El Vaticano, en manos de la industria anticonceptiva

La Quinta Conferencia Internacional del Vaticano, que se celebrará del 6 al 8 de mayo bajo el tema “Explorar la mente, el cuerpo y el alma - Unidos para prevenir y unidos para curar”, ya ha provocado un considerable escándalo. En primer lugar, por la presencia de algunos oradores, entre lo bizarro y lo vergonzoso: la primera categoría incluye a Chelsea Clinton (hija de la ex pareja presidencial estadounidense), la ex modelo Cindy Crawford y cantantes de rock como Joe Perry del grupo Aerosmith; a la segunda pertenece el gurú de la Nueva Era Deepak Chopra, la conservacionista Dame Jane Goodall, fanática defensora del control de la natalidad y la reducción de la población (en Davos, hace un año, dijo que la población mundial debería reducirse a los niveles de hace 500 años, es decir, entre 420 y 560 millones) y sobre todo los mayores partidarios de la vacunación masiva, desde el inmunólogo Anthony Fauci hasta los máximos responsables de Pfizer y Moderna, Albert Bourla y Stéphane Bancel, pasando por el director de Google Health, David Feinberg.

¿Qué hace toda esta gente en el Vaticano (aunque sea virtualmente, dados los límites establecidos por el Covid), hablando de salud, invitados por el Consejo Pontificio de la Cultura que dirige el cardenal Gianfranco Ravasi? Es una cuestión aún más urgente si se tiene en cuenta que estas conferencias internacionales nacieron en 2011 para promover la investigación con células madre adultas, una respuesta a la tendencia del mundo industrial y científico que se centraban en cambio en las células embrionarias. Sobre todo, es inevitable juntar el entusiasmo del Vaticano por las vacunas (incluyendo la promoción del adoctrinamiento vacunal en la iglesia, como revelamos ayer) y la presencia de las dos empresas farmacéuticas que se reparten la mayor parte del pastel de las ganancias de las vacunas. Como mínimo, una coincidencia inoportuna.

Peor aún es la impresión que crea el cartel que anuncia las Jornadas: una pirueta digna de Oliviero Toscani con la referencia al detalle de la Creación de Adán, de Miguel Ángel, en la que las dos manos que se tocan (los brazos son uno de color y otro blanco para ser políticamente correctos) están cubiertas por guantes de látex. Sea cual sea la intención de quienes lo concibieron y de quienes lo aprobaron, es objetivamente una manifestación de ateísmo práctico. Incluso Dios debe protegerse del virus, con aquello que la ciencia haya decidido que es necesario. Es la demostración más clara de lo que venimos diciendo desde hace tiempo: que para muchos pastores de la Iglesia la salud ha sustituido a la salvación como principal preocupación. Y la vacuna, por supuesto, es la verdadera salvación.

Esto bastaría e incluso sobraría para horrorizarse ante esta deriva de la institución eclesiástica.

Pero hay otro aspecto, quizá más impactante aunque menos evidente. Y uno lo descubre tratando de responder a una sencilla pregunta que surge espontáneamente al observar la grandeza de la Conferencia: ¿quién paga? El organizador vaticano de la Conferencia, monseñor Tomasz Trafny, ha dejado claro que todo es a coste cero para la Santa Sede: pagan una serie de organizaciones, fundaciones e industrias vinculadas al tema de la promoción de la salud y la investigación médica. Moderna también está en la lista de patrocinadores, lo que se explica por sí mismo. Pero el verdadero patrocinador clave, aquel sin el cual la conferencia no habría sido posible a este nivel, es la Fundación John Templeton, una de las 25 mayores fundaciones de Estados Unidos.

¿Y qué hace la Fundación John Templeton? ¿Por qué está tan interesada en la Iglesia? Porque está muy involucrada en programas de planificación familiar (léase control de la natalidad) en países en desarrollo, especialmente a través de la participación de las llamadas “Faith-based Organizations”, es decir, organizaciones benéficas de base religiosa. Aunque para salvar las formas y para no herir demasiado las sensibilidades –dada la implicación de organizaciones islámicas, católicas, protestantes y judías- se matiza el lenguaje con el que se presentan los distintos proyectos, la realidad es que la Fundación John Templeton es uno de los principales actores en la difusión de anticonceptivos en el mundo. La lista de beneficiarios de los distintos proyectos de la Fundación incluye también a varias organizaciones nacionales africanas de Cáritas: aunque en la presentación de los proyectos no queda claro a qué nivel participan las organizaciones católicas, sí está claro que el concepto de planificación voluntaria promovido por la Fundación John Templeton y otras similares vinculadas a las Naciones Unidas difiere considerablemente del concepto de paternidad y maternidad responsables que enseña la Iglesia.

John Templeton también es miembro de la Coalición de Suministros de Salud Reproductiva, una coalición de fundaciones, organizaciones, industrias farmacéuticas y gobiernos que trabaja en colaboración con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) para difundir todos los anticonceptivos modernos. Es una coalición que mueve unos 3.000 millones de dólares al año en anticonceptivos. Por supuesto, no es ninguna sorpresa encontrar en el elenco de miembros a la Fundación Bill y Melinda Gates –seguramente la más generosa del mundo en la financiación de la cultura y la práctica de la anticoncepción- y a la Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF), la mayor multinacional del aborto y la anticoncepción, en la lista de socios de esta coalición.

El hecho de que la especialidad de la Fundación John Templeton sea precisamente el alistamiento de las religiones en la labor de difusión de la anticoncepción también deja claro por qué financia generosamente la Conferencia Sanitaria del Vaticano. Y, como admite cándidamente monseñor Trafny, los que pagan también eligen a los oradores.

Y si el tema pasa a ser la anticoncepción, no puede escapar al hecho de que la industria farmacéutica Pfizer no sólo es la fabricante de la vacuna anti-Covid más popular (de uso obligatorio en el Vaticano), sino que también es la “reina” de los anticonceptivos inyectables de larga duración, es decir, inyecciones que impiden la ovulación durante 13 semanas, pero con efectos secundarios que han demostrado ser desastrosos para las mujeres del Tercer Mundo, con altas tasas de mortalidad: se trata de la infame (en los países pobres) Depo Provera, protagonista desde los años 70 de salvajes programas de control de la natalidad en África, Asia y América Latina (véase también Riccardo Cascioli, Il complotto demografico, Piemme 1996), a la que se sumó en 2015 Sayana Press. La sustancia, el procedimiento, la eficacia y los efectos secundarios son en todos los aspectos similares a los de Depo Provera, con la única diferencia de que esta última se inocula mediante una inyección intramuscular, mientras que Sayana Press con una inyección subcutánea que, por tanto, puede autoinyectarse fácilmente.

Por lo tanto, hay relaciones muy peligrosas establecidas por la Santa Sede, que hacen más fácil entender la razón de que algunos prelados se abran a la anticoncepción en los países en desarrollo. Una contradicción flagrante con el Magisterio de la Iglesia, y un grave peligro para la libertad de la Iglesia, un problema del que los anteriores pontífices eran muy conscientes. Tanto es así que en noviembre de 2012 el Papa Benedicto XVI firmó un Motu Proprio en el que aclaraba lo que incluso el sentido común debería sugerir, a saber, que las organizaciones caritativas católicas no pueden ser financiadas para sus actividades por “organismos o instituciones que persigan fines contrarios a la doctrina de la Iglesia”. El documento, un texto legislativo, se llamaba Intima Ecclesiae Natura y partía de la preocupación de que todas las obras de caridad nacidas en el seno de la Iglesia -Cáritas a la cabeza- estuvieran al servicio de la evangelización y, por tanto, no crearan confusión entre los fieles sobre lo que la Iglesia enseña, incluso apropiándose indebidamente de los donativos de los propios fieles (lo que evidentemente ocurrió). El inspirador de aquel documento fue el Consejo Pontificio Cor Unum (hoy diluido en el Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral) dirigido en su momento por el cardenal Robert Sarah, y se dirigía sobre todo a los obispos diocesanos, responsables del control de las organizaciones caritativas en su propio territorio.

Sin embargo, apenas ocho años después, resulta que es incluso la Santa Sede la que viola lo que ella misma estableció, atándose de pies y manos a la industria de la anticoncepción.