La educación al aborto, una prioridad para el G7

Entre las prioridades decididas y los documentos aprobados en los últimos días durante la reunión en Londres de los ministros de Desarrollo Económico y Asuntos Exteriores del G7, de cara a la próxima cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de los países más industrializados del mundo (11-13 de junio), hay una que deja que desear: promover la educación de las niñas que incluya el aborto.

Honrar a las mujeres impidiéndoles ser madres –e incluso nacer- es un insulto y una violencia incivilizada. Entre los diversos documentos aprobados en las reuniones de ministros de los días 3 y 5 de mayo, muchos de los cuales reiteran los compromisos de luchar contra el hambre, de trabajar juntos para hacer frente a las amenazas, de mejorar sus democracias, de presentar un frente común por la salud y contra las pandemias, hay también un documento importante sobre el reto de promover la educación de las niñas en este periodo pandémico y post-pandémico del Covid 19. Existe la voluntad de ayudar a 40 millones de niñas de todo el mundo a cultivar sus talentos, pero no a decidir libremente su propio destino como mujeres, porque lo que está claro es que no se quiere que sean madres.

Los ministros de Desarrollo y Asuntos Exteriores de los siete países (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido) se comprometen, en particular, a “trabajar en colaboración con los socios de los países en desarrollo, las instituciones multilaterales, la sociedad civil, los grupos dirigidos por chicas y  jóvenes líderes para eliminar los obstáculos a la educación”. En concreto, para 2026, los países más desarrollados del mundo representados en el G7, del que siguen excluidos India, Brasil, Rusia y China, quieren ampliar las iniciativas educativas que fomenten la educación acelerada, incluso mediante la provisión de tecnología que permita el aprendizaje a distancia, aumentar los programas de alfabetización y aritmética temprana y, léase bien, “aumentar el acceso a la educación sexual integral, promoviendo la salud y los derechos sexuales y reproductivos”.

La reunión de Jefes de Estado y de Gobierno del próximo mes de junio también reafirmará su pleno compromiso con la salud y los derechos sexuales y reproductivos (SDSR) de todas las personas, reconociendo el aumento de los nacimientos de alto riesgo, los embarazos no deseados, los abortos inseguros, las infecciones debidas al Sida y a la mutilación genital femenina durante la pandemia. ¿Es éste el reto educativo que necesitan las niñas y las jóvenes de todo el mundo y especialmente de los países más desfavorecidos afectados por la crisis económica y sanitaria? No. Sin embargo, en los días que precedieron a la Cumbre Ministerial del G7, en la que participó activamente el nuevo Secretario de Estado Antony Blinken, gran promotor de la nueva línea de la política exterior estadounidense pro-abortista y pro-LGBTI, el gobierno de Boris Johnson anunció un drástico recorte de la ayuda a los países menos desarrollados del mundo, un fuerte recorte que afectará a muchos de los programas de apoyo al aborto, en particular a través de la agencia UNFPA de las Naciones Unidas. La reducción de la financiación de los programas internacionales decidida por el Reino Unido es del 85%, pasando de 154 millones de libras a 23 millones en 2021.

La noticia, filtrada tras la cumbre entre Boris Johnson y el presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, el 26 de abril, había provocado gritos y llantos tanto de la directora ejecutiva de UNFPA, Natalia Kanem (“la decisión tomada por Londres devastará nuestros programas de planificación familiar y salud reproductiva en el mundo... Con ese dinero podríamos haber pagado los servicios sanitarios de 4,3 millones de abortos”), mientras que desde Marie Stopes International e IPPF se alzaron voces alarmadas por la posible reducción de los abortos en el mundo. Las presiones de las multinacionales y de las agencias de la ONU encontraron así un eco en el documento sobre la educación (y el aborto). Ciertamente, la presencia y el compromiso de la Secretaria de Estado estadounidense y de USAID tuvieron un peso decisivo en los compromisos firmados por los ministros del G7.

Sólo hay que recordar que pocos días después de la aprobación en el G7 del documento sobre la “Educación de las Niñas”, el Senado de los Estados Unidos había confirmado definitivamente (28 de abril) el nombramiento de Samatha Power al frente de la Agencia de Ayuda Internacional de los Estados Unidos (USIAD), que promueve con fuerza el aborto en el mundo y cuya confirmación preocupa al mundo provida de todos los países pobres. Por tanto, era razonable pensar que la reunión del G7 aprobaría un documento sobre la educación de las niñas del mundo.

Deja sin palabras que la prioridad de la política exterior y de desarrollo de las 7 economías más fuertes del mundo sea una educación para las niñas que incluya un apoyo explícito tanto a la educación sexual integral (en la que se incluyen las relaciones sexuales tempranas, el uso de anticonceptivos y el aborto) como a la salud reproductiva (que se ha convertido en el equivalente al aborto). Se trata de un nuevo ataque a la salud y la dignidad de las mujeres y a su libertad de ser madres.

Todas las potencias del mundo están implicadas: revistas como Vogue, que acusa de vandalismo a quienes acogen el nacimiento de un niño; multinacionales del aborto como Marie Stopes, que afirma la equivalencia entre el bienestar climático y el crecimiento de los abortos; los compromisos de los “grandes” países del mundo, de los que el último documento de los ministros del G7 es un ejemplo. Insultar a las mujeres e impedir que nazcan y sean madres no es educación, es vulgar violencia.