• LA LEY DE LA MEMORIA

España totalitaria: acaba con el franquismo y echa a los benedictinos

El Gobierno pone en marcha la Ley de Memoria Democrática, que -en tonos orwellianos- establece una “pedagogía democrática” adaptando la historia a la ideología antifranquista. Un ataque al cristianismo, con la expulsión de los monjes del santuario-mausoleo y la reducción del templo a un cementerio civil. “Es una barbarie, los obispos tienen que intervenir”, denuncia el Observatorio de la Libertad Religiosa a la Brújula Cotidiana.

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La suerte está echada y ahora el destino de la abadía del Valle de los Caídos está en manos de una partida de ajedrez de la que la Iglesia no puede escapar. El oponente está decidido a avanzar: un Gobierno laicista y anticlerical que odia la fe católica hasta el punto de borrar todos sus símbolos.

Son los obispos los que tienen que intervenir ante el proyecto de ley del Gobierno, promesa electoral compartida al 100% por el presidente Sánchez con su socio de Gobierno Pablo Iglesias. Y junto a los obispos también el Vaticano, no sólo porque la Basílica es pontificia, sino también por el altísimo valor simbólico del lugar.

Un lugar que, para empezar, no es la celebración del franquismo, sino un monumento a la reconciliación donde todas las víctimas de la Guerra Civil están al mismo nivel en un único memorial.

Y sin embargo, el destino de la abadía es una parte integral de la nueva Ley de Memoria Histórica que actualiza la anterior ley de Zapatero y –si ello fuera posible-, ajusta aún más las cuentas con la historia. Y lo hace reescribiéndola literalmente, tal y como hacía el Ministerio de la Verdad en 1984, que obligaba al Departamento de Registros a modificar, enmendar o borrar noticias que ya habían salido pero que al Gran Hermano no le gustaban, para poder así contar otra historia.

Aquí hay mucho más que la profética fantasía orwelliana. Hay un odio sistemático, en primer lugar, hacia España por su pasado. “Quien controla el presente controla el pasado, y quien controla el pasado controla el futuro”: éstas son las advertencias de Socing, simplemente “El Partido”, en la obra maestra de Orwell.

Y en Madrid ocurre lo mismo: la nueva Ley de Memoria Democrática proscribe efectivamente el franquismo y todas sus derivaciones culturales. Después del visto bueno del Ejecutivo, la Ley tendrá que pasar por el Consejo de Estado. Mientras tanto, la Ley y sus 66 artículos podrían entrar en vigor en el primer semestre de 2021.

La nueva reforma introduce medidas dignas de los mejores sistemas totalitarios: en primer lugar, una verdadera pedagogía antifranquista que obligará a cambiar los libros de historia como piden con insistencia los delegados de la ONU. La Fundación que hoy lleva el nombre de Franco, que antes que dictador fue el verdadero pacificador de una España sangrienta donde la gente moría por su fe, sufrirá muchos recortes después de la pérdida de las contribuciones públicas. Pedir disculpas públicas por el franquismo podría costar hasta diez mil euros en multas, mientras que una Fiscalía de Sala especial se encargará de buscar a los combatientes republicanos declarados desaparecidos.

También habrá medidas para anular las sentencias dictadas por los tribunales de Franco, mientras que las empresas que -setenta años después - utilizaban a los presos como mano de obra forzada serán investigadas. Y hablando precisamente sobre el trabajo forzado de los prisioneros para la construcción del Valle, nunca se cuenta que el programa de trabajo permitía una reducción de las penas que los prisioneros que habían cometido delitos muy graves durante la Guerra Civil aceptaron de buen grado para obtener condiciones carcelarias más suaves y el fin de la detención. Incluso muchos de ellos después de cumplir sus sentencias se quedaron voluntariamente en el mausoleo para terminar de construirlo.

Pero el punto más crítico será precisamente el destino de los monjes benedictinos y el futuro del santuario-mausoleo. El monumento será objeto de una imponente obra de “resignificación”: perderá las dos características que tiene actualmente, la de un lugar sagrado y un santuario cementerio para todas las víctimas. Son 33.800 víctimas, pero el Valle de los Caídos tendrá que convertirse en un lugar de “memoria y pedagogía democrática”. Éste es el aterrador nombre, digno del peor maoísmo del nuevo idioma imperante.

Los benedictinos serán expulsados porque su presencia –ha explicado la vicepresidenta primera Carmen Calvo – “es incompatible con nuestro objetivo”. Sin los benedictinos (que dependen de la abadía francesa de Solesmes) y sin la característica de un lugar de culto, lo único que quedará será la gran cruz sobre el mausoleo. Y tal vez ni siquiera eso, aunque de momento el Gobierno ha especificado que el tema de la cruz no está sobre la mesa.

No han faltado las protestas tras el anuncio del Gobierno. También del mundo católico, donde están empezando a reconocer que la Ley de Memoria Democrática es un enorme problema de cristianofobia. María García, presidenta del Observatorio para la Libertad Religiosa en España ha explicado a la Brújula Cotidiana: “Con esta Ley, el Gobierno olvida que durante la Guerra Civil hubo dos facciones opuestas y muchas personas murieron mártires por su fe -explica-. También ellas tendrían que ser recordadas y reconocidas. Hay que tener el valor de reconocer que de 1929 a 1936 tuvo lugar en España una de las persecuciones religiosas más sangrientas del siglo XX”.

García también ha hecho un llamamiento a la Iglesia católica española: “La idea de convertir el Valle de los Caídos en un cementerio civil es una auténtica barbarie. También es un ataque a los monjes benedictinos que tienen la basílica bajo su custodia. La Conferencia Episcopal Española debe defender esta iglesia católica”.

Por el momento los obispos españoles se han limitado a mantener un perfil bajo. Algunos obispos han intervenido de forma particular, pero sin causar demasiado alboroto.

Es el caso de Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, que pidió que el Valle siga siendo un “lugar donde se pueda restablecer la fraternidad, la reconciliación y la paz”. Incluso el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Juan José Omella, durante un programa radiofónico, ha subrayado que “este tema no preocupa ahora a los españoles, que están preocupados por tener que salir de la pandemia y mantener su trabajo” y que “los benedictinos, por muy mal que lo hayan hecho, están ahí para rezar y hacer el bien”, planteando también dudas sobre el éxito de la operación desde el punto de vista legal.

De hecho, según varios juristas, el Gobierno no tendría autoridad para desacralizar el Valle de los Caídos, ya que tendría que poner fin primero a la Fundación de la Santa Cruz del Valle y luego, si lograra que los benedictinos se marcharan, no podría convertirlo en un lugar profano. De hecho, el lugar –según el abogado Luis Felipe Utrera-Molina, abogado de la familia Franco-, seguiría siendo una Iglesia y pasaría bajo el control de la archidiócesis de Madrid. Por eso, la decisión depende en último lugar del Vaticano y el tira y afloja está destinado a trasladarse a Roma

Ceder, significaría poner de nuevo en segundo plano el derecho de la Iglesia a ejercer su acción evangelizadora que aún se lleva a cabo bajo la gran cruz. Sólo el prior del convento, el combativo sacerdote Santiago Cantera, el 14 de septiembre pasado, durante la Misa de Exaltación de la Santa Cruz, miró la gran cruz e invitó a los hermanos a sufrir: “Si hemos de sufrir humillación y desprecio, alegrémonos de imitar a Cristo humillado y despreciado: afrontaremos la adversidad y la incertidumbre con una mirada sobrenatural, mirando justamente a la cruz de Cristo”. 

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