Nicaragua: se agrava la persecución contra la Iglesia

Martha Patricia Molina Montenegro, abogada nicaragüense en el exilio y considerada hoy una de las voces más autorizadas sobre la persecución de la Iglesia bajo el régimen de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo —definida por un sacerdote en Costa Rica como “la segunda bruja más poderosa del mundo”— controla y denuncia desde 2019 las violaciones contra el clero católico, señalando una nueva escalada represiva y la persecución sistemática por parte del Gobierno sandinista. “Los agentes acuden a diario a las iglesias para fotografiar y grabar a los fieles durante la misa y las reuniones internas del clero”, asegura Molina, denunciando un sistema de vigilancia que se extiende por todo el territorio nacional y se aplica sin distinciones: “Incluso entre los obispos considerados cercanos al Gobierno”.

Molina recopila datos y testimonios con gran precisión y sin ambigüedades, enriqueciendo el informe Nicaragua, una Iglesia perseguida, que en 2025 llegó a su séptima edición y se ha convertido en un referente internacional sobre la represión de la libertad religiosa en el país centroamericano. Con motivo del Jubileo de los Migrantes, el Papa León XIV ha recibido la última versión del dossier. Un informe que documenta 1.010 episodios entre abril de 2018 y julio de 2025, entre agresiones al clero, restricciones a la vida religiosa y ataques a lugares de culto, describiendo una persecución continua que hoy se encuentra en su punto álgido, con la libertad de culto limitada, las actividades religiosas obstaculizadas y el exilio forzoso de sacerdotes y monjas. “La organización de las fiestas patronales, las procesiones y las celebraciones litúrgicas ha pasado a estar bajo el control de las instituciones públicas, y ni siquiera las reuniones de los sacerdotes se le escapan a la policía”, escribe Molina en una publicación, tras haber denunciado recientemente cómo, durante la última Semana Santa, la dictadura sandinista ha impuesto nuevas restricciones a las manifestaciones religiosas, con 6.135 procesiones canceladas. Las celebraciones a menudo solo se permiten dentro de los muros de las iglesias, bajo el control de las autoridades, mientras que las procesiones públicas siguen estando prohibidas o como mínimo muy limitadas. Así, desde 2019, se han documentado 28.904 restricciones a la vida religiosa, entre procesiones y actos de devoción popular prohibidos o limitados.

Los sacerdotes están obligados a presentar a las autoridades sus programas semanales y a solicitar permisos específicos para cualquier actividad, por mínima que sea, que se desarrolle fuera del lugar de culto. Esto ocurre en un contexto de creciente vigilancia, reforzada por el Consejo del Poder Ciudadano (una red de control político del régimen), la policía y unos 80.000 paramilitares reclutados a principios de 2025, empleados en el control y la represión social y religiosa. En varias parroquias además, los sacerdotes están obligados a enviar previamente a las fuerzas del orden el texto completo o un resumen de la homilía que pretenden pronunciar durante la misa. Los sacerdotes y obispos son seguidos constantemente por agentes de paisano o por drones, mientras que sus teléfonos móviles son a menudo objeto de controles arbitrarios. Un sacerdote ha descrito de forma anónima a ACI Prensa, una de las principales agencias de prensa católicas en lengua hispana, la situación en el país: “Todos los domingos la policía se presenta para fotografiar. El sacerdote tiene que informar a las autoridades cada vez que sale de la parroquia y de cada celebración litúrgica en la que participa. Si durante una homilía aborda un tema social, se arriesga a dos cosas: la cárcel o el exilio”. El religioso describe los mecanismos mediante los cuales el gobierno sandinista controla, vigila y limita la actividad de la Iglesia católica en el país, y afirma que la población “se ha acostumbrado a la situación y ya no dice nada. El ambiente parece tranquilo, pero las restricciones siguen siendo constantes, porque no hay libertad”. En cuanto al control ejercido sobre sacerdotes y obispos, explica: “Cada vez que hay funciones litúrgicas tenemos que comunicar el tipo de celebración y el lugar. Debemos notificar cada salida de los límites de la parroquia y declarar cuánto tiempo estaremos fuera. Y la policía siempre viene a fotografiar cada domingo. Sirve para verificar que realmente estamos donde hemos declarado estar. Los superiores exigen a los agentes pruebas de las visitas realizadas: así es como mantienen el control”.

Las nuevas restricciones incluyen también la criminalización de los actos religiosos: rezar en público o transportar a través de las fronteras objetos de devoción como rosarios, es considerado por las autoridades de inmigración como un comportamiento sospechoso o potencialmente delictivo. Molina habla de un “asedio silencioso”: menos detenciones sonadas que en el pasado, pero una vigilancia policial constante para intimidar a sacerdotes y fieles acusados de oponerse al “orteguismo”, la única forma de culto permitida allí.