De Canadá a Holanda, donde la eutanasia mata incluso sin consentimiento
Un repaso a los países occidentales que han aprobado o están debatiendo leyes a favor de la eutanasia y el suicidio asistido. La ilusión de la "libertad": en un año, en los Países Bajos se suicidaron mediante eutanasia 517 personas que no habían dado su consentimiento explícito para ello.
La difusión de la eutanasia en el mundo occidental, incluida Italia (véase la ley 219/2017 sobre las DAT), avanza sin freno. El pasado viernes 18 de julio, Eslovenia ha aprobado una ley que permite el suicidio asistido, sumándose así a un número cada vez mayor de países que reconocen el derecho a poner fin a la propia vida. Australia (legal en todos los estados y, a partir de finales de 2025, en los Territorios del Norte), Nueva Zelanda (2021), Canadá (2016), Luxemburgo (2009), Bélgica y los Países Bajos (2002) son algunos de los países que han autorizado la muerte asistida, al igual que algunos estados de EE. UU. Pero también en otros países occidentales, el llamado (lamentablemente) "derecho a morir" ha entrado a formar parte de sus respectivos ordenamientos jurídicos.
En España, la eutanasia es legal desde el 25 de junio de 2021, tras la aprobación definitiva por parte del Parlamento (18 de marzo de 2021), que despenalizó la "ayuda médica para morir". En Austria, en enero de 2022 entró en vigor la nueva ley que establece el derecho de las personas gravemente enfermas a decidir sobre el final de su vida, es decir, a poner fin voluntariamente a su sufrimiento.
En Portugal, a día de hoy no existe una ley sobre la eutanasia, después de que el presidente de la República se haya negado en repetidas ocasiones a firmar el texto aprobado por el Parlamento, remitiéndolo al Tribunal Constitucional. El mes pasado, el Parlamento británico, a través de la Cámara de los Comunes, votó a favor de legalizar la muerte asistida: el proyecto de ley aún debe ser aprobado por la Cámara de los Lores. El 27 de mayo, la Cámara Baja del Parlamento francés aprobó un proyecto de ley, impulsado por el presidente Emmanuel Macron, que permitirá a los adultos con enfermedades consideradas "incurables" poner fin voluntariamente a su vida tomando una sustancia letal recetada por un médico. La medida se debatirá y votará en septiembre en el Senado.
A principios de 2025, se ha iniciado en Malta el debate sobre la eutanasia y el suicidio asistido: ahora se encuentra en pleno proceso de recopilación de aportaciones públicas al debate, tal y como confirmó en el Parlamento el pasado 16 de junio la secretaria parlamentaria de Reformas e Igualdad, Rebecca Buttigieg, que ha informado también sobre las tres reuniones públicas sobre la eutanasia celebradas en las últimas semanas. En Chipre, donde se debate el suicidio asistido y la eutanasia desde 2023, el Parlamento tiene previsto votar la legalización de la eutanasia en enero de 2026, mientras que a partir del próximo mes de septiembre comenzará el examen de la correspondiente propuesta de ley en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara. En Irlanda, tras la aprobación en octubre de 2024 del informe final de una comisión que pedía al Gobierno que legalizase la muerte asistida en determinadas circunstancias limitadas, se espera que el Ejecutivo presente la propuesta antes de que finalice el año. La propuesta tendrá que ser aprobada por el Oireachtas (el Parlamento irlandés) y posteriormente firmada por el presidente.
Los datos sobre la "pendiente homicida" causada por las diversas formas de despenalización del suicidio asistido y la eutanasia, son evidentes y están aumentando en todas partes. Dos ejemplos recientes los encontramos en la aplicación de las leyes españolas y holandesas.
En España, miles de personas han obtenido ayuda para morir desde la entrada en vigor de la ley sobre la eutanasia, hace cuatro años. Si hasta el año pasado se habían llevado a cabo un total de 1034 eutanasias, según la asociación "Derecho a Morir Dignamente", solo en 2025 ya se han llevado a cabo más de 1300, con la aprobación de más del 40 % de las solicitudes de ayuda para morir. La pendiente resbaladiza de la gradual relajación de las normas y la ampliación del número de personas, incluso aquellas que solo padecen enfermedades temporales o son inadaptadas, a las que se invita, induce o acompaña al suicidio o que consienten ser asesinadas, supera cada vez más el límite establecido.
Holanda da ejemplo en sentido negativo, tal y como demuestra el estudio quinquenal encargado por el Gobierno para investigar las muertes derivadas de decisiones médicas al final de la vida. Solo en 2021, en los Países Bajos fueron asesinadas mediante eutanasia 517 personas que no habían hecho ninguna solicitud explícita ni dado ningún consentimiento explícito. Se trata de casos clasificados con el acrónimo LAWER (Life-ending Acts Without Explicit Request, actos que ponen fin a la vida sin solicitud explícita). Es una práctica que, dejando de lado la hipocresía verbal, se puede definir de hecho con una sola palabra: asesinato. Una tendencia contagiosa que ya se está extendiendo en Canadá y que inevitablemente se extenderá a todos los lugares donde exista una legislación favorable al suicidio asistido, la eutanasia y el homicidio con consentimiento.
