Desenmascarada la red anticatólica del FBI

El Departamento de Justicia de EE. UU. ha declarado que el FBI ha incurrido en una “grave falta de responsabilidad” al redactar su polémico “memorándum católico” de 2023, cuyo objetivo era vincular a extremistas racistas y violentos con los denominados católicos “radicales-tradicionalistas”. El pasado 28 de agosto, un nuevo informe del Departamento de Justicia ha revelado que el personal del FBI había iniciado investigaciones sobre dos sacerdotes católicos y llevado a cabo actividades de vigilancia relacionadas con el “Richmond Catholic Memo”, y que siguió revisando el documento incluso después de la orden de supresión emitida por la sede central de Washington, a raíz del escándalo y las posteriores investigaciones del Congreso que hemos descrito desde 2023.

El reciente documento revela que una investigación sobre un extremista violento ha conducido a la vigilancia de miembros del clero afiliados al catolicismo tradicional, aunque el FBI concluyó al final que los sacerdotes no representaban amenaza alguna para la seguridad nacional. El informe arroja además nueva luz sobre las controversias internas relativas a la fiabilidad del Southern Poverty Law Center, el centro de extrema izquierda más influyente, creador y difusor de desinformación y difamación contra las realidades católicas de todo el mundo.

“Este Departamento de Justicia no tolerará una burocracia instrumentalizada que ahogue las actividades amparadas por la Primera Enmienda”, ha declarado Todd Blanche, el recién elegido fiscal general, en un comunicado de prensa relativo al informe, redactado por el “Grupo de Trabajo sobre la Instrumentalización del Departamento de Justicia”, precisando que las personas que elaboraron el Richmond Domain Perspective ya no trabajan para el FBI. “La Richmond Perspective fue un claro abuso de poder que se cebó contra las convicciones conservadoras y religiosas que resultaban molestas a los agentes gubernamentales carentes de la supervisión necesaria”, ha asegurado el fiscal general adjunto Stanley E. Woodward Jr.

Hay que recordar que el memorándum del 23 de enero de 2023, publicado por la oficina del FBI en Richmond y filtrado en febrero de ese mismo año, se hizo tristemente famoso por adoptar la definición de “católicos tradicionales radicales” como extremistas, propuesta por el Southern Poverty Law Center, y que incluía a quienes asistían a misas en latín, rezaban el Santo Rosario y practicaban ritos religiosos tradicionales como, por ejemplo, las procesiones. El entonces director del FBI, Christopher Wray, declaró en julio de 2023 que el memorándum procedía de “un único documento de una única oficina periférica”, aunque las investigaciones posteriores han documentado la implicación de varias oficinas periféricas y las investigaciones y comparecencias de los funcionarios de la Administración Biden, incluido el exministro de Justicia Merrick Garland, han ocultado información o incluso han mentido al Congreso.

Además de la complacencia y la complicidad de la Administración del “devoto” católico Joe Biden con los actos de persecución y espionaje contra los católicos, está estallando poco a poco el escándalo relacionado con la credibilidad que el FBI atribuyó al Southern Poverty Law Center, citado como fuente fidedigna más de 22.000 veces en el Richmond Catholic Memo, a pesar de que las políticas del FBI establecen que toda cita debe verificarse, mientras que, en el caso del SPLC, las afirmaciones se incluían sin ninguna reserva sobre su credibilidad y fundamento.

En su momento el SPLC adquirió notoriedad al interponer demandas contra el Ku Klux Klan y al vigilar a los grupos supremacistas formados por hombres blancos. Sin embargo, ahora la organización se enfrenta a acusaciones federales de fraude y conspiración relacionadas con su programa de “informantes a sueldo”, hasta tal punto que Heidi Beirich, exdirectora financiera del Southern Poverty Law Center, fue detenida y acusada el pasado 12 de agosto, en el marco del proceso iniciado por el Departamento de Justicia, según el cual la organización habría utilizado en secreto los fondos de los donantes para pagar a informantes dentro de grupos supremacistas blancos, alimentar el “odio” que afirma querer combatir, exagerando su percepción pública y situando a organizaciones conservadoras y cristianas tradicionales en un “mapa del odio” junto a las secciones del Ku Klux Klan.

En todo esto, además de la creciente toma de conciencia sobre la terrible conspiración y el control que los demócratas –liderados por Biden y Harris- habían ordenado ejercer sobre los católicos, hay que agradecer la determinación de los altos cargos del actual Departamento de Justicia y del director en funciones del FBI, Kash Patel, quien ha declarado haber interrumpido las relaciones entre la agencia y el SPLC, calificándolo de “máquina difamatoria partidista” destinada a incitar a la violencia. Se empieza a hacer justicia en Washington, aunque aún no hay que bajar la guardia.