Decepcionados de Roma, pero seguir a los lefebvrianos no es la solución

La grave y prolongada crisis que vivimos en la Iglesia católica, que salió a la luz con claridad durante los años del actual pontificado, ha llevado a muchos fieles a buscar orillas consideradas más seguras. Los años de la pandemia han agudizado aún más la situación, sobre todo desde el punto de vista litúrgico: obligación de mascarillas, cintas adhesivas en la nave de la iglesia, imposición de la Comunión en la mano, gel, guantes e hisopos, entre otras ideas imaginativas de los sacerdotes que competían por tener la parroquia más aséptica del planeta, ha llevado a muchos a la exasperación.

Como náufragos en busca de tierra firme, es comprensible que muchos fieles hayan comenzado a frecuentar capillas en las que no sólo había una apariencia de normalidad, sino también una liturgia celebrada de manera digna y solemne. Las capillas de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X (FSSPX) sin duda han sido este oasis para muchos. Y por esto debemos dar crédito a sus sacerdotes.

Sin embargo, muchos no conocen la situación de la FSSPX porque no han considerado el problema o porque, a pesar de haber oído hablar de algunas “irregularidades”, fueron asegurados de que serían católicos por viejos fieles de estas capillas y por sus sacerdotes. La confusión también se vio alimentada por algunas declaraciones de estimados obispos y prelados que intentaron minimizar la gravedad de la situación de la Fraternidad, calificándola como una simple irregularidad canónica. La situación que se ha creado, junto con las peticiones de algunos lectores, nos obligan a dedicar una serie de artículos al doloroso tema vinculado a la FSSPX.

Porque la verdad lamentablemente es muy diferente a como se presenta. La Fraternidad, fundada por el arzobispo Marcel Lefebvre (1905-1991), arzobispo emérito de Tulle, fue erigida canónicamente como Pía Unión, es decir, como una asociación pública de fieles, en Friburgo el 1 de noviembre de 1970, por el arzobispo François Charrière (1893 -1976), obispo de Lausana-Ginebra-Friburgo por un período de prueba de seis años. Esta configuración canónica significaba que la Fraternidad no podía incardinar sacerdotes y dependía de la autoridad del arzobispo Charrière. El 21 de noviembre de 1974, después de una visita apostólica ordenada por Pablo VI, durante la cual los dos visitantes habrían hecho reiteradas afirmaciones erróneas o heréticas, Monseñor Lefebvre publicó la famosa Declaración en la que rechazaba “la Roma de tendencia neomodernista y neoprotestante que se manifestó claramente en el Concilio Vaticano II y después del Concilio, en todas las reformas que de él se derivaron” y afirmó el "rechazo categórico a aceptar la reforma” litúrgica.

El 6 de mayo de 1975, el sucesor de Monseñor Charrière, Monseñor Pierre Mamie (1920-2008), suprimió la FSSPX, con la aprobación de Pablo VI. El 23 de julio de 1976 Monseñor Lefebvre fue suspendido a divinis por haber ordenado sacerdotes sin las dimisorias legítimas; y durante los años restantes de su vida, Lefebvre continuó ejerciendo su ministerio, incluyendo las ordenaciones sacerdotales, sin tener en cuenta la suspensión que le prohibía ejercer cualquier acto derivado del poder de orden.

El 30 de junio de 1988, la decisión más grave: la ordenación de cuatro obispos contra la prohibición expresa del Papa Juan Pablo II, que costó a ellos y al obispo consagrante la excomunión latæ sententiæ reservada a la Sede Apostólica, según el can. 1387. Es importante subrayar algunos detalles. En primer lugar, la Santa Sede, por mediación del cardenal Joseph Ratzinger, había propuesto a monseñor Lefebvre la posibilidad de tener un obispo para la FSSPX, elegido entre los sacerdotes de la misma, que sería ordenado a mediados de agosto de 1988. Lefebvre en un principio aceptó, pero al día siguiente retiró su consentimiento al acuerdo. Segundo: las ordenaciones episcopales no se llevaron a cabo simplemente sin el mandato pontificio, sino contra la voluntad del Papa, que había prohibido formalmente a monseñor Lefebvre proceder a las ordenaciones, a través de un monitum enviado por el Cardenal Prefecto de la Congregación para los Obispos el 17 de junio de 1988. Finalmente, la excomunión prevista se “activó” en sí misma: por lo tanto, no es propiamente una sanción infligida por el Papa, sino una sanción que el arzobispo Lefebvre y los cuatro obispos ordenados por él se autoinfligieron de alguna manera.

En el Motu Proprio Ecclesia Dei Adflicta, Juan Pablo II explicó que este acto había sido “una desobediencia al Romano Pontífice en materia gravísima y de capital importancia para la unidad de la Iglesia”; una desobediencia “que lleva consigo un verdadero rechazo del Primado romano” y por tanto “constituye un acto cismático”. El Papa hizo entonces un llamamiento a “permanecer unidos al Vicario de Cristo en la unidad de la Iglesia católica”, y que “dejen de sostener de cualquier forma que sea esa reprobable forma de actuar. Todos deben saber que la adhesión formal al cisma constituye una grave ofensa a Dios y lleva consigo la excomunión debidamente establecida por la ley de la Iglesia”, según la norma del can. 1364.

La FSSPX, por su parte, siempre se ha defendido de la acusación de cisma, haciendo una distinción: Monseñor Lefebvre no habría cometido un acto cismático, ya que no quería transmitir ningún poder de jurisdicción, sino solo el poder de orden episcopal. De esta manera, no habría usurpado ese poder que pertenece sólo al Papa (jurisdicción), sino que habría comunicado el poder del Orden que pertenece a todo obispo y no sólo al Papa. Este último se transmite con el rito de ordenaciones sagradas, mientras que la jurisdicción por mandato del Sumo Pontífice. Sobre la base de esta distinción, las consagraciones episcopales conferidas por monseñor Lefebvre no habrían sido un acto cismático ‒ ya que el cisma se verificaría en donde se quisiera transmitir lo que sólo el Papa puede dar ‒, sino más bien un acto de desobediencia, aunque necesario del estado de necesidad provocado por la crisis de la Iglesia.

El argumento no se sostiene. La prerrogativa del primado de Pedro no es simplemente transmitir jurisdicción, sino decidir quién puede ser admitido en el Colegio Episcopal y quién no; en fin, el primado de Pedro incluye también el derecho exclusivo de nombrar al obispo (que puede concretarse de diversas formas). En la exhortación Ad Apostolorum principis (29 de junio de 1958), Pío XII recordaba que “los sagrados cánones sancionan clara y explícitamente que corresponde únicamente a la sede apostólica juzgar la idoneidad de un eclesiástico para la dignidad y misión episcopal y que le corresponde al Romano Pontífice nombrar libremente obispos (...) en consecuencia los obispos no propuestos o confirmados por la Santa Sede, y de hecho elegidos y consagrados en contra de sus disposiciones explícitas, no pueden gozar de ningún poder ni de magisterio ni de jurisdicción (...) y los actos de poder de orden, colocados por tales eclesiásticos, aunque válidos... son gravemente ilícitos, es decir, pecaminosos y sacrílegos”.

Pío XII confirmó que “ninguna persona o asamblea, sea de sacerdotes o de laicos, puede asumir el derecho de nombrar obispos; nadie puede conferir legítimamente la consagración episcopal si antes no tiene certeza de la existencia del oportuno mandato apostólico”; y subrayó un principio fundamental, de gran importancia para la cuestión que nos interesa: “Las necesidades espirituales de los fieles no se satisfacen violando las leyes de la Iglesia”.

Estas “leyes de la Iglesia” no deben entenderse como un mero derecho eclesiástico, sino como expresión de un derecho divino conferido a Pedro y a sus legítimos sucesores. Pío IX lo explicó claramente, en su condena a la iglesia armenia: “Hemos sentido que no debemos callarnos sobre Nuestro derecho a hacer algunas elecciones incluso fuera de las tres propuestas, (...) ya que los derechos y privilegios que le fueron conferidos a Cristo Dios pueden ser impugnados, pero no abolidos; y no está en poder de ningún hombre renunciar a un derecho divino, cuando a veces, por voluntad de Dios, se ve obligado a ejercerlo” (Encíclica Quartus supra, § 32).

Por lo tanto, el nombramiento de obispos es a todos los efectos un derecho divino conferido al Papa “por el mismo Cristo Dios”. Ahora bien, las consagraciones realizadas por Lefebvre fueron un acto cismático en todos los aspectos, ya que usurparon un poder que sólo pertenece al Papa por derecho divino, a saber, el de nombrar obispos, y no simplemente el de conferirles jurisdicción. La distinción hecha por la FSSPX es, de hecho, no pertinente. Y, como veremos, incorrecta.

Continuará…