Dos mil mártires españoles de un Frente Popular que vuelve al gobierno

El pasado 12 de diciembre, el Papa Francisco aprobó el decreto que reconoce 27 nuevos mártires de la guerra civil española (1936-1939). En esta ocasión son todos miembros de la familia dominica: 25 religiosos, una religiosa y un laico terciario de la Orden de Predicadores. Los asesinatos se produjeron en los primeros meses de la contienda y en distintos lugares del centro y sur de España: Almagro (Ciudad Real), Huéscar (Granada), varios enclaves de Almería…

Desde que, el 29 de mayo de 1987, Juan Pablo II beatificase a tres monjas carmelitas de Guadalajara, el número de mártires de la Guerra Civil española reconocidos por la Santa Sede asciende ya a 1962: obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos que murieron “en odio a la fe” durante la que es considerada la mayor persecución religiosa de la Historia. Dicha persecución se concentró en los primeros meses de la guerra, pero no porque el designio anticristiano disminuyese con el paso del tiempo, sino porque todos los que no habían sido asesinados en ese periodo inicial se encontraban escondidos o encarcelados… allí donde la cárcel, gracias al sentido del deber de algunos hombres honestos, no fue sinónimo de muerte. El exterminio de la Iglesia “visible” en la zona bajo control del Frente Popular fue eficaz y, al menos en la intención, total.

Ese exterminio lo llevaron a cabo de forma sistemática milicianos, armados por el Gobierno, de partidos y sindicatos integrados en él: PSOE (partido socialista), UGT (sindicato socialista), PCE (partido comunista), CNT/FAI (anarquistas), ERC (independentistas catalanes)... El terror fue sistemático y en algunos casos se revistió de una crueldad diabólica.

Se da la circunstancia de que, por primera vez desde 1936, el Gobierno que se está formando en España, con Pedro Sánchez a la cabeza, va a englobar a todas esas tendencias: el PSOE (que ya gobernó en solitario con Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero), los neocomunistas de Pablo Iglesias y Unidas Podemos (que incluyen lo que queda del PCE) y, como partido cuyo apoyo parlamentario es necesario, ERC, que participó en el intento de secesión de Cataluña de 2017 como lo hizo dos veces en los años 30.

Y todo ello, a la vez que se intensifica la aplicación de la Ley de Memoria Histórica de Zapatero de 2007, que pretende imponer a todos los españoles la visión de la Guerra Civil propia de la propaganda bélica estalinista. El PP (Partido Popular) de Mariano Rajoy prometió derogarla y pudo hacerlo, pues gozó de mayoría absoluta entre 2011 y 2015, pero se plegó a las consignas culturales de la izquierda y la ley siguió en vigor durante sus siete años de gobierno. Ya en 2002, el PP, gobernando José María Aznar, había aprobado en el Congreso de los Diputados, junto con el resto de grupos, una resolución condenando el Alzamiento Nacional de 1936. Y en 1995 el PP de Aznar, aún en la oposición, había apoyado que se reconociese la nacionalidad española, como luchadores por la libertad y la democracia, a los miembros de las Brigadas Internacionales reclutados en todo el mundo por los comunistas para librar la guerra en España al servicio de Stalin, de muchos de cuyos crímenes fueron ejecutores.

De esta forma, la sociedad española vive una esquizofrenia asombrosa. Por un lado, la Iglesia reconoce que miles de sus hijos fueron martirizados por uno de los bandos de la Guerra Civil, aunque la jerarquía eclesiástica hace lo posible por esconder quiénes fueron los asesinos. Por otro, el establishment político, cultural y mediático (incluido el sistema de enseñanza) impone la idea de que ese bando que asesinaba miles de personas solo por su fe (por supuesto, las cifras se disparan si añadimos las causas políticas) era el bando “bueno”, el de la libertad y la democracia, al que se oponía una entente “fascista” de militares, terratenientes, aristócratas, banqueros y obispos comandados por Francisco Franco.

Políticamente, solo Vox mantiene un discurso acorde con los hechos tal como sucedieron y contrario a resucitar el odio ideológico de la izquierda, y trabaja activamente contra la Ley de Memoria Histórica. El partido que preside Santiago Abascal debe buena parte de su éxito electoral a esa gallarda reivindicación del sentido común.

Cultural y mediáticamente, en éste como en otros aspectos de la guerra cultural, las redes sociales y un puñado de pequeñas empresas de comunicación están sirviendo de contrapeso a las corrientes mainstream de la corrección política, sosteniendo la Verdad de la historia sobre aquellos que murieron por la Verdad que es Cristo. Fruto de ese esfuerzo son, por ejemplo, dos recientes películas que retratan páginas martiriales de la Iglesia española: “Un Dios prohibido” (2013), de Pablo Moreno, sobre mártires claretianos, o “Bajo un manto de estrellas” (2014), de Óscar Parra de Carrizosa, precisamente sobre los mártires dominicos de Almagro que van a ser ahora beatificados.

*Vicedirector de www.religionenlibertad.com