Polonia defiende las fronteras de Europa y la UE la mata de hambre

Europa está aprovechando la crisis en las fronteras europeas y ha decidido matar de hambre a Varsovia, como ya hizo el siglo pasado cuando nazis y comunistas decidieron invadirla. Ayer volvió a suceder de nuevo. Y es que el contexto de esta última semana ha cambiado: la amenaza de una irrupción en las fronteras europeas de “hordas” de pobres migrantes traficados como carne de cañón desde Afganistán, Siria, Pakistán e Irak está a la vista.

Ante las demandas de ayuda europea, la construcción de “barreras físicas” en la frontera, el creciente número de soldados polacos heridos y las sanciones contra Bielorrusia por parte de Polonia y los países bálticos, Europa ha decidido responder devolviendo el golpe a los países del Este y amenazando con cortar el suministro de alimentos a los polacos. Vergüenza es una palabra demasiado educada para describir el sentimiento de decepción que provocan las decisiones de Bruselas.

Ayer por la mañana en la página web de Euractiv destacaba una noticia inimaginable: los jefes de grupo de los partidos mayoritarios en el Parlamento Europeo (populares, socialistas, liberales, izquierdistas y verdes) habían enviado una carta urgente a la Comisión Europea con la petición de bloquear los fondos del Plan de Recuperación para Polonia (23.000 millones de euros en subvenciones y 34.000 millones en préstamos a bajo interés). Decía así: “Un gobierno que niega la primacía del derecho de la UE y viola los principios del Estado de Derecho no puede ser considerado digno de cumplir sus compromisos y obligaciones en virtud de… los planes nacionales de recuperación y resiliencia... Nuestra petición no debe ser vista como un castigo contra el pueblo polaco, sino como un medio para apoyar la restauración del Estado de Derecho en Polonia”.

¿Está claro? Matemos de hambre a los polacos por su propio bien hasta que cambien de gobierno. Unas horas más tarde, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) dictó una nueva sentencia sobre la “ilegalidad” de las reformas del sistema judicial polaco, esta vez machacando aspectos del traslado de jueces de un tribunal a otro que, según los jueces, podría tener una motivación política, ya que el Ministro de Justicia es también el Fiscal General que decide los traslados (Sentencia en los asuntos acumulados C-748/19 a C-754/19 Procesos penales contra WB y otros).

Obviamente, las sentencias del Tribunal Europeo, así como las demandas sin precedentes de los eurodiputados en las últimas semanas contra Polonia siguen de la mano de las “sugerencias” realizadas en voz baja por los “think tanks” ultraliberales financiados a su vez por los filántropos de siempre, Soros a la cabeza. El objetivo está muy claro: en Polonia no hay “estado de derecho”, todos los jueces de cualquier tribunal (incluido el Tribunal Constitucional) son ilegítimos, los gobernantes elegidos deben marcharse si quieren el bien del pueblo al que nosotros, las instituciones europeas, reclamamos el derecho a representar en exclusiva.

No se puede pasar tampoco por alto la decisión tomada hace pocos días por el propio Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, que “repentinamente” demostró que los argumentos de Hungría que la Comisión había impugnado eran erróneos (Sentencia en el caso C-821/19 Comisión contra Hungría sobre la criminalización del apoyo a los solicitantes de asilo). La ley “StopSoros” de 2018, que criminaliza a las ONG que apoyan el tráfico de personas que buscan “asilo” en la frontera húngara, viola las normas europeas y debe ser eliminada o modificada radicalmente.

La respuesta del gobierno húngaro no se ha hecho esperar: “Seguiremos ayudando a los inmigrantes en sus países de origen, hay que detener la migración a Europa y el futuro de Europa debe basarse en las familias. Nos reservamos el derecho a tomar medidas contra las actividades de las ONG financiadas con fondos extranjeros, incluidas las financiadas por George Soros, que pretenden ganar influencia e injerencia política o incluso promover la migración”.

Es de esperar una escalada de la guerra de la Comisión Europea contra Hungría que, no por casualidad, ya ha anunciado el Comisario de Justicia y Estado de Derecho Didier Reynders, que se reunió en Budapest el pasado fin de semana. Reynders ha afirmado que “no ha habido ninguna mejora en el ‘Estado de Derecho’ del país, el sistema judicial está comprometido, la libertad de los medios de comunicación está restringida y las personas LGBTI sufren una grave discriminación en el país”.

Ni Polonia ni Hungría han recibido hasta ahora luz verde de la Comisión y el Consejo para aprobar su Plan de Recuperación. La situación polaca es mucho más grave, dadas las circunstancias que vive el país, atacado frontalmente en una “guerra híbrida” promovida por Bielorrusia (y tolerada por Moscú) contra las sanciones que Europa había decidido, tras la represión postelectoral del gobierno de Minsk en septiembre del año pasado. Todo el mundo tiene claro que la guerra de Lukashenko contra los inmigrantes es contra Europa, pero Europa, que ayer mismo tomó nuevas medidas contra Bielorrusia, decide “matar de hambre” a Varsovia (y se prepara para cortar los puentes detrás de Budapest).

De hecho, las decisiones tomadas en Bruselas sitúan a Bielorrusia y Polonia, al tirano Lukashenko y al elegido Morawiecki, al mismo nivel (sanciones económicas y bloqueo de los fondos de recuperación). Ni siquiera las conversaciones de Merkel y Macron con Lukashenko y Putin han despertado el sentido de la responsabilidad en las cumbres europeas. Sólo los países del Grupo de Visegrado en Europa han respondido a la petición de ayuda y apoyo de Polonia y los Estados bálticos para construir muros fronterizos contra los traficantes de hombres y mujeres.