San Marcos por Ermes Dovico
IMPOSICIONES “FRATERNALES”

Chantaje sinodal entre diócesis suizas: sin gays no hay dinero

Cuando la sinodalidad va en detrimento de la solidaridad: el “soviet eclesial” de Lucerna niega a Basilea los fondos que le corresponden hasta que el obispo Felix Gmūr permita a los empleados de la Iglesia la libertad de conducta sexual (y homosexual).

Ecclesia 15_11_2023 Italiano

Hoy hablamos de un obispo chantajeado. Se llama Felix Gmür, de la diócesis de Basilea. El Consejo del Sínodo de la Iglesia católica del cantón suizo de Lucerna –formado principalmente por laicos y presidido por una mujer- ha decidido retener parte del impuesto eclesiástico que debe ir a la diócesis del obispo Gmür hasta que éste obedezca las exigencias del Consejo del Sínodo. De este modo, 440.000 francos, aproximadamente la mitad de la contribución debida a la diócesis, quedarán retenidos en las arcas del sínodo local al menos hasta otoño de 2024.

¿Cuáles son estas exigencias? Están bien expuestas en el comunicado de prensa emitido por el propio sínodo local. La primera: la diócesis de Basilea debe crear una oficina independiente para investigar los casos de abusos sexuales en la diócesis. Todo ello se deriva de un estudio piloto sobre casos de abusos sexuales en la Iglesia católica elaborado por investigadores de la Universidad de Zúrich y publicado en septiembre de este año. El estudio ha causado bastante revuelo, por lo que el citado Consejo del Sínodo, junto con toda la Iglesia suiza, decidió demostrar que no se ha quedado de brazos cruzados. Esta primera petición podría ser razonable, aunque cabe preguntarse si era apropiado y útil llegar hasta el chantaje. En cuanto a su utilidad, se plantea efectivamente la pregunta: ¿cómo se puede “limpiar” si no hay dinero para hacerlo? El obispo Gmür ha señalado acertadamente a este respecto: “No podemos seguir contratando y pagando empleados de esta manera”.

La segunda exigencia, en cambio, es absolutamente censurable. En el comunicado se puede leer: “La Iglesia [de Basilea] debe alejarse de su ‘moral sexual antivida y homófoba’. Esto significa que la vida privada de los empleados de la Iglesia no debe ser relevante a la hora de contratar o despedir –una de las cuatro exigencias que la Conferencia Central Católica Romana (RKZ) dirigió a los obispos a finales de septiembre”. Sobre el significado de la expresión “moral sexual antivida” sólo podemos especular. Probablemente los miembros del sínodo se refieran a la prohibición de acceder a la inseminación artificial también a las parejas homosexuales.

Más cierto es el significado del epíteto “homófobo”, porque se explica más adelante en el comunicado: la diócesis, con razón, no emplea a personas con relaciones homosexuales, y este motivo también se aplica a su despido. Estas decisiones se tachan de homófobas, dado que la propia Conferencia Central Católica Romana de Suiza (RKZ) –que agrupa a las organizaciones eclesiásticas cantonales- había pedido en cambio a los obispos suizos que se comportaran de otro modo y abran las puertas de sus oficinas a todo el mundo: divorciados, vueltos a casar, homosexuales, parejas de hecho. Urs Brosi, secretario general de la RKZ, explica: “Para los empleados puede seguir siendo motivo de despido casarse tras un divorcio civil o cohabitar durante mucho tiempo o tener una relación homosexual. Todo esto debería acabar”. Hay que añadir que el Sínodo de Lucerna decidió cerrar los grifos a la diócesis de Basilea porque ésta es la estrategia decidida desde arriba, decidida precisamente por el RKZ.

Lo que ocurre en Basilea puede leerse desde dos perspectivas. En la primera, el obispo es un simple ciudadano al que se castiga si no cumple las leyes del Sínodo, como si éste fuera un parlamento. De hecho, ya no se trata ni siquiera de una metáfora, sino de una realidad real, si se atiende al título del comunicado de prensa del sínodo, que reza así: “El parlamento eclesiástico ejerce presión sobre la diócesis”. El sínodo local, al son de la participación, la escucha y la votación comunitaria, se ha convertido en un verdadero parlamento que tiene sus propias leyes y sanciones que todos, incluidos los obispos, deben obedecer. Así lo atestigua también Monika Käch, miembro del sínodo, al afirmar a propósito de la diócesis de Basilea: “Hoy tenemos la oportunidad de actuar. Nosotros en el sínodo, como representantes del pueblo, tenemos una responsabilidad”. La Iglesia ha pasado de ser una realidad jerárquica a convertirse en una institución democrática.

Una segunda lectura de este asunto es de carácter corporativista. Monseñor Gmür fue contratado por el Sínodo, entendido como Sociedad Anónima, para conseguir determinados resultados. Un contrato de proyecto, en esencia, aunque de carácter directivo. Si el obispo no cumple las exigencias del empleador, y bajo la presión de los accionistas descontentos, se le recorta el sueldo dejando de pagar ciertos tramos del mismo. ¿Interpretación fantasiosa y un poco exagerada? No lo parece. De hecho, se dice que Monika Käch declaró que “si se adapta esto a una empresa [es decir, si se adapta este caso a un sistema de empresa] entonces ustedes, como accionistas, tienen el deber de supervisar, actuar e instruir a la dirección si ésta no hace nada por su cuenta”. Los fieles como accionistas, el obispo como gerente.

De la Iglesia católica a la Iglesia sinodal y de ésta a la Iglesia parlamentaria y corporativa.



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