¿El aborto avanza mientras la jerarquía católica calla?

El 13 de diciembre publicamos el artículo No es peronismo, el gobierno Fernández se revela socialista, en el que sostuvimos que el gobierno argentino que asumió el 10 de diciembre ppdo. no era un gobierno peronista, sino social-demócrata, en el que no faltaba el proyecto de impulsar la pena de muerte para los niños por nacer¸ eufemísticamente llamado legalización del aborto, que en campaña electoral había sido presentado como un tema no prioritario, pero sí a tratar, pero que después del triunfo electoral de Alberto Fernández el 27 de octubre que lo consagró presidente, en el mes de noviembre la legalización del aborto se convirtió en agenda prioritaria para el neo-electo presidente.

Dijimos entonces que esta “aceleración abortista” le había valido al presidente electo la reprimenda pública del arzobispo de La Plata, monseñor Víctor Fernández, el alter-ego de Francisco, quien en ese lenguaje tan típico de los hombres de curia le reprochó no tanto el tema de la legalización en sí, sino el cambio de ritmo del planteo, adelantando los tiempos de su tratamiento al comienzo de la gestión gubernamental. Como dijimos anteriormente, el problema es que la legalización de la pena de muerte prenatal, eufemísticamente llamada aborto, se ha constituido en una de las primeras prioridades del gobierno que preside Alberto Fernández, quien en su discurso inaugural ni mencionó el tema, haciendo expresa mención a la necesidad de cerrar las grietas que dividen a los argentinos.

¿Esta urgencia abortista habrá sido impuesta por presión del Fondo Monetario Internacional, para poder llegar a un acuerdo en el caso de la monumental deuda impagable que el país tiene con este siniestro organismo internacional? 

En ese mismo artículo comentamos también la reacción del ex embajador argentino ante la Santa Sede durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, frecuentador de la Casa Santa Marta y actual legislador nacional, quien afirmó que “el aborto en Argentina va a ser ley, que Francisco no va a estar de acuerdo pero no se va a oponer a ello”, porque “sabe que el mundo marcha en esa dirección”. En ese momento dijimos que el ex embajador argentino parecía haber opinado por su cuenta, pero teníamos la firme presunción o sospecha que en realidad Valdés cumplía la misma función que Eugenio Scalfaro en Italia, diciendo cosas en nombre de Francisco que éste mismo no puede o no quiere afirmar por sí mismo. Dijimos también que lo que había alimentado nuestras sospechas había sido la reacción del presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Vicente Ojea, quien en un comunicado sostuvo que “el único que puede hablar en nombre del Papa es el mismo Papa”, desautorizando suavemente las expresiones del ex embajador argentina ante la Santa Sede, confeso católico pero ahora pro-aborto.

Apenas asumió, el presidente argentino recibió la visita de los jerarcas de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Oscar Vicente Ojea, el cardenal Mario Alberto Poli, monseñor Marcelo Daniel Colombo y monseñor Carlos Humberto Malfa, en “un clima de cordialidad y de buena sintonía”, tal como lo informaron los diarios Página12 e Infobae, entre otros. En esta reunión, los obispos plantearon suavemente su “sorpresa, desazón y preocupación” por las iniciativas gubernamentales sobre el tema del aborto, recibiendo como respuesta del presidente argentino que “los obispos pueden plantear y expresar su postura histórica doctrinal sobre el aborto, pero que a él le preocupan las vidas de las mujeres que mueren por abortar en condiciones inseguras”, dejando de lado las cientos de miles de vidas de niños y niñas que han sido asesinadas antes de nacer. En este sentido, llama la atención que el mandatario argentino, abogado de profesión, considere que matar el hijo antes de nacer es un derecho y que les quite identidad y personalidad humanas a las criaturas por nacer, al mejor estilo de las dictaduras militares que “por izquierda”, es decir, en forma ilegal, secuestraban y asesinaban a dirigentes políticos, sociales y sindicales, entre otros, aniquilando el carácter de personas de los mismos.

Es cierto que en su mensaje de Navidad, pocos días después y con muy poca trascendencia pública, la Conferencia Episcopal dio a conocer su Mensaje de Navidad, en el que afirma que con las iniciativas pro-aborto del Gobierno argentino se vulnera la jerarquía normativa y jurídica de la vida argentina, al imponerse por parte de un funcionario gubernamental “un protocolo administrativo en abierta contradicción con la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales suscritos por la Argentina y el Código Civil y Comercial de la Nación, entre otras leyes nacionales que tutelan la vida desde la concepción”.

Pero después de estas escaramuzas virtuales a través de los medios de comunicación y de las redes sociales, el tema desapareció de la agenda pública. Tal como lo definió el 29 de diciembre la Editorial Perfil en su sitio web, “Iglesia y Gobierno abren un paraguas por el aborto”, es decir, “las dos partes aceptan y reconocen sus diferencias sobre la cuestión, pero evitan que esta contraposición de opiniones, sobre un tema tan delicado, afecte el resto de las dimensiones que abarca la relación. La información fue confirmada a ambos lados de la mesa, por fuentes laicas y eclesiásticas. El modelo se asemeja al que adoptaron el Reino Unido y la Argentina para sus relaciones bilaterales tras el conflicto del Atlántico Sur. En ese caso, la diferencia es la referida a la soberanía de las Malvinas. En los dos ejemplos, cada parte mantiene reserva de su postura sobre el tema que divide, sin que ello impida trabajar en otros frentes. Esto explica las posiciones firmes de obispos influyentes ante la adopción del protocolo de aborto no punible, o la reacción del arzobispo de La Plata, Víctor Manuel Fernández, ante los gestos a favor de los pañuelos verdes de Alberto Fernández.

Pero lo grave es que esta impasse no ha impedido que se detenga el avance gubernamental de promover la práctica del aborto a través de una Resolución Administrativa del Ministerio de Salud de la Nación, sin que haya ninguna reacción de la jerarquía católica para reforzar su postura doctrinal.

Muy por el contrario, el martes 31 de diciembre el presidente Fernández ha reafirmado su voluntad de promover en el plazo más breve posible el debate parlamentario sobre la legalización del aborto, para su aprobación en el transcurso del año, definiendo a esta aplicación de la pena de muerte contra los nascituroscomo “un problema de salud pública”, ya que “la mujer que quiere abortar tiene derecho a hacerlo, y tiene que hacerlo en condiciones seguras”.

En el tema del aborto el presidente Alberto Fernández se cree progresista, pero en realidad es vocero del imperialismo internacional del aborto, ya que repite literalmente los dogmas abortistas y genocidas de John Davison Rockefeller III, explicitado en su informe del año 1972 al presidente Richard Nixon, sobre elCrecimiento Poblacional y el Futuro de Estados Unidos, el manual completo del control de la natalidad elaborado a pedido del entonces presidente estadounidense. En el capítulo 11 de este texto se dice claramente que “se deben hacer los mayores esfuerzos para extender y mejorar la oportunidad para los individuos de controlar su propia fertilidad, apuntando al desarrollo de un principio ético básico que sólo deben ser traídos al mundo los hijos deseados”, que “las mujeres deben ser libres para determinar su propia fertilidad, que la cuestión del aborto debe ser dejado a la conciencia de la individuo involucrada, en consulta con su médico, y que los Estados deben ser alentados para promover estatutos legales afirmativos que creen un ambiente claro y positivo para la práctica del aborto a pedido” y que “el aborto no debe ser considerado un sustituto para el control de la natalidad, sino más bien como un elemento en un sistema general de cuidado de la salud materno-infantil» (Population Growth and the American Future, Chapter 11: Human Reproduction, Nueva York 1972).

En este sentido, el presidente Alberto Fernández y la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner actúan como delegados vicarios del imperialismo financiero internacional que promueve el genocidio prenatal como derecho de la mujer a matar a su propio hijo.

Como se puede apreciar, el período vacacional que en estos meses vive la Argentina no le impide a los actuales gobernantes seguir con su estrategia de legalizar el aborto. Llamativamente, la jerarquía católica se ha llamado a silencio, lo cual hace sospechar a muchos que existe un pacto de “no levantar olas” y resignarse a que se legalice en Argentina el genocidio prenatal a petición, porque no han establecido ni seguramente lo intentarán en el futuro una convocatoria a los grupos provida que trabajan incansablemente en nuestro país para defender la vida más inocente e indefensa de todas.

Ni siquiera se les ha ocurrido instituir el pedido de cada Misa que se celebra que se rece por los niños por nacer y que la mano de Dios ayude a detener este proyecto siniestro. Mientras los jinetes del genocidio han iniciado su ofensiva, los “pastores católicos”, salvo honrosas y valientes excepciones como el obispo emérito Héctor Rubén Aguer, parecen haber decidido “quedarse en el molde” y no perturbar al gobierno-títere al servicio del clan Rockefeller y su siniestro proyecto genocida. En este sentido, el Episcopado argentino parece la versión siglo XXI d. C. de la tibia y cobarde Iglesia de Laodicea (Ap 3, 14-22), a la que el Señor le tiene destinado su vómito de repulsión.

Pero si la jerarquía católica se llama a “cuarteles de invierno”, la inmensa mayoría del pueblo argentino se va a poner de pie y presentará batalla a estos nuevos escuadrones de la muerte subvencionados por el capitalismo financiero internacional y sus gobiernos títeres, consciente que no son el número ni el dinero los que vencen sino el Poder que viene de lo alto. Como siempre en la historia, Dios ayudará al pueblo argentino si el pueblo argentino se deja ayudar por Dios, dejando de lado vanidades y mezquindades.