Israel-Palestina, 7 de octubre: mantener vivo el recuerdo y acabar con el odio

Era el 7 de octubre de 2023, el reloj se paró a las 6:30. En Israel se estaba celebrando el Simjat Torá, que pone fin a las festividades de Sucot. Ese día el país se despertó bajo el ensordecedor sonido de las sirenas: una lluvia de cohetes, seguida de la incursión de Hamás y otros grupos armados palestinos que cruzaron la frontera entre Gaza e Israel para llegar a los kibutz, las viviendas y el festival en el desierto.

Unas 1.200 personas fueron asesinadas y llevaron a la Franja a 251 rehenes. En un abrir y cerrar de ojos, Israel descubrió de la forma más brutal que su seguridad podía ser vulnerada y que la protección de sus ciudadanos que tanto ostentaban se había desvanecido en un instante. Ese día nunca ha terminado para cientos de familias: han pasado tres años, pero el tiempo se ha detenido en aquella trágica mañana. El 7 de octubre no necesita justificaciones y no puede transformarse en lo que no fue, es decir, un acto de resistencia legítima. Ninguna causa política puede avalar una masacre de civiles de tal magnitud, el secuestro de personas indefensas y la conversión de los rehenes en instrumentos de guerra. Es necesario comprender las razones de un conflicto, pero confundir la comprensión con la justificación de los crímenes significa borrar la distinción fundamental entre las razones de una causa y los medios con los que se persigue. La culpa de Hamás por lo ocurrido el 7 de octubre es enorme y gravísima.

Pero esa responsabilidad tampoco puede convertirse en una coartada para todo lo que ha ocurrido después. Israel tiene derecho a defender a sus ciudadanos y a combatir a Hamás, pero este derecho no le exime de las obligaciones que le impone el derecho internacional ni puede eludir el juicio sobre la forma en que ha llevado la guerra en Gaza y las consecuencias que ésta ha tenido para la población palestina. En estos tres años han sido asesinados decenas de miles de palestinos, entre ellos un número desproporcionado de niños, mujeres y personas mayores. La población civil se ha visto arrasada por los bombardeos, la destrucción de viviendas e infraestructuras, el colapso de los servicios esenciales y una crisis humanitaria de enormes proporciones. Pero el problema no es solo humanitario. Es político.

Un Estado que cuenta con uno de los ejércitos más poderosos del mundo no puede ser juzgado únicamente por las intenciones que declara, sino también por los efectos de sus acciones. Israel debe ser capaz de impedir que se repita otro 7 de octubre. Es en este punto donde el debate occidental ha mostrado, con demasiada frecuencia, un desequilibrio: se ha reconocido el derecho de Israel a defenderse, mientras que se ha debatido mucho menos sobre los límites de este derecho en lo que respecta a los civiles afectados. Del mismo modo, la condena de la guerra y de sus consecuencias no puede traducirse en el olvido de los crímenes cometidos contra los civiles israelíes.

Y es que estas dos verdades tienen que permanecer unidas: el 7 de octubre fue un crimen y la responsabilidad de Hamás es inequívoca; del mismo modo, el sufrimiento de los civiles palestinos y la conducción de la guerra por parte de Israel deben evaluarse según los mismos principios. Las víctimas no se compensan ni compiten entre sí.

El derecho de Israel a la seguridad no anula la obligación de respetar el derecho internacional, del mismo modo que la presencia de Hamás en Gaza no convierte a la población palestina en un objetivo bélico. Del mismo modo, los crímenes de Hamás no convierten a todos los palestinos en cómplices, y las decisiones del Gobierno israelí no hacen a todos los israelíes corresponsables. Cuando se borran estas distinciones, la culpa de unos se convierte en la culpa de todo un pueblo y la guerra contra una organización armada corre el riesgo de transformarse en una guerra contra una población. Al fin y al cabo, la muerte de un niño palestino no vale menos que la de un niño israelí. La dignidad humana no conoce fronteras.

Esta eliminación de distinciones en Gaza ha provocado una devastación que no puede ignorarse a la hora de juzgar la guerra: ciudades e infraestructuras destruidas, familias destrozadas, desplazamientos repetidos y servicios esenciales colapsados. Son consecuencias que no borran los crímenes del 7 de octubre pero que deben evaluarse sin concesiones. La misma medida debe aplicarse a todos: quienes hayan matado a civiles, secuestrado rehenes o cometido otros crímenes deben responder por ello, del mismo modo que deben investigarse y perseguirse las posibles violaciones cometidas en el desarrollo de las operaciones militares. Solo una justicia capaz de distinguir las responsabilidades individuales de la culpa colectiva puede rescatar el futuro de la lógica de la venganza.

Pero es precisamente aquí donde se abre el reto más difícil: reconstruir el futuro. La guerra no habrá terminado realmente aunque las armas callen. Quedarán los escombros, el luto, los prisioneros, las familias destrozadas, las ciudades por reconstruir y una generación que ha crecido en el miedo y en la convicción en ambas partes de que el otro representa una amenaza permanente. Detener los combates será indispensable, pero no bastará. La paz comenzará de verdad cuando el enemigo vuelva a tener un rostro humano, cuando el dolor de uno ya no se utilice para negar el del otro y cuando la seguridad de un pueblo ya no se perciba como una amenaza para la supervivencia del otro.

Éste es el reto señalado por León XIV, quien, ante las guerras, ha exhortado a los responsables de los pueblos a la necesidad de reunirse, dialogar y negociar, recordando que el otro no puede reducirse a la figura del enemigo y que hay que devolver la dignidad de la paz a los pueblos. Es un llamamiento que adquiere un significado especial en Tierra Santa: ninguna seguridad duradera puede surgir de la inseguridad permanente de la otra parte y ninguna victoria militar puede sustituir a un acuerdo político capaz de garantizar el futuro y la dignidad. En la misma línea se sitúa la reflexión del cardenal Pierbattista Pizzaballa, patriarca de Jerusalén de los Latinos, quien ha denunciado el círculo vicioso en el que la violencia genera más odio y el odio produce nueva violencia. Romperlo significa no solo detener las armas, sino reconstruir el diálogo, la confianza y las relaciones humanas. Significa, en otras palabras, liberarse progresivamente del odio que impide ver en el otro a un ser humano y no solo al representante de una amenaza.

Pero nuestro destino es estar juntos. No para olvidar ni para borrar las responsabilidades o pedir a las víctimas que renuncien a la memoria y a la justicia, sino juntos para que israelíes y palestinos puedan dejar de ser definidos exclusivamente a través del dolor que han sufrido o del que han infligido. Dos pueblos no son dos ejércitos ni dos bloques opuestos de víctimas y culpables. Son millones de personas que tienen derecho a vivir, a recordar a sus muertos, a criar a sus hijos sin miedo, a tener un hogar, libertad y un futuro. Por eso, la paz no puede ser la victoria de un pueblo sobre otro, ni la rendición de una parte ante la fuerza de la otra. Debe ser la construcción paciente de condiciones políticas y humanas para que ambos puedan reconocerse mutuamente su dignidad y su derecho a vivir en seguridad y libertad.

El camino es difícil y a día de hoy puede parecer lejano, pero la alternativa es dejar que el 7 de octubre se convierta en el inicio de una nueva generación encerrada en el odio, en la que cada duelo alimente una venganza y cada miedo prepare otra guerra. Tras tres años, la tarea de la política y de la comunidad internacional no puede limitarse a determinar quién tiene la razón, sino a propiciar las condiciones para que las armas no vuelvan a hablar. Israel debe poder vivir sin el terror de un nuevo 7 de octubre; los palestinos deben poder vivir sin verse condenados a una existencia de guerra y destrucción; los civiles deben estar protegidos, y los responsables de los crímenes deben rendir cuentas por sus actos. Pero, sobre todo, es necesario tener el valor de destruir el odio, sin borrar la memoria, porque olvidar sería una injusticia para con las víctimas, mientras que convertir el recuerdo en odio supondría una nueva condena para los supervivientes.