No es peronismo, el gobierno Fernandez se revela socialista

El martes 10 de diciembre asumió como presidente argentino el doctor Alberto Ángel Fernández, después de derrotar en las urnas al ingeniero Mauricio Macri, quien pretendía ser reelegido, a pesar del fracaso global de su gestión, una de las peores, si no la peor, de toda la historia argentina. Un (des)gobierno que sólo benefició a sus propias empresas familiares, a las energéticas, a las petroleras, a las mineras y a la especulación financiera en su conjunto, mientras la mayor parte del pueblo argentino vio reducir drásticamente su nivel y su calidad de vida, perjudicados principalmente los sectores más vulnerables como la niñez y los jubilados y pensionados de todo el país. No hubo un solo índice económico ni social que el gobierno macrista haya mejorado a lo largo de su gestión, todo lo contrario, todos empeoraron.

En este sentido, el triunfo electoral del doctor Alberto Fernández y de su compañera de fórmula, la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner, significó inicialmente una bocanada de aire fresco y abrió un horizonte de esperanza en la mayor parte de la población, a pesar de los antecedentes políticos y judiciales que, sobre todo, perturban a la ahora vicepresidente de la Nación.

Es importante señalar que el frente electoral conformado para las elecciones se llamó Frente de Todos, una coalición política que incluyó al Partido Justicialista y otros 18 partidos políticos, algunos de difusa identidad peronista y muchos de ellos con concepciones y visiones que bien se pueden englobar en el progresismo social-demócrata, que es el que le da identidad y fisonomía doctrinal al Frente electoral mencionado, en desmedro de la concepción doctrinal justicialista, siempre definida como humanista y cristiana.

En otras palabras: no estamos en presencia de un gobierno peronista o justicialista, sino en presencia de un gobierno progresista social-demócrata, con muy escasa y minoritaria presencia peronista en su conformación. Y no sólo en su conformación, sino también en sus ejemplos inspiradores. En su discurso inicial al asumir como presidente, Alberto Fernández rescató las personalidades de Arturo Frondizi, Juan Bautista Alberdi, Domingo Faustino Sarmiento, Cristina Fernández de Kirchner, Esteban Righi, Néstor Kirchner y Raúl Ricardo Alfonsín (el primer presidente post-dictadura en 1983, de origen y extracción radical), a quien rindió homenaje al comienzo de su discurso y a quien terminó citando al final rememorando una consigna suya (“con la democracia se come, se cura y se educa”). Pero Juan Domingo Perón brilló por su ausencia.

Y lo que asegura y fortalece el perfil social-demócrata del nuevo gobierno argentino es la influencia y control que tiene el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en ministerios sensibles como son Educación, Justicia, Salud y Seguridad. El CELS es una organización “no-gubernamental” presidida por Horacio Verbitsky, colaborador de la dictadura militar del general Onganía (1966-1969), guerrillero montonero (desde 1970 a 1976) y colaborador de la dictadura militar conocida como “Proceso de Reorganización Nacional” (1976-1983) y actualmente presidente de la mencionada ONG, subvencionada y subsidiada, entre otros, por la Embajada Británica en Buenos Aires, el Foreign Office, la Fundación Ford, la Federación Internacional de Paternidad Planificada (IPPF), la Open Society Foundations (George Soros), etc. Como se ve, un camino sinuoso y en el fondo inexplicable del presidente de esta organización, actual pregonero de la democracia y de los derechos humanos.

Y como todo gobierno progresista y social-demócrata, no le puede faltar la presencia de la perla de la pena de muerte para los niños por nacer, es decir, el aborto libre e irrestricto como derecho de la mujer, ya no un crimen contra los seres más inocentes e indefensos de todos los seres humanos.

Ya confirmado como candidato presidencial en agosto, Alberto Fernández se declaró partidario de la “despenalización y de la legalización del aborto”, con la salvedad que no era un tema prioritario en su agenda, en caso de alcanzar la presidencia. Pero al haberse consagrado en octubre como presidente, Fernández declaró públicamente a mediados de noviembre que la legalización del aborto era una de las primeras medidas que iba a impulsar e implementar. Esta “aceleración abortista” le valió al presidente electo la reprimenda pública del arzobispo de La Plata, monseñor Víctor Fernández, el alter-ego de Francisco, quien le reprochó no tanto el tema de la legalización en sí, sino el cambio de ritmo del planteo que provocaría divisiones y disensiones en momentos en que los argentinos necesitan como nunca unir fuerzas para afrontar la dificilísima situación económica y social que padece la mayoría del pueblo argentino.

Otro político oficialista, Eduardo Valdés, ex embajador argentino en el Vaticano durante la presidencia de Cristina Kirchner y frecuentador de Santa Marta, cometió la torpeza de afirmar que el aborto en Argentina va a ser ley, que Francisco no va a estar de acuerdo pero no se va a oponer a ello, porque “sabe que el mundo marcha en esa dirección”. En este caso, Valdés pareció opinar por su cuenta, aunque existe la firme sospecha que se trata del “Eugenio Scalfaro” argentino, ya que dice cosas en nombre de Francisco que éste mismo no puede afirmar por sí mismo. Alimenta esta sospecha la reacción del presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Vicente Ojea, quien en un comunicado sostuvo que “el único que puede hablar en nombre del Papa es el mismo Papa”, desautorizando suavemente las expresiones del ex embajador argentina ante la Santa Sede, confeso católico pero pro-abortista.

Pero la legalización de la pena de muerte prenatal, eufemísticamente llamada aborto, se ha constituido en una de las primeras prioridades del gobierno que preside Alberto Fernández, quien en su discurso inaugural ni mencionó el tema, haciendo expresa mención a la necesidad de cerrar las grietas que dividen a los argentinos.  

Pero es el doctor Ginés González García, designado ministro de Salud de la Nación, gran amigo del presidente, quien ya antes de asumir ha declarado no sólo que para impulsar la legalización del aborto no tiene que pedirle permiso a nadie, ni siquiera al presidente, sino que además lo hará lo más rápido posible.

Esta “autonomía operativa” del neo ministro de Salud se explica por los vínculos que tiene este émulo de Herodes en Argentina con la Federación Internacional de Paternidad Planificada y con la Fundación Ford, lo cual le permite actuar independientemente de quien se supone es su jefe político pero que en realidad se muestra como un pasivo “avalador” de su ministro.

En momentos en que más necesita el gobierno recién asumido la unidad y colaboración del pueblo, para resolver los desquicios del gobierno anterior en materia económica y social, el doctor Fernández y su equipo de gobierno pretenden meter por la venta la legalización de la pena de muerte, acotada a los niños por nacer, consagrando el genocidio prenatal a gusto y placer de los Rockefeller y los Soros, pero agrietando nuevamente el tejido social y espiritual del pueblo argentino, que va a demostrar una vez más que no está dispuesto a sacrificar a sus hijos en el altar de la codicia del imperialismo internacional del dinero, al cual el progresismo social demócrata sirve con un fervor digno de mejor causa.

Se avecinan tiempos durísimos en la Argentina, en la batalla por la supervivencia económica y en la guerra contra los mercaderes de la muerte disfrazada de progresismo, más propio de la era pre cavernícola que de una comunidad humana que se precia de tal.

Habrá que ver cuál será la actitud de los jerarcas de la Iglesia Católica en Argentina, si se va a mostrar como auténtica Iglesia de Cristo o seguirá penando tristemente como la Iglesia de Laodicea mentada en el Apocalipsis.