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¿Benedictinos fuera del Valle de los Caídos? En juego la libertad de la Iglesia

Los social-comunistas españoles han comenzado su venganza: quieren a toda costa expulsar a los monjes benedictinos de la abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos de la guerra civil. Durante la exhumación del cuerpo de Franco fueron los únicos que se opusieron. Se perfila una larga batalla legal, pero el acuerdo bilateral firmado con la Santa Sede pone a la Iglesia en la posición de ser la aguja de la balanza. Y ya Sánchez e Iglesias han comenzado a amenazarla.

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A lo largo de la presente legislatura, el Gobierno social-comunista de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias intentará expulsar a los monjes benedictinos de la abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, situada a 50 km al norte de Madrid. Pero no va a ser tan sencillo como transmiten las terminales mediáticas afines al PSOE y Unidas Podemos.

El conjunto monumental del Valle de los Caídos, uno de los más impresionantes de Europa, maravilla arquitectónica coronada por la Cruz más grande del mundo, es propiedad del Estado a través de Patrimonio Nacional, un organismo público. La titular y administradora del mismo es una fundación creada en 1957 que delegó en los monjes el cumplimiento de sus fines fundacionales: “Rogar a Dios por las almas de los muertos en la Cruzada Nacional, impetrar las bendiciones del Altísimo para España y laborar por el conocimiento y la implantación de la paz entre los hombres, sobre la base de la justicia social cristiana”.

Esa delegación se produjo en virtud de un acuerdo bilateral entre el Estado español y la Santa Sede que no puede cancelarse unilateralmente. Por tanto, la pretensión del Gobierno está abocada a una batalla legal. Sánchez e Iglesias la comenzarán, sin duda, porque su odio al monumento es superior a cualquier otra consideración. Pero contará con la resistencia jurídica de la abadía y debería contar también con la resistencia de la nunciatura y de la conferencia episcopal española.

¿Por qué ese odio?

Primero, porque el Valle de los Caídos es un proyecto personal de Francisco Franco. Él, sin embargo, nunca pensó ser enterrado allí. La decisión se tomó en 1975, en las horas posteriores a su muerte, y eso obligó a improvisar la tumba en dos días.

Franco quería que un monumento simbolizase la paz entre todos los españoles. Por eso decretó que en el Valle estuviesen enterrados combatientes de ambos bandos de la guerra civil, lo que se hizo en la mayor parte de los casos con el consentimiento de los familiares. Y quiso que lo coronase la Cruz, símbolo de perdón. También dispuso que el espacio se consagrase al estudio y difusión de la doctrina social de la Iglesia, pues era consciente de que el rencor de la izquierda revolucionaria en España se había alimentado, en algunos casos, de injusticias reales.

En la construcción del Valle participaron, además de trabajadores corrientes,  presos del bando frentepopulista que aceptaban voluntariamente ese destino. Gozaban de una generosa redención de pena por el trabajo, de un salario y de una vida de semi-libertad en un poblado anejo a las obras. Un libro del historiador Alberto Bárcena, Los presos del Valle de los Caídos (editorial San Román), basado en archivos inexplorados y documentación inédita, deshace todas las mentiras tejidas por la propaganda de la izquierda en torno a esta cuestión. Baste un único hecho: el mayor castigo para los presos por mala conducta era la expulsión del Valle y el regreso a su prisión normal.

La Cruz del Valle de los Caídos se divisa desde prácticamente toda la sierra de Madrid. Y cuando el Sol cae por la tarde, su sombra abraza distancias increíbles. Es realmente esa Cruz lo que aborrecen los herederos del Frente Popular que llevó a cabo un genocidio anticatólico en 1936-1939. Su grandiosidad, su belleza, su maravillosa inserción en el paisaje son un permanente recordatorio de la fe que persiguieron.

Y ahora, además, tienen otro objeto de su aversión: el prior de la abadía, Santiago Cantera, un doctor en Historia y prestigioso medievalista de 48 años, ex profesor de Universidad antes de ser monje, que no se plegó a las pretensiones profanadoras del Gobierno sobre el espacio sagrado de la basílica cuando quisieron exhumar a Franco contra la voluntad de su familia y enterrarlo en un lugar distinto al propuesto por ella como alternativa.

El odio socialista al padre Cantera viene de lejos. En noviembre de 2010, ¡con el Papa Benedicto XVI en España!, José Luis Rodríguez Zapatero cerró el Valle de los Caídos para impedir la asistencia a misa. El prior de la abadía reaccionó entonces bajando con toda la comunidad monástica hasta la entrada del recinto (situada a algunos kilómetros de la basílica y la Cruz) para decir una misa de campaña a la intemperie. En los domingos sucesivos, incluso bajo el frío y el agua-nieve, cada vez más personas asistían a la celebración, hasta sumar varios miles y colapsar la circulación en la vecina carretera. Zapatero tuvo que ceder y acabó reabriendo el Valle.

Cuando, ocho años después, Pedro Sánchez llevó de nuevo al PSOE a La Moncloa, se encontró otra vez con el baluarte del padre Cantera dispuesto a defender la legalidad frente a las pretensiones del poder. La batalla judicial duró meses hasta conseguir el respaldo de un Tribunal Supremo politizado y asustadizo, el cual, con una sentencia que causó asombro en medios profesionales por su inconsistencia, legitimó la tropelía.

Ahora los socialistas y comunistas quieren culminar su venganza expulsando a los benedictinos del Valle de los Caídos. La posición jurídica de la comunidad monástica es sólida, aunque volverá a depender de los jueces. La balanza puede inclinarla, en un sentido o en otro, la actitud de la Santa Sede y de los obispos. En el caso de la profanación de la tumba de Franco, dejaron a los monjes a los pies de los caballos ante la turba mediática y los aires tiránicos de Sánchez. Si vuelven a hacerlo y facilitan al Gobierno quebrantar unilateralmente los acuerdos con la Santa Sede (para lo cual la izquierda ya amenaza con atacar a la Iglesia en la educación y haciéndole pagar impuestos de los que está exenta), habrán desaparecido como contrapoder. Será difícil entonces que Sánchez, que ha demostrado en  numerosas ocasiones no mantener su palabra ni 48 horas, respete lo prometido en el chantaje.

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