El difícil regreso de los cardenales a países en guerra y persecución

Continuación de la primera parte

El cardenal Fridolin Ambongo Besungu regresa a su país, la República Democrática del Congo, donde le esperan problemas cada vez más difíciles. Era considerado uno de los “papables” y si hubiera sido elegido como Pontífice, los congoleños habrían perdido un valioso apoyo.

La Iglesia católica en el Congo siempre se ha expuesto en defensa de los derechos humanos y la justicia. A lo largo de los últimos años varios religiosos han sido detenidos y otros asesinados: participaban en marchas pacíficas de protesta llevando crucifijos e imágenes sagradas con la esperanza de proteger a los manifestantes, pero en más de una ocasión las fuerzas del orden han abierto fuego. Sin embargo, el cardenal Besungu, los obispos y los sacerdotes católicos siguen desafiando al Gobierno, denunciando su corrupción, violencia y negligencia, y protestando por las condiciones en las que se ve obligada a vivir la población, especialmente en las provincias orientales, que desde hace décadas son escenario de enfrentamientos entre decenas de grupos armados que se disputan sus valiosos recursos minerales. Allí, la población civil vive bajo la amenaza constante de saqueos, violencia y violaciones. Para los cristianos la situación es aún peor, ya que las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), uno de los grupos armados, está afiliado al Estado Islámico y se ensaña con ellos. En febrero, en la provincia de Kivu del Norte, el grupo capturó a setenta cristianos, casi toda la población de un pueblo, los encerró en una iglesia y luego los decapitó.

En el resto del país la situación es menos dramática, pero la violencia está muy extendida y no perdona a la Iglesia ni a sus estructuras. En marzo, hombres armados con pangas (una herramienta de trabajo similar al machete) atacaron la residencia de las Hermanas de la Congregación de Santo Domingo de Kimbanseke, un municipio de la zona de Kinshasa. Los agresores entraron derribando un muro y robaron a las religiosas dinero, teléfonos, ordenadores y otros objetos de valor. En ese momento, el cardenal Ambongo volvió a enviar un comunicado a las autoridades en el que expresaba su indignación.

Uno de los regresos a casa más difíciles es el del cardenal Leopoldo José Brenes Solórzano, arzobispo metropolitano de Managua, la capital de Nicaragua. En ese país, la persecución contra la Iglesia católica ha alcanzado proporciones casi insostenibles. Los responsables son el dictador Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. Actualmente los sacerdotes tienen prohibido organizar celebraciones y procesiones al aire libre, bajo pena de arresto inmediato. También se prohíben el Vía Crucis durante la Semana Santa y las peregrinaciones. Como en los peores regímenes, la policía ha difundido unas directrices sobre los temas permitidos en las homilías: se excluyen, entre otros, las referencias a los derechos humanos, la democracia y la libertad. Los sacerdotes deben presentarse regularmente en las comisarías para que se revisen sus homilías y para informar sobre sus actividades pastorales. En los últimos seis años, casi el 80% de las asociaciones no gubernamentales, en su mayoría católicas, han sido confiscadas o cerradas con cualquier pretexto: en total más de 5.600. Otras instituciones han sido disueltas: es el caso de las monjas clarisas, cuya “disolución voluntaria” aprobó en 2023 el Ministerio del Interior porque “desde 2021 no recibían financiación para llevar a cabo sus objetivos”.

La ira de Ortega y su esposa puede abatirse sobre cualquiera. Este año, más de 30 monjas clarisas han sido expulsadas del país, la misma suerte que han corrido otros religiosos antes que ellas. El caso más conocido y doloroso ha sido el exilio impuesto en 2024, junto con otros sacerdotes, al obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, huésped desde entonces en el Vaticano. Anteriormente había sido condenado a 26 años de prisión y había pasado 339 días en una celda de máxima seguridad, tras ser declarado culpable de traición a la patria, difusión de noticias falsas, incitación a la violencia, conspiración y terrorismo. Álvarez también fue privado de la nacionalidad nicaragüense, de sus bienes y de todos sus derechos civiles.

La seguridad, la libertad y la vida de muchos otros cardenales dependen de la actitud hacia la Iglesia que tengan los gobiernos a los que están sometidos. En la India, en particular, la amenaza para sus seis cardenales y para toda la Iglesia proviene de los nacionalistas hindúes, cada vez más poderosos y agresivos desde que en 2014 el partido hindú BJP ganase por primera vez las elecciones y su líder, Narendra Modi, se convirtió en primer ministro. En muchos otros países es el islam el que persigue a los religiosos y laicos cristianos. En el informe 2025 de la ONG Open Doors sobre los países en los que es más difícil ser cristiano, el islam es responsable en nueve de los trece estados en los que la persecución se clasifica como extrema y en 28 de los 37 en los que el nivel de persecución se define como muy elevado.

Entre los cardenales que corren mayor riesgo cabe recordar a Dominique Joseph Mathieu, arzobispo de Teherán-Isfahán de los Latinos desde 2021 y cardenal desde 2024, debido a que en Irán, la ya elevada intolerancia del régimen hacia la Iglesia puede adoptar formas aún más extremas. Los católicos de rito latino en Irán son unos 2.000, en su mayoría procedentes de Filipinas. Los cristianos son 800.000, quizá menos. Los que corren peor suerte son los conversos que han abjurado del islam, el pecado más grave para un fiel. Las autoridades iraníes irrumpen a menudo en sus casas y en las llamadas iglesias domésticas, es decir, las casas particulares en las que los fieles se reúnen para rezar juntos y leer textos sagrados. Suelen confiscar efectos personales, cruces y otros símbolos de fe.

Es alarmante el claro retroceso de la libertad religiosa en Irán, como lo demuestra el creciente número de detenciones y las duras condenas. Los delitos más frecuentes que dan lugar a sentencias severas son la “pertenencia a grupos de oposición”, “la propaganda contra el sistema” y “las actividades de propaganda contrarias a la ley islámica a través de relaciones con el extranjero”. Basta con ser sorprendido rezando en comunidad para merecer la cárcel, a lo que a menudo se suma la pérdida de los derechos sociales y diversas restricciones a la libertad de movimiento.

2. Fin