Nicaragua persigue a la Iglesia mientras el Vaticano guarda silencio

La situación ha empeorado en Nicaragua: Continúa la prohibición de las misiones pastorales en la diócesis de León y se endurecen las restricciones a los eventos religiosos organizados por la Iglesia católica en Managua y otras ciudades del país. A pesar del nuevo pontífice, continúa el temeroso silencio del Vaticano ante las persecuciones promovidas contra los fieles y los religiosos por parte de los tiranos nicaragüenses. El cardenal Leopoldo José Brenes anunció el domingo 2 de febrero el traslado de 23 sacerdotes a la archidiócesis de Managua, una reorganización forzada por la expulsión de los religiosos que ha dejado muchas parroquias sin titulares en Nicaragua. El alcance de la persecución religiosa en Nicaragua se refleja en cifras abrumadoras que, según el informe Fe bajo fuego, de la ONG Colectivo Nicaragua Nunca Más, desde 2018 al menos 261 religiosos han sido expulsados del país, entre ellos cuatro obispos, unos 140 sacerdotes, más de 90 monjas, una decena de seminaristas y tres diáconos. Entre los expulsados se encuentran el presidente de la Conferencia Episcopal, Carlos Enrique Herrera, y los obispos Silvio Báez, Rolando Álvarez e Isidoro Mora.

La dictadura del presidente Daniel Ortega y su esposa y copresidenta, Rosario Murillo, mantiene “un discurso de reconciliación y amor, pero sus palabras no son coherentes con sus acciones: tienen miedo de la fe y del amor a Dios que siente la gente”, explica Martha Patricia Molina, otra investigadora nicaragüense en el exilio y autora del informe Nicaragua: una Iglesia perseguida, en una declaración del pasado 10 de febrero a ACI Prensa, agencia de noticias cristianas de todo el mundo en lengua española. Los sacerdotes llevan tiempo sometidos a diversos métodos de control por parte de la policía, entre ellos informes semanales de sus actividades e incluso solicitudes de inspección de sus teléfonos móviles para descubrir con quién están en contacto. Desde el pasado 21 de enero, según el testimonio de Molina, recogido también por la agencia AICA, la dictadura ha prohibido las misiones pastorales en la diócesis de León, que comprende los distritos de León y Chinandega, dirigida por el obispo René Sándigo.

La confirmación del recrudecimiento de la persecución antirreligiosa proviene también de un tercer testigo autorizado, Félix Maradiaga, presidente de la Fundación para la Libertad en Nicaragua, que ha advertido que la dictadura “ya no se limita a acosar a los líderes religiosos o a cancelar las procesiones, sino que ahora trata de silenciar la fe en la vida cotidiana y castigar cualquier expresión espiritual que no controle”. En una declaración concedida a ACI Prensa, Maradiaga ha destacado que ahora los Ortega-Murillo están prohibiendo incluso “las fiestas populares con profundas raíces culturales y religiosas, como la tradicional fiesta en honor a los santos patronos de diferentes ciudades que se celebra en Diriamba, y limitando las celebraciones de gran importancia para la comunidad, como la del Divino Niño en Matagalpa”. Prohibiciones y persecuciones que ahora llegan incluso a castigar la predicación “puerta a puerta” y “de casa en casa” de otras confesiones cristianas.

“La dictadura solo permite que las imágenes de los santos se lleven al atrio de la iglesia”, prosigue Maradiaga, recordando cómo las mismas prohibiciones han afectado “la celebración de la Virgen de la Candelaria [en Managua], que ha quedado confinada entre las paredes de la iglesia para impedir una mayor participación de los fieles”. Para un mayor control y una persecución más eficaz contra las celebraciones católicas y la libertad de culto de los cristianos, los municipios sandinistas, con todo su aparato organizativo y tecnológico, ocupan los atrios de las iglesias para poner en escena sus espectáculos: eligen reinas, organizan bailes al aire libre para distraer a la población y, de hecho, perturbar de todas las formas posibles también las celebraciones dentro de las iglesias.

En todo esto, en los últimos días, la “Comisión Interamericana de Derechos Humanos” (CIDH) ha pedido a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo que ponga fin a las violaciones de los derechos humanos y libere sin condiciones a todas las personas encarceladas por motivos políticos en Nicaragua. En su declaración, la CIDH condena “la persistente represión en Nicaragua, caracterizada por la prolongación de detenciones arbitrarias y privaciones de libertad por motivos políticos contra cualquiera que adopte una postura percibida como de oposición al régimen”. Mientras desde el Vaticano continúa un incomprensible y desconcertante silencio sepulcral, solo comparable al que se mantiene ante los abusos cometidos por el régimen chino, desde el exilio en Estados Unidos solo el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, ha exhortado a los católicos a no retirarse al silencio, invitando a la Iglesia a hablar con claridad a pesar de la represión. ¿Tendremos que confiar en una incursión de las fuerzas especiales de Trump también en Managua?