La Iglesia recibe donaciones de los ciudadanos y el Gobierno quiere ese dinero

La Conferencia Episcopal Española informó el pasado 20 de febrero en rueda de prensa de la extraordinaria atención recibida por parte de los ciudadanos españoles a través de las donaciones en sus declaraciones de la renta. Los donativos de los españoles se han incrementado en 27.000: un total de 7.191.387 personas han preferido a la Iglesia, y contando las declaraciones conjuntas, el total global se acerca a los 8,5 millones de contribuyentes. El 32,32% de las declaraciones a favor de la Iglesia española corresponden a una recaudación total de 284 millones de euros, la más alta de la historia, con un incremento de 16,6 millones respecto a 2018. Es la cifra más alta desde el comienzo del actual sistema fiscal en 2007.

El gobierno socialista y la victoria de la izquierda han hecho que muchos más ciudadanos españoles apoyen las actividades, las obras y libertad de la Iglesia católica, amenazada sin rubor incluso por la actual coalición (PSOE-Podemos y Comunistas). ¿Todos contentos? No, en absoluto. Aunque parezca increíble, el Gobierno de Sánchez-Iglesias, en lugar de tomar nota de la elección de los ciudadanos y felicitarse por la gran moderación popular en defensa de la libertad social y la libertad de la Iglesia Católica, ha promovido otra torpe y brutal acción contra el pueblo y su Iglesia.

De hecho, el gobierno social-comunista de Pedro Sánchez no se avergüenza de usar las instituciones para lograr sus objetivos. Comenzó la legislatura nombrando a su antiguo ministro de Justicia como Fiscal General del Estado y ahora utiliza el Tribunal de Cuentas para levantar sospechas sobre el uso de los fondos recibidos de la Iglesia a través de la elección que millones de contribuyentes hacen libremente en sus declaraciones de impuestos. La Vicepresidenta del Consejo de Ministros, Carmen Calvo, ha dicho el pasado 28 de febrero que había recibido un informe sobre la utilización de los fondos de la Iglesia y que emprendería acciones legales ante el Tribunal de Cuentas para bloquear los fondos que se le asignaran. El Informe del Gobierno se presenta como “tendencioso”, “lleno de errores” y “podría ser rechazado por el propio Tribunal”, que está obligado a seguir criterios de “objetividad e imparcialidad” y a evaluar sólo “los hechos probados sin emitir juicios de valor”.

Sánchez y su socio Iglesias querrían cambiar las reglas actuales, poner límites concretos a las obras de la Iglesia y reducir su financiación. Otro signo del abrumador deseo de silenciar a la Iglesia y limitar la libre elección de los ciudadanos católicos en España. El vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Fernando Giménez Barriocanal, ha explicado que la Iglesia presenta la “Memoria de sus actividades”, tal como se acordó en el acuerdo de financiación firmado con el entonces Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero en 2008. Ningún gobierno desde entonces, cualquiera que fuera su color político, se había permitido el lujo de un ataque frontal al sistema de financiación directa por parte de los ciudadanos con sus declaraciones de la renta. No se trata de un subsidio, ni de una subvención del Estado, sino de una libre elección del ciudadano contribuyente, gracias al cual la Iglesia tiene la libertad de determinar el uso que considere oportuno de las cantidades recibidas dentro de los diversos fines que persigue.

Además, la ley actual forma parte de un acuerdo internacional firmado por el Estado español y la Santa Sede, en virtud del cual España asume la recaudación de las cantidades que, por voluntad de sus contribuyentes, serán entregadas a la Iglesia. Sin embargo, la furia antiliberal y anticatólica del gobierno de izquierdas en la historia de España no parece tener tregua. Queda por ver con qué resultados.

Hasta ahora, las acciones socialistas han producido efectos contrarios a los deseados: no sólo los ciudadanos españoles se han mostrado aún más favorables a la Iglesia y a sus obras, sino que es de imaginar que la agresión del Gobierno será objeto de una amplia reflexión en la próxima Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española (CEE), que se reúne estos días. La oposición “proletaria” y social-comunista a la libertad de elección de los ciudadanos españoles y a la propia libertad de la Iglesia no pasará desapercibida. Existe una creciente conciencia entre los católicos españoles de las agresiones del Gobierno contra la Iglesia y la libertad de los creyentes: hechos que demuestran claramente que esa “minoría creativa”, a la que el Papa Benedicto XVI aludía hace diez años, sigue siendo una luz viva en la oscuridad del nuevo socialcomunismo español.