Abusos, los fantasmas de Chiclayo persiguen al papa León

«El 13 de noviembre de 2025, la Iglesia nos comunicó por escrito que el Papa había concedido la dispensa del estado clerical al sacerdote de Chiclayo, Eleuterio Vásquez González, que abusó sexualmente de nosotras cuando éramos niñas». Así comienza el comunicado de prensa, una dura acusación firmada por Ana María Quispe Díaz, la presunta víctima que denunció los abusos sufridos en la época en que Robert Prevost, hoy papa León XIV, era obispo de la diócesis de Chiclayo, en el noreste de Perú.

Y que hoy llama en causa precisamente al papa León, porque además de no haber llevado a cabo una investigación seria cuando en 2022 recogió la denuncia, ahora concede la dispensa al padre Lute (este es el apodo con el que se le conocía), lo que impide que haya un proceso que determine las verdaderas responsabilidades del ahora exsacerdote y, por lo tanto, niega justicia a las presuntas víctimas. Hasta tal punto que, en el comunicado, Quispe anuncia «el inicio de acciones legales ante las autoridades canónicas competentes contra todos los funcionarios eclesiásticos que han participado o han sido responsables de tales negligencias», en referencia al «principal responsable del caso, el obispo Robert Prevost».

Se trata de un giro sensacional en un caso que salió a la luz hace poco más de un año —y que La Bussola había reconstruido en detalle— sobre el que, lamentablemente, nunca se ha querido aportar realmente la claridad que esperábamos al comienzo del pontificado del papa León, el pasado mes de mayo.

Cabe recordar que el caso se refiere a los presuntos abusos sufridos por tres hermanas en momentos separados entre 2006 y 2010, cuando tenían entre 9 y 11 años, pero según Ana María Quispe, la mayor de las tres, habría otras víctimas del padre Lute, que solía llevar a los niños a la granja donde se producían los abusos. La denuncia al entonces obispo Prevost se hizo por primera vez por teléfono en 2020, pero la emergencia del Covid hizo que la reunión personal se pospusiera hasta la primavera de 2022. Prevost las remitió al centro de atención a las víctimas de la diócesis, pero Quispe siempre ha acusado a la diócesis de no haber llevado a cabo una investigación seria sobre las acusaciones. La diócesis siempre se ha defendido afirmando que todo se ha hecho según las normas y que, tras un primer informe enviado a Roma, hubo un segundo informe relativo a la reapertura de la investigación solicitada por el sucesor de Prevost.

Pero fue el actual delegado de la diócesis de Chiclayo para el proceso del padre Lute, el capuchino canonista padre Giampiero Gambaro, quien, en una reunión con las hermanas Quispe el pasado 23 de abril, admitió que la primera investigación fue «gravemente deficiente, superficial y llena de errores de procedimiento». La investigación canónica, dijo Gambaro, se limitó a un procedimiento formal sin contenido, sin preguntas a las víctimas ni al propio acusado, que «no respondió a nada»; y por lo tanto «la ira de las víctimas es legítima».

Si esto es cierto y por qué ocurrió es precisamente lo que debería haber aclarado el entonces cardenal Prevost cuando el asunto salió a la luz el año pasado. En cambio, la línea de defensa ha sido hablar de una venganza de algunos elementos del Sodalitium Christiane Vitae, la asociación peruana suprimida el pasado 14 de abril debido a las acusaciones de abusos y escándalos financieros de los que algunos líderes se habrían hecho responsables. De hecho, Prevost, primero como obispo y luego como cardenal, se esforzó mucho primero por perseguir a los responsables del Sodalitium y luego por disolver la asociación, colaborando estrechamente con los dos periodistas —Paola Ugaz y Pedro Solinas— que habían llevado a cabo una investigación periodística documentada dando voz a las víctimas.

Precisamente estos dos periodistas, en Roma en los días del inicio del pontificado de León XIV, catequizaron a todos los periodistas que acudieron al evento, garantizando el compromiso de Prevost contra los abusos sexuales y acusando de tramas oscuras a cualquiera que planteara el caso de las niñas de Chiclayo y del padre Lute.

Ana María Quispe se refiere precisamente a ellos en el comunicado, afirmando que «en los últimos meses hemos tenido que asistir a cómo algunos medios de comunicación y periodistas muy influyentes han manipulado nuestro testimonio para ocultar» los errores de la diócesis de Chiclayo.

A pesar del gran compromiso de los dos periodistas peruanos, las preguntas y perplejidades sobre los hechos de Chiclayo quedaron en el aire y por eso surgió la idea del libro biografía+entrevista (León XIV, Ciudadano del mundo, misionero del siglo XXI) escrito por la periodista estadounidense de Crux, Elise Ann Allen, muy cercana a los dos periodistas peruanos de la investigación. En el libro, curiosamente publicado solo en español y presentado en Perú, se dedica un amplio espacio a la historia de las hermanas Quispe, pero al final se elude una vez más la pregunta sobre las acusaciones de no haber llevado a cabo una verdadera investigación tras la denuncia de 2022. Por otra parte, los periodistas Giorgio Meletti y Federica Tourn, en un largo artículo (La angustia del papa Prevost) dedicado precisamente al caso de Chiclayo, tras analizar minuciosamente el libro, han encontrado varias incongruencias. En definitiva, lo que debía ser una operación de clarificación ha suscitado nuevas preguntas y perplejidades.

Y ahora también se ha aceptado la solicitud del padre Lute de dispensa del sacerdocio. Aunque en la carta, entregada a las hermanas Quispe el 13 de noviembre por el propio padre Gambaro, se aclara que esta decisión «no debe interpretarse como una absolución», lo cierto es que esto impedirá un proceso canónico contra el sacerdote acusado de abusos sexuales y, por lo tanto, el esclarecimiento de la verdad. Y aunque la solicitud de dispensa por parte de un sacerdote en estos casos está prevista por el Código de Derecho Canónico, concederla ha sido una pésima idea. «Evitar las investigaciones y cerrar los procedimientos mediante dispensas que impiden el juicio penal canónico —afirma acertadamente Ana María Quispe en el comunicado— es un camino que nunca se debería seguir, porque deja sin protección a quienes han tenido el valor de denunciar y de buscar la luz en medio del dolor». Y añade: «A menudo se pone en duda a las víctimas, se las estigmatiza, se las acusa de mentir y se las somete a persecuciones públicas. No contar con una investigación y una sentencia que respalden nuestra denuncia significa dejarnos sin defensa ante las acusaciones que recibimos cuando decidimos hablar».

En resumen, el caso Chiclayo, en lugar de cerrarse con una operación de transparencia y justicia —como esperábamos— que podría haber sanado también posibles negligencias pasadas, ahora promete convertirse en un motivo de grave vergüenza para este pontificado, porque Quispe, además de la denuncia mencionada, tiene la intención de recurrir a las asociaciones internacionales de víctimas de abusos y a la Comisión Vaticana para la Protección de Menores.

Ciertamente, es posible que la publicidad de este caso no sea ajena al entorno del Sodalitium, pero la cuestión es que hay hechos: presuntas víctimas que han denunciado a un sacerdote y que han dicho que no se ha llevado a cabo una investigación real tras su denuncia; el sacerdote acusado que ha solicitado la dispensa del sacerdocio, que le ha sido concedida, evitándole el juicio. Por lo tanto, si no se reconsidera la situación, nada de este asunto quedará aclarado. Solo queda la percepción de negligencia por parte de quienes deberían haber aclarado las cosas y no lo han hecho.