Derecho paralelo: proliferan los tribunales islámicos en Europa

La sombra del derecho islámico ha traspasado oficialmente las fronteras italianas. En Padua, con unos estatutos formalizados en marzo y que en estos momentos están plenamente operativos, ha nacido la primera Cámara Arbitral Islámica de Italia. Una institución que se presenta en la web como un organismo independiente concebido para gestionar los litigios civiles y mercantiles bajo los principios de la sharia.

¿Pero qué representa realmente este código y cómo se está arraigando en el corazón del Viejo Continente? La sharia —cuyo significado etimológico evoca el “camino luminoso”— no se limita a un compendio de normas que regulan el culto, sino que constituye un sistema global que rige el derecho de familia, el código penal y civil, así como el derecho bancario y administrativo de la comunidad islámica. En su significado metafísico, la sharia es la Ley de Alá y, al ser su revelación directa, sigue siendo absoluta e incuestionable para los hombres.

Las normas del Estado entran en conflicto con las reglas islámicas —como en el caso emblemático relacionado con el uso del velo—, y por este motivo cientos de ciudadanos musulmanes europeos, en los últimos treinta años, han iniciado complejos litigios llegando incluso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para que se proteja el islam. Desde 1995 hasta la actualidad, son innumerables las sentencias dictadas a favor de musulmanes que han asumido, incluso económicamente, todo el proceso judicial nacional para llegar finalmente al Tribunal de Estrasburgo con la esperanza de que se les reconozcan las leyes de la sharia.

Los tribunales de la sharia son ya un fenómeno consolidado en Europa. El caso de Grecia representa una excepción histórica única: en Tracia occidental, una ley de 1920 otorgó durante un siglo al muftí un poder semioficial sobre el derecho de familia y las sucesiones de la minoría musulmana local, aplicando de oficio las cuotas hereditarias desiguales previstas por el derecho islámico. Solo en 2018 dicha jurisdicción pasó a ser facultativa a raíz de la histórica sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Molla Sali contra Grecia, interpuesto por una mujer a la que se le había impuesto la sharia sucesoria en contra de su voluntad.

En cambio, en el Reino Unido la incorporación de la sharia al sistema jurídico se produjo a través del arbitraje civil. A través del artículo 46 de la Arbitration Act de 1996 y de los códigos de Alternative Dispute Resolution, la legislación británica permite a las partes someter sus controversias a un colegio arbitral capaz de decidir según “otros criterios” acordados, clasificando estos tribunales como “tribunales arbitrales musulmanes”. Sobre esta base surgió en 2007 el Muslim Arbitration Tribunal, lo que permitió la proliferación de más de cien tribunales y consejos islámicos repartidos por todo el país, con sedes históricas en Londres, Birmingham, Bradford, Mánchester, Nuneaton y Leyton. Pero, mucho antes de que todo se regularizara, la primera estructura vio la luz ya en 1982 con el Islamic Shari’a Council, que sigue existiendo y que gestiona, desde entonces, una media de trescientos casos al mes. Esto se debe a que, en el sistema del Common Law británico, es posible que las partes decidan someter el litigio a un “árbitro”. Sin embargo, estos tribunales se basan en el rechazo de los derechos humanos y en una concepción sui generis de la mujer.

Los miembros de estos consejos actúan como auténticos qadi (jueces), emitiendo fatawa y gestionando casos de matrimonio, separación, pensión alimenticia, controversias económicas y sucesiones. El objetivo declarado por escrito es “fomentar el ejercicio de la fe islámica según el Corán y la Sunna, estableciendo un tribunal capaz de decidir únicamente con arreglo al derecho islámico”.

El impacto de este sistema judicial paralelo en el derecho británico es disruptivo. La Law Society ha llegado incluso a emanar directrices para abogados y notarios destinadas a redactar testamentos conformes a la sharia. Son documentos que, por ejemplo, niegan a las mujeres una parte de la herencia igual a la de los hombres (garantizando a los herederos varones el doble), excluyen por completo de los beneficios a los no musulmanes, no reconocen los derechos de los hijos adoptados ni la posibilidad de que una mujer se case con un no musulmán, algo que, en cambio, sí es posible si se invierten los papeles. El divorcio está permitido, pero las normas siguen estando profundamente sesgadas a favor del hombre, al que le corresponde todo.

Además, la integración de la ley islámica en el Reino Unido ha traspasado el ámbito civil para extenderse también al bienestar social. Ya en 2014, cuatro ministerios (Trabajo, Hacienda, Hacienda Pública e Interior) reconocieron la poligamia a efectos de las prestaciones sociales, lo que permitió a un hombre con cuatro esposas percibir hasta unas 800 libras al mes de los contribuyentes británicos, además de ayudas a la vivienda incrementadas para las familias numerosas.

Si nos trasladamos a Suecia, en octubre de 2025 se fundó en Estocolmo el Walving-Lundberg Business Court (WLBC), una institución de arbitraje privado dotada de una sección especial que permite resolver disputas comerciales, financieras y familiares aplicando los principios de la sharia. A cambio de una cuota de inscripción de 20.000 coronas (unos 1.800 euros), la institución emite resoluciones vinculantes que, aunque no abordan el derecho penal ni la custodia de los menores, incorporan todo lo demás que se considera “correcto según el islam”.

En Alemania, la realidad cotidiana de muchos clanes de inmigrantes turcos, kurdos, libaneses y palestinos se resume en el lema “lo arreglamos entre nosotros”, recurriendo a tribunales oficiosos y a la justicia coránica: todo ello mucho menos institucionalizado que sus homólogos europeos, pero ciertamente no menos eficaz. El debate estalló a nivel político cuando Angela Merkel, a finales de 2016, se vio obligada a reiterar con firmeza la prevalencia absoluta del derecho alemán frente al surgimiento de ordenamientos paralelos que pretendían avalar matrimonios de menores (como el celebrado entre un joven de veintiún años y una siria de quince, reconocido en primera instancia) o los malos tratos en el ámbito familiar.

Pero el caso desencadenante fue el de la “ronda” de Wuppertal: un grupo de islamistas que patrullaba las calles con chalecos naranjas en los que se leía “Sharia Police” para instar a los ciudadanos a evitar el alcohol, la música y la carne de cerdo, de acuerdo con el Corán. En 2015, llegó la sentencia judicial: pueden continuar porque no “constituyen una intimidación belicosa”.

En Francia, aunque no existan tribunales islámicos reconocidos, hay barrios donde prevalece la fuerza del número: la homogeneidad cultural ha propiciado la creación de normas internas de predominio islámico con zonas prohibidas para la policía.

En este panorama europeo ya consolidado, la experiencia de la Cámara de Arbitraje Islámica de Padua se inscribe en la estela de lo que ya es una realidad en otros lugares y deja entrever para el futuro de Italia la posibilidad de un sistema islámico paralelo.

La institución promueve sus servicios y ofrece árbitros cualificados tanto en el derecho secular como en las doctrinas de la sharia, capaces de emitir veredictos rápidos, definitivos e inapelables. Sentencias que tendrán, según se indica en su página web, el mismo valor que las dictadas por la magistratura ordinaria italiana. Y que, gracias a la Convención de Nueva York de 1958, garantizan a los laudos arbitrales basados en la sharia un auténtico “pasaporte internacional” para ser reconocidos y ejecutados en más de 170 países de todo el mundo.