Lucía y el aborto. Silencio sobre la vida y la salud

En una nota firmada por Annalisa Grandi en Corriere della Sera publicada el 2 de marzo en la web, se hace referencia al caso de una niña argentina que vive en la provincia de Tucumán (Noroeste de Argentina) de 11 años embarazada luego de ser violada por el “compagno della nonna” a la que se le habría impedido abortar y que habría sido obligada a dar a luz. Grandi afirma que, una vez que la niña descubrió estar embarazada, “aveva tentato il suicidio due volte” y pidió el aborto. Su madre también pidió lo mismo que ella. Grandi también resalta la acción de asociaciones feministas a favor del aborto y de Amnesty International que, ante la negativa de realizar el aborto, hablaron de “violazione dei diritti umani”. También se refiere a “los meandros de la burocracia provincial” tucumana resultado de los cuales, “Lucia avrebbe dovuto sottoporsi all’intervento all’Eva Peron Hospital, a Buenos Aires”. Valga como errata que, donde dice Buenos Aires deber decir San Miguel de Tucumán, la capital provincial. La intervención fue, finalmente, “un cesareo d’urgenza”. “Abbiamo salvato la vita di una ragazza che era stata torturata due volte”, dijo Cecilia Ousset, la médica que intervino en la “cesárea de urgencia”. “Quando ho visto quella bambina, mi tremavano le gambe, mi sembrava di vedere mia figlia. Non aveva idea di cosa stesse per succedere”.

La última información que debe agregarse es que Faustina, la hija de esta niña tucumana, falleció el 8 de marzo. Llamativamente, el Día Internacional de la Mujer.

Grandi vuelve a ocuparse del tema el 12 de marzo y agrega el dato de la campaña bajo el hashtag #NiñasNoMadres que impulsaron “personaggi del mondo dello spettacolo e non solo. Immagini di bambine sorridenti”. Debería haber escrito: “aquellos personajes del espectáculo y no solamente que están al servicio del lobby internacional abortista en Argentina”. 

Referencias a piernas que tiemblan; recuerdos de la hija propia; fotos de actrices cuando tenían 11 años y esbozaban una sonrisa. El toque narrativo puesto al servicio de una impostura, como se verá inmediatamente. 

Llama la atención que sobre un hecho tan grave se deje hablar solamente a las voces “pro-aborto”: para la “cesárea de urgencia”, la médica Cecilia Ousset contó con la ayuda de José Gigena, médico como ella y su esposo. El dato que no refiere Grandi es que ambos están a favor de la legalización del aborto. Ousset es autora de una carta publicada en su muro de Facebook y levantada por varios medios en la que, luego de relatar su experiencia en la realización de legrados en establecimientos de gestión pública y de haber trabajado en establecimientos de gestión privada, concluye: “Por todo esto, por dieciocho años en la práctica ginecológica, por mujer, por católica, por trabajar permanentemente en mi interior para lograr la coherencia y abandonar en la mayor medida posible la hipocresía, digo: QUIERO ABORTO LEGAL, SEGURO y GRATUITO para todas la mujeres que se encuentren en una situación desesperante e íntima”. La posición de asociaciones como Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes), del Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) y Amnesty International (AI) sobre la legalización del aborto es por demás conocida. 

Además, de la lectura de la noticia se seguiría que, en Argentina, el acceso al aborto es un derecho. En realidad, en el ordenamiento jurídico argentino, el aborto es un delito. No obstante las excepciones que contempla el artículo 86 del Código Penal argentino en función de la penalización, en ninguno de los casos se trata de un derecho. En Argentina no existe un “derecho” al homicidio. Por lo tanto, tampoco al aborto. Si desde siempre el derecho al respeto de la vida humana estuvo protegido en Argentina, todavía más lo está a partir de la reforma de la Constitución Nacional de 1994. Para el Estado argentino hay vida humana desde la concepción. Cuando Argentina aprobó, en 1990, la Convención sobre los Derechos del Niño mediante la Ley 23.849, respecto del artículo 1° de la Convención (“Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”) señaló que “Con relación al artículo 1° de la CONVENCIÓN SOBRE LOS DRECHOS DEL NIÑO, la REPÚBLICA ARGENTINA declara que el mismo debe interpretarse en el sentido que se entiende niño todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta las 18 años de edad”. Además Argentina, conviene no olvidarlo, debe velar por “el interés superior del niño” conforme al artículo 3.1 de la misma Convención.

Alguno podría preguntarse por qué, si el art. 86 del Código Penal Argentino no pena el aborto en algunos casos (1º Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede evitado por otros medios; 2º Si el embarazo proviene de un violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente) los médicos no accedieron a practicarlo. Fuera de cuestiones vinculadas al derecho argentino (como se vio arriba), existe otro motivo: como reveló el periodista argentino Mariano Obarrio “doce días después de que ingresó la niña de 11 años violada con un embarazo de 22,4 semanas de edad gestacional, los médicos del Hospital Eva Perón de Tucumán desaconsejaron el aborto y la cesárea porque podría traer severos riesgos para la salud de la menor embarazada, la extracción del útero, y hasta una muerte derivada de esa práctica. Más aún, en un acta firmada por todos, ellos determinaron que la prolongación del embarazo con los cuidados diarios adecuados no tenían mayor riesgo que para cualquier paciente normal”. Nótese que no solamente desaconsejaron el aborto sino también la cesárea. “La médica abortista Cecilia Ousset, que realizó la imprudente cesárea con su esposo José Gigena el 26 de febrero, dijo después que la practicó de urgencia porque si no se la hacía la niña se iba a morir. Los médicos la contradijeron con fundamento científico y médico. Y recién ahora sale a la luz el documento que seguramente será clave en la Justicia, donde los médicos fueron denunciados penalmente por intentar garantizar y Cuidar las Dos Vidas”, agrega Obarrio. “Los médicos de marras –señala el periodista argentino– dijeron en la carta de renuncia a interrupción el 26 de febrero por la mañana lo siguiente: ‘La práctica de una cesárea en una menor de 11 años pone en grave riesgo la integridad física y psíquica, con una alta probabilidad de ocasionar daños irreversibles pudiendo hasta ocasionar su muerte”. Como se puede ver en la foto, la firmaron de puño y letra decenas de profesionales bajo su responsabilidad’ ”.

“Es decir, los médicos del Hospital [que se negaron a practicar el aborto y la cesárea] no pusieron en riesgo la vida ni los derechos de la menor, sino que al intentar Cuidar las Dos Vidas velaron por la salud y por la vida de la adolescente de 11 años embarazada por una violación de la que el único responsable, según ella dijo en Cámara Gesell, es su abuelo Víctor Eliseo Amaya, de 65 años, que está detenido y con prisión preventiva en la fiscalía de María del Carmen Reuter. Y no debería salir nunca más de su celda”, concluye Obarrio.

Efectivamente, el estado debe hacerse cargo de la aplicación del Código Penal en tiempo y forma, implementar las medidas más conducentes para prevenir delitos como el de la violación y, lo que se ve sobre todo en este caso, poner al servicio de las 2 Vidas lo mejor del sistema sanitario.