Pretextos para atacar la fe católica durante la pandemia

Una nueva forma de atacar la libertad religiosa y de culto ha hecho su aparición en 2020. Se llama “salvaguardar la salud pública” y se ha convertido en una escabechina para limitar, o incluso acabar con las Misas. En Europa y en todo el mundo, especialmente en Estados Unidos, Canadá y América Latina, hemos visto varios casos. La Brújula Cotidiana ha informado detalladamente de numerosos episodios de violación de la libertad de los fieles tras las restricciones derivadas del bloqueo decretado por el gobierno de Conte en Italia.

El caso del padre Lino Viola, por ejemplo, con la incursión de la Policía durante la consagración, fue un caso “ejemplar” de la violencia del Estado contra la fe. Y sin embargo, a pesar de que se han denunciado muchos casos, en Italia todo se ha resuelto casi siempre con denuncias públicas en los periódicos.

En España, en cambio, existe desde hace tiempo un Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia que anualmente vigila el termómetro del respeto a la religión en la península ibérica y publica un informe en el que da cuenta de lo ocurrido durante el año anterior.

Pues bien, el informe publicado en los últimos días por el Observatorio y referido a 2020, año del estallido de la pandemia y de la implantación de los confinamientos nos presenta una nueva y preocupante situación en el frente de la libertad religiosa.

En 2020 hubo un total de 240 nuevos casos de ataques a la fe, de los cuales 174 fueron contra cristianos (casi todos católicos), 12 contra musulmanes, 6 contra judíos y los 48 restantes contra otras confesiones religiosas. Se produjeron 45 “incidentes” a causa de la pandemia, casi todos ellos contra católicos (19% del total).

La mayoría de estos “incidentes” han tenido que ver con misas interrumpidas o prohibidas o con parodias de procesiones por parte de grupos de laicos irregulares que se burlaban de la fe cristiana, muy comprometida durante los confinamientos.

“Asistimos a una nueva forma de atacar la fe”, explica a la Brújula María García (en la imagen), presidenta del OLRC, “que también denunciamos durante el transcurso del estado de encierro y que ahora hemos incluido en el informe”. En aquellos días de 2020, vimos muchas iniciativas de restricciones. Empezando por el hecho de que las iglesias en España estaban restringidas al público por los obispos, ya que el estado de alarma no prohibía las misas, pero los controles en las iglesias que también llevaban a la interrupción de las celebraciones eran realizados por la Policía. Todo ello desafiando las leyes constitucionales".

García señala sin pudor al Ministerio del Interior, del que depende la Policía, y a algunas comunidades autónomas, como Castilla y León, gobernada por el PP y donde también se detuvieron misas en catedrales con apenas 20 fieles, como la del 22 de marzo de 2020 en Valladolid.

El catálogo de episodios recogidos por el Observatorio es realmente variado: va desde la misa suspendida en Cádiz el 1 de abril, hasta la bloqueada en Sevilla el 6 de abril con motivo del Domingo de Ramos, donde una comunidad religiosa celebraba en la terraza del convento. Cuando la Policía llegó sólo había ocho personas. No se aceptó la justificación de la comunidad religiosa, que explicó que habían organizado la misa al aire libre a propósito, conviviendo sólo los misioneros residentes.

En Valencia fue peor: el 12 de abril la Policía evacuó a 9 miembros de la parroquia de San Isidoro que se encontraban en la iglesia para confesarse (era domingo de Pascua), rezar el Rosario y participar en la Adoración. Una vez dentro, los agentes les ordenaron que se fueran. Uno de los fieles pidió al menos que se le permitiera terminar de recitar las letanías y colocar el Santísimo Sacramento en el Sagrario. Se le concedió, qué amabilidad…

Miguel Ángel Nieto, párroco de San Juan Pablo II en San Fernando de Henares (Madrid), contó en las redes sociales que le obligaron a suspender la misa tras la liturgia de la Palabra. Sólo había cinco fieles presentes. En Granada, con el obispo delante, han precintado el edificio.

Las prohibiciones no sólo han afectado a las misas. En Alicante, el 17 de abril, el gobierno local prohibió una procesión para la bendición de la ciudad para protegerse de la pandemia con la Santa Faz, la principal devoción de la ciudad desde el siglo XV. Se trata de un relicario con una imagen de Cristo que protegió a la ciudad de numerosas plagas: la peste negra de 1648 y el cólera en 1804, 1854, 1865, 1870 y 1885.

La confirmación del hecho de que el Gobierno de Sánchez, dirigido por fuerzas fuertemente laicistas y anticatólicas (PSOE, Podemos e Izquierda Unida) ha prohibido las actividades religiosas, viene dada por la ley del 9 de mayo de 2020, que prohibió todos los actos religiosos al aire libre aunque se celebraran en el cabildo de la iglesia o en las principales calles de la ciudad. Con una recomendación que huele a injerencia: las homilías deben ser exprés.

En un país como España donde las procesiones religiosas están aún más arraigadas que en Italia, una ley así se consideró como una afrenta dado que el aprecio por los viae crucis y por las procesiones con la estatua de la Virgen es grande incluso entre los fieles que no suelen acudir habitualmente a misa. De hecho, el Observatorio también grabó varias procesiones “burlescas” en las que se hicieron parodias blasfemas de la Semana Santa en Sevilla, el 26 de marzo de 2020, y en Mérida, el 11 de abril. Los autores fueron denunciados por la Policía, pero no por la parodia sacrílega, sino por violar las medidas de restricción.

Con este informe, el Observatorio hace una verdadera denuncia porque deja constancia de que el estado de alarma que quiso el Gobierno comunista de Sánchez-Iglesias ha creado una herida en el cuerpo eclesial, ya que todas las restricciones a la libertad de culto son un vulnus causado fundamentalmente a los católicos. Y además ha sentado las bases para futuras denuncias si se vuelven a imponer restricciones similares.

¿Y en Italia? En Italia, las iglesias siguen siendo rehenes de las medidas restrictivas establecidas en mayo de 2020 y que tienen toda la intención de seguir siendo permanentes. También allí se han producido violaciones inaceptables que deberían denunciarse.

Sin embargo, en Italia todo va en la misma dirección. Ayer mismo, unos matones fueron detenidos por la policía en Pescara porque entraron en una iglesia durante la misa y molestaron a los fieles reunidos en oración, autodenominándose “no-vax” (antivacunas) y acabando en una pelea en el cabildo de la iglesia con la Policía. Fueron denunciados con razón a las autoridades por diversos delitos, entre ellos “perturbación de los servicios religiosos”. Es una pena que ninguno de los miembros de la Policía que interrumpieron ilegalmente los servicios en 2020 (en Cremona, Cerveteri, Rocca Imperiale etc...) hayan sido denunciados por el mismo delito.