El caso Farage demuestra que los bancos controlarán nuestras ideas

No se puede tomar a la ligera la decisión de la dirección del banco Coutts de Londres de suspender la cuenta del diputado Nigel Farage. El damnificado ha revelado que le habían cerrado la cuenta “de forma poco amable” tras muchos años de relación continuada. El antiguo banco Coutts forma parte de un grupo controlado por NatWest, la National Westminster, dirigido por la banquera Alison Rose, que dimitió ayer y fue sustituida. ¿La razón del cierre? Varios comunicados publicados rápidamente afirmaban primero que la decisión se había tomado porque Farage no tenía suficiente dinero en la cuenta, al haber bajado del millón de libras invertidas, el “límite de riqueza” que exige la banca de Private Equity, es decir, de gestión de activos sustanciales.

Cuando Farage volvió a entrar dentro de esos límites la decisión de cerrar la cuenta no modificó en absoluto. En los últimos meses, el banco había elaborado un informe interno sobre Farage con “comentarios profundamente inapropiados” para castigarle como cliente y ciudadano por sus opiniones calificadas de “xenófobas, chovinistas y racistas”, juicios que parecen ser falsos. El informe del Comité de Reputación del banco Coutts afirmaba que Farage representaba un riesgo para la institución, poniéndole en evidencia por sus “comentarios desagradables que parecen cada vez más alejados de la sociedad en general”. El cierre se debe, por tanto, a razones ideológicas.

La noticia ha herido gravemente la reputación de Gran Bretaña como tierra de libertad de expresión. La presidenta del grupo bancario NatWest, la citada Alison Rose, ha intentado remediar como ha podido tras escuchar las declaraciones del primer ministro británico, Rishi Sunak, y de otros miembros del gabinete, que criticaron que se cerrara una cuenta por “las opiniones expresadas”. Sunak ha señalado que “no sería justo que se negaran servicios financieros a quienes ejercen su derecho a la libertad de expresión dentro de la legalidad”. Por su parte, la Ministra del Interior, Suella Braverman, ha calificado la decisión de “siniestra”. Al igual que Farage, Alison Rose se disculpó y dimitió anteayer debido a estas intervenciones, evidentemente destinadas a limitar los daños en el sistema bancario británico que tiene innumerables cuentas abiertas por extranjeros, árabes por ejemplo, que probablemente albergan sentimientos que no son “inclusivos”, según la vara de medir de lo políticamente correcto.

El jueves 13 de julio, Farage agradeció las disculpas, añadiendo que entendía que se habían  producido sólo bajo la presión del Gobierno, que se sentía avergonzado de que un gran banco como NatWest redactara informes con comentarios políticos e ideológicos. Rose, disculpándose de forma poco convincente, se justificó diciendo que los comentarios, preparados por expertos para el “riesgo de reputación de activos” de Coutts, “no reflejan la opinión del banco”, es decir, no de Coutts, sino la de la empresa matriz NatWest. Y añadió: “Ninguna persona debería leer tales comentarios y pido disculpas al señor Farage por ello”.

¿Una disculpa real? No, “control de daños” táctico. Sólo palabras, sin ningún hecho, porque la decisión se ha confirmado, la cuenta no se ha vuelto a abrir y la presidenta invitó a Farage a abrir una cuenta incluso en NatWest, abandonando Coutts. Farage comentó: “En la vida siempre es agradable recibir una disculpa, así que gracias dame Alison por disculparse. Sin embargo, lo que en realidad me han dicho, en privado, es que se vio obligada a actuar como lo hizo porque estaba bajo presión del Ministerio del Tesoro”.

Farage también declaró que había oído que se estaban evaluando la situación de otras miles de personas, cosa que ha encendido aún más las alarmas. Para controlar aún más los daños, Andrew Griffith, Secretario Económico del Tesoro, declaró que los bancos deben permitir que “todo el mundo se exprese con libertad” sin temor a perder el acceso a las actividades bancarias y que el Gobierno estudiaría la posibilidad de pedir a los bancos que “expliquen y retrasen” cualquier decisión de cerrar cuentas e iniciar una revisión de las normas que rigen la forma en que los bancos tratan a las “personas políticamente expuestas” (PEP, Politically Exposed Person) como Farage.

Son sólo promesas, pero el hecho grave permanece y ha sentado precedente. El Gobierno británico iniciará una larga revisión para examinar si flexibiliza “las estrictas normas heredadas de la UE sobre las PEP nacionales”, manteniéndolas para las personas extranjeras. Gracias a esta frase deducimos que las personas políticamente expuestas son valoradas por igual en toda la UE.

Más allá de excusas y promesas, Farage ha sido expulsado del banco con el que mantenía una relación desde hacía años, a pesar de tener un importante depósito. De este modo, este banco –y no es el único- hace saber que vigila de cerca las ideas y opiniones de sus clientes. Podría suceder que, en un futuro próximo, rechazar la realidad del “cambio de sexo” o el adoctrinamiento de género en las escuelas por parte de drag queens o cuestionar el cambio climático antropogénico sea suficiente para ser considerado “no inclusivo” o “no lo suficientemente verde” y que le cierren a uno las cuentas o las hipotecas.

¿Una exageración? No tanto. Los bancos están incorporando gradualmente normas y los llamados principios ESG (Environmental, Social and Governance), un efecto de la Agenda 2030 y otros documentos políticamente correctos del Politburó. Esto hace temer que los principios impuestos sobre el medio ambiente, la sexualidad y la sociedad puedan poner en riesgo financiero, en un futuro próximo, a los ciudadanos que no los cumplan. Está claro que “castigar” a una figura políticamente expuesta como Farage es una señal, como lo fue en Canadá, el pasado mes de febrero, bloquear las cuentas de los camioneros que protestaban por la imposición de una medida similar al Pasaporte Verde.

En aquel caso, la Royal Canadian Mounted Police de Canadá congeló automáticamente 206 cuentas bancarias y corporativas de particulares o empresas. La medida, posible gracias a una ley canadiense, la Ley de Emergencias, estaba –que se sepa- limitada en el tiempo. Pero son indicios que se multiplican, y el caso de Farage no es el único. Todo esto nos hace darnos cuenta de lo peligroso que es depender totalmente de los circuitos digitales unificados y, en un futuro próximo, únicamente del dinero digital. La presión que se ejerce en este caso sobre las personas y las familias puede ser intolerable, sobre todo si se produce por un inconformismo ideológico ante temas como el género, la sexualidad y la religión, que deberían pertenecer, en un mundo normal, a la esfera privada más íntima y libre. La congelación de decenas de miles de cuentas de ciudadanos rusos y bielorrusos intachables, -incluso estudiantes, alumnos, pianistas, profesores- en toda la zona de la UE, es también un precedente muy grave. Las represalias pueden caer sobre cualquiera en cualquier momento debido a las tensiones internacionales. 

Los bancos siempre han tenido derecho a cerrar una cuenta corriente si aparecen posibles delitos financieros y altos niveles de riesgo, según la normativa del banco central. Las investigaciones judiciales también pueden ser la base de esta decisión. Así era también en Inglaterra, así es en Italia y en los países de la UE, pero la adhesión a normas ESG que vinculan a los empleados de banca en cuanto a comportamiento y expresión de ideas, podrían evidentemente extenderse a los clientes, como demuestra el caso Farage, y hace que las aguas en las que navegamos sean extremadamente arriesgadas.

Además, el mundo bancario deja claro en todos los sentidos que ahora está poco interesado en el ahorro privado. Vive de los derivados, de la especulación, del bond future, un mundo completamente alejado de la industria, del trabajo y de la realidad. En Francia se han tomado recientemente algunas decisiones, por ejemplo, que suponen que a un titular extranjero con una cuenta abierta para pagar los servicios públicos en ese país le cerrarán la cuenta a menos que domicilie pensiones o salarios. ¿Adónde va a parar la tan cacareada utilidad de la Unión Europea para proteger a los ciudadanos? Y los bancos, convertidos en instituciones financiero-especulativas, no tienen ningún interés por sus relaciones con los clientes particulares y del bienestar de las sociedades en las que operan.