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La Corte Suprema mantiene vivas las esperanzas provida

Los nueve jueces del Tribunal Supremo de EE.UU. escucharon los argumentos de las partes en el caso Dobbs. A la luz de las preguntas de los jueces, sigue abierta la posibilidad de anular Roe vs. Wade, o, al menos, respaldar la ley de Mississippi que prohíbe el aborto después de las 15 semanas. En este último caso, el juez Roberts podría ser el voto decisivo.

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¿La sentencia Roe contra Wade será anulada o permanecerá vigente? Desde hace días esta pregunta, que divide a los estadounidenses desde hace casi medio siglo, es más acuciante que nunca, dentro y fuera de las fronteras de Estados Unidos. El miércoles 1 de diciembre, la Corte Suprema escuchó los argumentos de las partes implicadas en el caso Dobbs contra Jackson Women's Health Organization, que enfrenta al Estado de Misisipi con las organizaciones abortistas. La administración Biden está del lado de estas últimas. El tema de la disputa es la HB 1510, una ley que prohíbe los abortos después de las 15 semanas de gestación, excepto en caso de emergencias médicas y anormalidades fetales graves. La cuestión fundamental sobre la que la Corte está llamada a expresarse es si todas las prohibiciones de aborto antes de la viabilidad, es decir, antes de la posibilidad de supervivencia del concebido fuera del seno materno, serán consideradas inconstitucionales.

El caso Dobbs es considerado por los conocedores como el más importante desde el caso Casey contra Planned Parenthood, la sentencia de 1992 que confirmó el derecho de abortar introducido por la Roe en 1973, pero en lo que respecta a la posibilidad de que los Estados individuales puedan introducir restricciones, sustituyó el criterio de los tres trimestres (ninguna restricción en el primer trimestre, alguna en el segundo, posible prohibición en el tercero salvo por razones de “vida o salud” de la madre) por una evaluación de las probabilidades de supervivencia del niño.

Pues bien, después del debate general que tuvo lugar en la mañana del 1 de diciembre, con las partes presentando sus argumentos de acuerdo con los límites de tiempo y respondiendo a las preguntas de los nueve jueces supremos, los comentaristas pro-vida mantienen en general, con algunas distinciones, un cauto optimismo de que la Roe puede ser anulada o al menos limitada, con efectos cascada en todo el sistema del aborto. Un escenario considerado realista también por la otra parte, dada la preocupación expresada por varios medios de comunicación liberales después de la audiencia de la Corte Suprema.

El cauto optimismo anterior se basa en las preguntas y los razonamientos hechos por los jueces nombrados por los republicanos (6), que tienen los números, si lo desean, para reescribir la historia judicial de Estados Unidos a favor de la vida. En el bando conservador, el voto del juez Clarence Thomas parece cantado, ya que mucho antes de Dobbs había subrayado que no hay nada en la Constitución estadounidense que impida a un Estado federal prohibir el aborto. Junto a él, el abogado más fiable por su currículo es Samuel Alito, quien en su interrogatorio presionó a Julie Rikelman, representante legal de la Organización para la Salud de las Mujeres Jackson y de otros abortistas, sobre un punto preciso: la inconsistencia y arbitrariedad de la viabilidad al fijar la línea antes y después de la cual es legal o no quitar la vida a un niño no nacido. También Alito puso en aprietos a Elizabeth Prelogar, procuradora general del gobierno federal, sobre el principio del stare decisis, presionándola sobre el hecho de que una decisión “manifiestamente errónea” debería ser anulada en cualquier momento, sin más consideraciones. El juez conservador invocó el tristemente célebre caso Plessy contra Ferguson, una sentencia de 1896 que sostuvo la legitimidad de la segregación racial y que sólo 58 años después empezó a ser desmontada (por los casos Brown y otros posteriores).

Pero más allá de Thomas y Alito, la atención se centró principalmente en los tres jueces conservadores nombrados por Trump, que hasta ahora, en algunos casos que llegaron a la Corte Suprema, han decepcionado las expectativas, aunque con diferencias personales.

Neil Gorsuch, que en 2020 votó con los liberales en una sentencia sobre los derechos LGTB, se limitó a preguntar a los representantes del frente abortista qué otro criterio eventual se podría adoptar, si es que la Corte rechaza el parteaguas legal de la supervivencia autónoma del feto (limitando prácticamente el aborto) y si, en esta hipótesis, se podría seguir utilizando el principio de la “carga indebida” ya establecido por la Casey, es decir, el principio según el cual las restricciones al aborto no pueden sobrecargar excesivamente la libertad de la mujer para acceder al aborto.

Respecto a Brett Kavanaugh, el juez reconstruyó algunas de las principales objeciones a favor de la vida -incluido el silencio de la Constitución sobre el aborto- al sistema inaugurado por la Roe, y expuso una lista de las principales sentencias claves que sentaron precedente y sin las cuales “el país sería un lugar muy diferente”. Descifrar su intervención en general sin ambigüedades podría resultar un error, pero los comentaristas de ambos lados del pasillo han visto en sus palabras una inclinación a anular la Roe.

Amy Coney Barrett señaló que el stare decisis es importante, pero “hay algunas circunstancias en las que la anulación es posible”. Barrett también preguntó a Rikelman por qué no se toman en consideración esas leyes que permiten a una mujer que no quiere ser madre dar en adopción a su bebé al poco tiempo de nacer.

Por último, fue significativa la posición del presidente de la Corte, John Roberts, un juez nombrado por Bush (h) que después de 16 años en el cargo y juicios controvertidos es considerado ahora como un liberal. Roberts no ha mostrado ningún deseo de anular la Roe, pero ha dado a entender que el status quo sobre el aborto no le parece razonable. Al interrogar a Rikelman, le preguntó por qué -si el aborto es una cuestión de “elección”, es decir, “que las mujeres deberían tener la posibilidad de interrumpir un embarazo” en un plazo determinado- “el umbral de las 15 semanas debería ser inapropiado”. Y agregó: “...me parece que la posibilidad de supervivencia no tiene nada que ver con la elección”. Roberts continuó diciendo que el criterio de las 15 semanas es la que tiene “la gran mayoría de los otros países” que permiten el aborto. Sin embargo, cuando se eleva el límite del aborto hasta el punto de que el bebé pueda sobrevivir fuera del vientre materno, “compartimos ese criterio con la República Popular China y Corea del Norte”.

Aunque no hubiera márgenes para la anulación de la Roe, lo que todavía no se puede excluir, entonces se podría crear al menos una primera grieta en un sistema perverso, al avalar la ley de Mississippi. El paso no es obvio porque, como se ha observado, el proceso de toma de decisiones de los jueces no siempre se corresponde con las impresiones dejadas durante la fase del interrogatorio. Y, por supuesto, también hay que tener en cuenta las presiones externas. Mientras tanto, sin embargo, el caso Dobbs deja la esperanza de que se pueda poner fin a una gran injusticia, en el mejor de los casos, o al menos limitarla. La sentencia no se debería pronunciar antes de junio de 2022.

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