Nicaragua: crece la persecución contra la Iglesia católica

La Iglesia católica en Nicaragua se enfrenta a una “persecución sistemática”, según denuncia la ONG Colectivo Nicaragua Nunca Más formada por nicaragüenses en el exilio en un informe presentado en las últimas semanas. También se confirman los intentos generalizados de impedir las celebraciones eucarísticas. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo impide incluso a los sacerdotes entrar en los hospitales nicaragüenses para administrar el sacramento de la Unción de los Enfermos. Sin embargo, Ortega presenta a su país en la ONU como un país de prosperidad y felicidad. Y mientras tanto, el Vaticano guarda silencio.

Así pues, la estrategia de acomodación acordada entre el Vaticano y el régimen de Ortega, incluso después del exilio de decenas de sacerdotes y obispos, no ha supuesto ningún avance en el respeto de la libertad religiosa de los católicos del país: más bien han aumentado la violencia y la intolerancia tal y como nos temíamos.

Más de 50 representantes de la Iglesia católica en Nicaragua, entre ellos 43 sacerdotes, han sido expulsados por el Gobierno de Ortega desde las protestas de 2018, manifestaciones en las que miles de jóvenes y ciudadanos de todas las edades y procedencias habían exigido al menos la celebración de elecciones democráticas. “Las iglesias en Nicaragua están sufriendo la mayor persecución en la historia del país”, afirma en su Informe 2024 el Colectivo Nicaragua Nunca Más, una organización que lucha por la libertad religiosa en el país anulada por la tiranía sandinista y que trabaja en el exilio desde Costa Rica. El documento muestra cómo el Gobierno de la nación centroamericana ha detenido arbitrariamente al menos a 74 religiosos, entre sacerdotes, monjas, monjes y pastores protestantes, y ha privado de su nacionalidad a 35 desde 2018 hasta el día de hoy. “Nunca había habido tantos sacerdotes encarcelados ni tantos religiosos y religiosas perseguidos y expulsados en el país. Ni siquiera en tiempos de guerra”, podemos leer en el detalladísimo informe sobre las violaciones de la libertad religiosa en el país.

Desde el inicio de las protestas hace seis años, según Naciones Unidas, además de detenciones indiscriminadas y desapariciones, el régimen y sus bandas armadas han causado la muerte de más de 300 personas.

Según el informe del Colectivo, desde febrero de 2023, al menos 450 políticos, empresarios, periodistas, intelectuales, activistas de derechos humanos y personalidades religiosas han sido expulsados de Nicaragua, privados de su nacionalidad, así como de sus propiedades y bienes, acusados de “traición”. En los últimos años Ortega, como hemos denunciado repetidamente en la Brújula Cotidiana, ha justificado su violencia y sus abusos acusando a Estados Unidos de incitar al pueblo y de apoyar las manifestaciones de protesta, en un intento de provocar un golpe de Estado con la complicidad de la comunidad religiosa y especialmente de la Iglesia católica.

La abogada Martha Patricia Molina ha asegurado en una entrevista reciente que antes de este año la dictadura sandinista permitía a los sacerdotes entrar en los centros de salud, visitar a los enfermos, prestarles asistencia espiritual y administrarles el sacramento de la Unción de los Enfermos. Desde hace unos meses, sin embargo, las medidas de seguridad se han intensificado sin justificación, y los impedimentos se han vuelto férreos cuando los sacerdotes intentan entrar en hospitales o asilos con sus insignias sacerdotales, por lo que muchos optan por entrar vestidos de paisano o camuflados, como bajo los regímenes comunistas soviéticos o las persecuciones de siglos pasados en Francia y, aún antes, en la Inglaterra isabelina.

La Molina, autor del informe Nicaragua: ¿una Iglesia perseguida? presentado con un largo y detallado examen en días pasados, destaca cómo el problema es aún más grave en el interior del país, “donde los sacerdotes son más reconocidos porque son pueblos muy pequeños, por lo que las autoridades, los médicos y los porteros de los centros de salud los conocen, mientras que en las grandes ciudades hay más oportunidad de visitar y llevar la Unción de los Enfermos a personas que sufren o están a punto de morir, aunque tengan que disfrazarse de simples familiares y llevar escondidos los ornamentos sagrados y el óleo consagrado”. Además, según el testimonio de monseñor Carlos Enrique Herrera, obispo de Jinotega y presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, el 10 de noviembre, el alcalde de la ciudad, Leonidas Centeno, interrumpió la Misa dominical con música a todo volumen frente a la catedral. “Es un sacrilegio lo que está haciendo el alcalde y todas las autoridades municipales, porque conocen la hora de la Misa”: palabras claras del obispo que confirman todas las preocupaciones y el aumento de los peligros para la Iglesia y los creyentes.

Además de las almas, los edificios de culto también están en peligro. En los últimos días se ha sabido que la Catedral de Managua necesita obras urgentes para evitar que continúe el deterioro del edificio causado por las goteras continuas en el techo. A pesar de los esfuerzos de muchos creyentes y de la propia diócesis, el alquiler del aparcamiento y del propio terreno de la catedral, las cuentas corrientes de la diócesis de Managua y de otras diócesis están bloqueadas desde 2023, y no es posible acceder a las cantidades necesarias para iniciar las obras en la catedral más emblemática del país.

A pesar de todo, ayer, 13 de noviembre, el régimen de Ortega ha presentado en Ginebra su informe para el Examen Periódico Universal, un mecanismo de la ONU -ya descrito en este periódico anteriormente- que evalúa cada cinco años la situación de los derechos humanos de cada uno de sus estados miembros. Pues bien, en el informe, como afirma el economista nicaragüense Enrique Sáenz, “la dictadura de Ortega presenta la imagen de un paraíso de conquistas económicas y bienestar social con la idea de que ese documento oficial siga siendo una verdad incontrovertible en Naciones Unidas”, donde en cambio un grupo de expertos en derechos humanos (el Ghren) denunció los crímenes del régimen nicaragüense ya en marzo de este año.