Becciu no pagó para acusar a Pell, un documento lo demuestra

El 7 de abril debía ser el día del interrogatorio del acusado más ilustre en el juicio sobre el edificio de Londres, pero todo se ha pospuesto al 5 de mayo por un impedimento de los abogados defensores. Evidentemente se trata del cardenal Giovanni Angelo Becciu, que cayó en desgracia la noche del 24 de septiembre de 2020, cuando renunció a los derechos del cardenalato al final de un encuentro de veinte minutos durante el cual el Papa Francisco le informó que ya no confiaba más en él. La causa de la decisión del Pontífice fue el informe de la justicia vaticana sobre los presuntos delitos de peculado que habría cometido el purpurado y por los que, posteriormente, fue enviado a juicio. En esa fase, previa a la solicitud de citación a juicio emitida en el verano de 2021 por la oficina del Promotor de Justicia, diversas hipótesis de investigación sobre la actuación de Becciu en el momento de su función como suplente de la Secretaría de Estado terminaron publicadas en algunos periódicos italianos.

Entre ellos también se filtró una supuesta pista australiana vinculada a uno de los casos de injusticia más graves de la historia reciente: a principios de octubre de 2020, de hecho, el periódico italiano Corriere della Sera escribió sobre “700 mil euros enviados a Australia a través de unas transferencias fraccionadas” que “podrían haber sido utilizadas para ‘comprar’ a los acusadores en el juicio por pedofilia contra el cardenal George Pell”. Al leer los artículos que lo denunciaron en ese momento, esas acusaciones parecían pesadas y bastante detalladas. Entonces, sin embargo, la atención quedó puesta sobre el juicio en Vaticano, sobre la pista australiana no se volvió a hablar.

En medio estaba el increíble error de la Autoridad Australiana de Inteligencia Financiera (Austrac) que, respondiendo a una pregunta de la senadora Concetta Fierravanti-Wells, formulada precisamente a raíz de las reconstrucciones reportadas por los diarios italianos, había indicado 2.300 millones de dólares y más de 400 mil transacciones la ronda de dinero entre el Vaticano y Australia en los últimos seis años. Aunque la cifra le parecía poco realista a cualquiera, hubo varios comentaristas que la habían considerado el arma humeante para apoyar la idea de la mano de Becciu detrás del presunto complot contra Pell.

Una tesis desmontada unos días después por la aclaración de Austrac, que tuvo que admitir el error de cálculo, aclarando que los movimientos totales ascendieron a apenas 9,5 millones de dólares por 362 transferencias.

El único que volvió sobre el tema fue el cardenal Pell con declaraciones crípticas: “Sabemos que algo de dinero pasó del Vaticano a Australia, dos millones 230 mil dólares, pero hasta ahora nadie ha explicado por qué”, dijo el prefecto emérito de la Secretaría de Economía del Vaticano. Lo que sí sabemos es que entre 2016 y 2017 la Secretaría de Estado -de la que en ese momento era suplente Becciu- autorizó el pago de múltiples transferencias electrónicas por valor de más de dos millones de dólares a la empresa Neustar, con sede en Melbourne. En cuanto a aquellos movimientos sobre los que se presagiaba la sospecha de que pudiera haber una conexión con la acusación de Pell, fue la propia Oficina de Prensa de la Santa Sede la que aclaró en un comunicado de fecha 13 de enero de 2021 que “la cifra es imputable a unas obligaciones contractuales y a la gestión ordinaria de sus recursos”.

Así lo confirman unos documentos que ha podido ver la Brújula Cotidiana: Neustar no es más que una empresa de seguridad informática -nacida como AusRegistry International Pty en 2003 hasta su cambio de nombre en 2016- que desde agosto de 2020 se llama GoDaddy. La empresa está a cargo de registrar e implementar dominios de nivel superior (TLD) y afirma ser un asesor de confianza para varias agencias gubernamentales. De hecho, a partir de los documentos que hemos visto, en una carta de marzo de 2012, el entonces Secretario General de la Conferencia Episcopal Australiana, Monseñor Brian Joseph Lucas, había escrito a Monseñor Paul Tighe, en ese momento secretario del Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales, para expresar en nombre de los obispos australianos “el apoyo a la solicitud del Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales de adquirir el dominio genérico de alto nivel ‘.catholic’ en chino (en caracteres chinos simplificados)”.

Cuando la ICANN (Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números) ‘liberalizó’ la concesión de TLD, el Vaticano pasó a registrar y controlar exclusivamente el dominio “.Catholic” en inglés, árabe, ruso y también en chino. La solicitud fue aceptada en 2013 y el dominio fue registrado por el Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales. La misma oficina, por tanto, a la que iba dirigida la carta de Monseñor Lucas con la que la Conferencia Episcopal Australiana daba luz verde y en la que se afirmaba que este proyecto (la creación de un dominio “dot-catholic” en chino) facilitaría “notablemente, el trabajo de la Conferencia en la autenticación de la presencia de la comunidad católica en el espacio digital”, confirmando que los obispos habrían estado felices de “colaborar con el PCCS en el desarrollo de este proyecto”.

Y si se investiga el origen del dominio “.catholic” y de los sujetos que participaron en su registro, resulta que si el registrante es precisamente el Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales, el proveedor es precisamente el AusRegistry International, o la empresa que se ha convertido entonces en Neustar. Mientras que Registry Backend se conoce como GoDaddy, el nombre actual de la antigua Neustar. En definitiva, el cruce de esta información sugiere que se podría hipotetizar una respuesta a la pregunta del cardenal Pell sobre los 2 millones 230 mil dólares enviados entre 2016 y 2017 por la Secretaría de Estado: de hecho, el beneficiario Neustar era el nombre de la empresa operante en Australia que ya se había encargado de registrar y luego administrar el dominio “.catholic” -entre otros- también en chino.

¿Es posible que la Secretaría de Estado enviara esa cantidad para cumplir con sus “obligaciones contractuales” sobre el proyecto centrado en ese dominio de primer nivel mencionado en 2012 por el secretario general de la Conferencia Episcopal Australiana en su carta al Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales? Ciertamente es más probable que la historia de espionaje de Becciu que ‘compra’ testigos e investigadores para enviar a la cárcel a un cardenal que consideraba inconveniente y alejarlo de la Curia.