Pase sanitario en Tucumán: ¿otro aporte nazi en la política argentina?

A partir del 1 de diciembre, está vigente en la provincia de Tucumán la obligación para todas las personas mayores de 13 años de contar con un “pase sanitario” que acredite que el portador cuenta con el esquema completo de vacunación del covid-19. Ese documento permitirá el ingreso y concurrencia a centros culturales, cines, gimnasios y atracciones turísticas; eventos deportivos de toda índole que signifiquen aglomeración de personas; recitales, salones de fiestas y boliches; fiestas con participación de gran número de personas (casamientos u otras celebraciones); eventos religiosos de gran concurrencia; bares y restaurantes; bancos, administración pública; residencias y hogares de niños; eventos y actividades masivas en lugares abiertos o cerrados.

El gobernador en ejercicio Osvaldo Jaldo dispuso la vigencia del pase sanitario desde el 1 hasta el 31 de diciembre, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 13/1. Los organizadores, titulares o responsables de las actividades alcanzadas por el decreto tendrán a su cargo el control de la acreditación del Pase Sanitario en los accesos a las mismas.

Una medida similar intentó tomar el gobernador de la provincia de Buenos Aires unos meses atrás, aunque se quedó en el intento[1]. Aplicando la misma lógica que aplica ahora el gobernador tucumano, que es la de discriminar a gran parte de la población que en muchos casos no está convencida de aplicarse la vacunación anticovid19, a causa del desconocimiento y de la falta de toda información respecto a la composición y efectos de las mal llamadas “vacunas”, cuando en realidad son sólo elementos que actúan como terapias génicas experimentales. Como tales, como estas terapias génicas están en período de experimentación, razón por la cual la vacunación no es obligatoria.

“Vacunas” que además de estar en fase de experimentación, presentan efectos adversos mortales para quienes son inyectados, tal como lo reconoce el mismo ministerio de salud de la nación desde el 21 de setiembre ppdo: shock anafiláctico, reacciones alérgicas generalizadas y graves, síndrome convulsivo, fiebre superior a 40° C,, trombocitopenia y trastornos de la coagulación, epilepsia no controlada u otro trastorno neurológico progresivo, etc. [2].

Las autoridades tucumanas se dicen democráticas, nacionales y populares, usan símbolos peronistas, pero en la práctica, como es este caso, adoptan idénticas medidas discriminatorias impuestas en Francia, durante la ocupación alemana nazi, por un oficial Mayor de la S.S. y Jefe de Policía en el Área del Comandante Militar. Disposiciones publicadas como “medidas de aplicación de la 9ª. Ordenanza de las autoridades de ocupación sobre los Judíos”. La mencionada Ordenanza había sido dictada el 8 de julio de 1942[3].

Dichas medidas prohibía a los judíos “frecuentar todos los establecimientos públicos y asistir a las manifestaciones públicas” que se detallan a continuación: restaurantes y lugares de alimentación, cafés, salones de té y bares, teatros, cines, conciertos, salas musicales y otros lugares de placer, cabinas telefónicas públicas, piscinas, museos, bibliotecas, exposiciones públicas, lugares históricos, manifestaciones deportivas -tanto como participantes como espectadores-, campings, parques”, etc.

Distintos momentos históricos y distintas circunstancias, pero idéntica metodología discriminatoria, en ambos casos infundamentada, porque como han reconocido en varias ocasiones las mismas autoridades sanitarias, los vacunados pueden contagiar y contagiarse mutuamente, porque las “vacunas” no inmunizan[1]. Es el mismo esquema: discriminación sin respaldo legal alguno, porque las acciones que se pretenden “combatir” no son de ninguna manera delictivas, porque no hay norma legal que las condene.

No deja de ser llamativo que las democracias progresistas y social-demócratas como la argentina recurra a la metodología de control típico de los gobiernos totalitarios como el nazismo en su momento y la dictadura china en la actualidad.