dirá si esta vía marcará una nueva pauta mundial o será un experimento destinado al fracaso.