Los lobbies de la muerte exigen a la UE fondos para el aborto

El aborto como “derecho fundamental” que hay que garantizar también a aquellas mujeres que viven en Estados donde está prohibido, permitiéndoles viajar —a costa de todos los contribuyentes— a otro Estado de la Unión Europea. Éste es el resumen del proyecto de resolución aprobado el pasado 5 de noviembre por la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (FEMM) con 26 votos a favor y 12 en contra. El documento surge de la iniciativa My Voice, My Choice: For Safe and Accessible Abortion (“Mi voz, mi decisión: Por un aborto seguro y accesible”), respaldada por 1,2 millones de firmas y en la que participan más de 300 organizaciones proaborto de toda Europa. Se trata, por tanto, de una enorme acción de presión que tiene por objeto ampliar aún más el aborto en la UE y, al mismo tiempo, limitar la libertad de quienes defienden la vida de los niños en el útero materno. Pero veamos los puntos principales de la propuesta, cuya ponente ha sido Abir Al-Sahlani, representante de Renew Europe.

El documento invita a la Comisión Europea “a establecer un mecanismo de adhesión facultativo abierto a los Estados miembros de forma voluntaria, con el apoyo financiero de la UE para garantizar la solidaridad, sin interferir en las leyes y reglamentos nacionales”; y, además, “insta a la Comisión a que presente una propuesta de apoyo financiero a los Estados miembros que les permita garantizar la interrupción segura del embarazo, de conformidad con su legislación nacional, a cualquier persona de la UE que aún no tenga acceso al aborto seguro y legal”. En pocas palabras, como ya hemos explicado, se trata de utilizar dinero público para pagar abortos transfronterizos. Un ejemplo de ello nos lo ofrece Nika Kovač, representante de My Voice My Choice, que ha declarado: “Las mujeres polacas disponen de una buena red de organizaciones no gubernamentales que apoyan sus viajes y los procedimientos médicos [para el aborto]. Pero estos procedimientos médicos son caros, por lo que lo que queremos hacer es encontrar una forma de que las ONG o las propias mujeres no tengan que pagarlos”. Por lo tanto, si la propuesta se aprueba, no pagarán ellas, pagaremos todos.

Todo esto se justifica como un llamamiento a “crear una UE más segura y más igualitaria”, en nombre de “nuestros valores europeos”, como la “no discriminación” y el respeto de la “integridad mental y física”: es curioso que todos estos “valores” que acabamos de mencionar no se apliquen a los niños en el útero materno y, por lo tanto, entren en conflicto con el derecho a la vida, que es la base de todos los demás derechos.

Además, la fantástica igualdad y no discriminación que tienen en mente los abortistas detrás de My Voice, My Choice tampoco se aplica a quienes piensan de forma diferente a ellos. De hecho, el proyecto de resolución pide “una acción europea más contundente para contrarrestar los movimientos anti-género, salvaguardar la autonomía física y garantizar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva”, es decir, a la anticoncepción y al aborto. Por lo tanto, los más de 300 grupos de presión mencionados anteriormente no se conforman con disponer de más fondos públicos para el aborto, sino que también pretenden intimidar y hacer desaparecer de la circulación a los grupos provida y profamilia.

El documento reitera la petición de “incluir el derecho al aborto en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea” y también solicita una revisión de los Tratados. En resumen, el respeto de las legislaciones nacionales —afirmado en el punto 2— es solo una fachada. Tanto más cuanto que, en el punto 9, el proyecto de resolución ejerce más presión sobre los países con normas más restrictivas e “insta a los Estados miembros a reformar las leyes y políticas en materia de aborto para alinearlas con las normas internacionales en materia de derechos humanos y las directrices en materia de salud pública”.

En la articulada introducción del texto, se lamenta que “dos Estados miembros [la referencia, aunque implícita, es a Polonia y Malta] sigan sin permitir el aborto a petición; ocho Estados miembros mantengan un período de espera obligatorio, varios Estados miembros no reembolsen ni subvencionen los tratamientos abortivos u ofrezcan una cobertura limitada, 11 países de Europa no ofrecen el aborto farmacológico (no quirúrgico) y solo cinco países permiten la asistencia al aborto a través de la telemedicina”. Por lo tanto, es evidente que la financiación del aborto transfronterizo es solo un paso —por grave que sea— de esta iniciativa, que tiene por objeto legalizar, ampliar y normalizar aún más el aborto.

En cuanto a esta normalización, basta decir que los abortistas pretenden que la financiación del aborto con fondos europeos se considere parte de las competencias de la UE para “reducir las desigualdades en materia de salud”, ya que —atención a la espeluznante equivalencia— ya ha ocurrido que “los recursos de la UE se han utilizado en otros casos, por ejemplo, para la detección precoz del cáncer”. Es como decir que, para los promotores de My Voice, My Choice, matar a los niños en el útero materno y la atención sanitaria son lo mismo... Al fin y al cabo, esta ha sido siempre la propaganda abortista.

Por último, el grupo de presión pide que la propuesta se incluya ya en el actual Marco Financiero Plurianual, es decir, en el presupuesto a largo plazo de la UE.

Está previsto que el proyecto de resolución se incluya en el orden del día de una próxima sesión plenaria para ser debatido y votado. Además, la página web oficial del Parlamento Europeo informa de que el próximo 2 de diciembre se celebrará una audiencia pública sobre esta iniciativa. Una última nota: en 2014, una iniciativa ciudadana de signo opuesto, llamada One of us (“Uno de nosotros”), en defensa de los embriones humanos, recogió nada menos que 1,8 millones de firmas, es decir, 600.000 más que las que hoy cuentan las organizaciones proaborto. Pero ese proyecto fue rápidamente archivado por las instituciones de la UE. Esto confirma las prioridades que se persiguen entre Estrasburgo y Bruselas, bajo el signo de la muerte y la decadencia de un continente.