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Mapuches, varias adhesiones en favor de un falso independentismo

El incendio de un club deporitvo en la provincia de Río Negro en la Argentina es, solamente, el último episodio pero en la trayectoria de los mapuches se encuentran varios ataques a otros lugares civiles y a iglesias. Estas acciones se hacen en nombre de un independentismo que no tiene razones históricas y què tiene en la Resistencia Ancestral Mapuche su brazo armado. Viaje al descubrimiento de un fenómeno que viene de lejos y que se nutre de simpatías de alto nivel, Gobierno nacional y unos obispos incluidos.

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La historia del denominado “conflicto mapuche” en la Argentina es de larga data. Otro tanto podría decirse respecto de Chile. El último episodio en territorio nacional argentino es el del incendio del Club Andino Piltriquitrón, en la ciudad de El Bolsón, en la Provincia de Río Negro. “«Mucha impotencia y dolor. Es parte de nuestra historia de pueblo, de familias que se juntaron para hacer deporte. En mi caso, cuatro generaciones. Abrazo a todos los integrantes de esta gran familia», escribió Ana María, una pobladora de El Bolsón, en respuesta al comunicado de la comisión directiva del Club Andino Piltriquitrón. A primera hora del miércoles, la institución informó sobre el incendio que destruyó por completo el edificio de la calle Sarmiento, a través de sus redes sociales”. Se trata de uno de los testimonios que recoge Lorena Roncarolo en una nota del 22 de octubre de 2021 del diario Río Negro.

Para comprender este último de una serie interminable de delitos impunes a lo largo de los años hace falta abrir la cámara. En primer lugar, en un plano general, hace falta mencionar a los distintos protagonistas del drama. A su vez, mediante un primer plano, conviene detenerse en la acción de cada uno de ellos.

En cuanto al plano general, en primer lugar debe mencionarse al pueblo argentino –descendientes de mapuches incluidos, dado que son argentinos–. En segundo lugar, la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), cuyos miembros son los habituales delincuentes o, todavía, peor, terroristas que atacan de manera impune a las personas y bienes del pueblo argentino. En tercer lugar, los respectivos gobiernos nacional argentino, provinciales y municipales. En cuarto lugar, los llamados “organismos de derechos humanos”, uno de los cuales y más conocidos es el de las Abuelas de Plaza de Mayo. En quinto lugar –y aquí nos detendremos en particular–, los miembros del Episcopado y del clero argentino más directamente involucrados en el “conflicto mapuche”.

Veamos, en un primer plano, a cada uno de estos protagonistas. Comencemos por el pueblo argentino. Resumidamente, los argentinos nativos y aquellos que  quieran habitar en el suelo nacional gozan de determinados derechos consagrados en la Constitución Nacional Argentina que se relacionan, estrechamente, con el cumplimiento de los correspondientes deberes. Conviene remarcar que los descendientes del denominado “pueblo mapuche” nacidos en el suelo nacional son argentinos. Este punto es importante dejarlo en claro dado que, resultado de un planteo ideológico, algunos sostienen gratuitamente que entre “la nación mapuche” y el Estado argentino existe un conflicto.

En segundo lugar, la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). Las versiones sobre la existencia de este grupo terrorista son encontradas. Con todo, puede afirmarse que la organización tiene conexiones con “algunas organizaciones terroristas de diversa procedencia, fundamentalmente la Guerrilla Internacionalista Kurda, por lejana que parezca. Los enlaces locales responden al ciudadano turco Abdullah Öcalan, condenado en Turquía a prisión perpetua por actos de terrorismo y separatismo de la región del Kurdistán. Los vínculos alcanzan a organizaciones de izquierda en la Argentina, tales como Quebracho o la Tendencia Piquetera Revolucionaria (TPR), entre muchas otras, con apoyo financiero palestino”. Aquí viene a cuento la historia delictiva de Facundo Jones Huala, el fundador y líder la RAM. Este falso-mapuche “recibió en 2018 la pena de nueve años de prisión por atentado incendiario contra una finca y tenencia de armas de fuego caseras” en Chile. Había sido “extraditado desde Argentina en diciembre de 2017 por orden del juez federal Gustavo Villanueva”.

En tercer lugar, los tres niveles de gobierno en la Argentina: el Nacional, los Provinciales y los Municipales. El pasado 5 de octubre de 2021 Rafael Bielsa, actual embajador argentino en Chile, se presentó “en la audiencia judicial de Chile donde se evaluaba un pedido de libertad condicional para el líder de la RAM. Allí, el embajador argentino expuso en la Comisión de Libertad Condicional de Temuco. Bielsa dijo que se presentó a dar respaldo jurídico a Jones Huala porque así lo prevé la normativa internacional por la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares”. La intervención del embajador Bielsa generó ruido al punto de que “según confirmaron a El Cronista fuentes diplomáticas de Chile y de Argentina, el canciller Andrés Allamand Zavala presentó una carta ante la embajada argentina en Santiago de Chile donde objetó el accionar de Bielsa en la defensa que hizo de Jones Huala”. La intervención de Bielsa, sin perder de vista las cuestiones jurídicas, tiene un carácter político indudable porque, además, se suma a otras acciones adoptadas por el Poder Ejecutivo Nacional. Resultado del incendio del Club Andino Piltriquitrón, Arabela Carreras, gobernadora de Río Negro, solicitó el auxilio del Gobierno Nacional para garantizar la seguridad. La respuesta de Alberto Fernández, presidente de la Nación, fue la de una carta en la que señala: “he decidido a través del Ministerio de Seguridad de la Nación asistir, en esta oportunidad, a la provincia a su cargo, con efectivos de Gendarmería que patrullarán la zona en cuestión. No obstante, es imperioso aclarar que no es una función del gobierno nacional reforzar el control en las rutas nacional o brindar mayor seguridad en la región”. En el mismo sentido se pronunció Aníbal Fernández, el actual ministro de Seguridad de la Nación. Párrafo aparte exigiría ocuparse del accionar cómplice del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

En cuarto lugar, los organismos de derechos humanos. Entre ellos, recientemente destacan las Abuelas de Plaza de Mayo cuya presidente es la señora Estela de Carlotto. Señaló que a los mapuches hay que dejarlos vivir donde nacieron y agregó: “Si tenemos que ayudarlos, cuenten con nosotros”.

En quinto lugar, los miembros del Episcopado y del clero argentinos más involucrados en el “conflicto mapuche”. Aquí sobresale la figura de Mons. Juan José Chaparro, actual obispo de Bariloche (Río Negro). En su jurisdicción se ubica El Bolsón. Como destaca Carlos Manfroni en una columna publicada en La Nación: a pesar hechos vandálicos contra iglesias y propiedades de instituciones católicas, “así como de la irrupción de un grupo mapuche durante una misa en la catedral de San Carlos de Bariloche, el obispo de esa diócesis, monseñor Juan José Chaparro, intercedió en más de una ocasión en favor de los grupos violentos, con pedidos de esperas y diálogos que ellos solo utilizaron para ganar tiempo”.

A partir de este resumido panorama, pueden destacarse tres puntos. En primer lugar, la existencia de un interés económico detrás del reclamo de la Patagonia argentina. En segundo lugar, la actitud pasiva de las autoridades nacionales respecto del “conflicto mapuche”. En tercer lugar, la recepción acrítica de la mentira del carácter “originario” de los mapuches, en razón del cual se animan a reclamar tierras que, en realidad, forman parte del territorio nacional argentino.

Por último, sobre las inexactitudes históricas y una “teología” floja de papeles acostumbra montarse una “pastoral indígena” que, en la práctica, siembra la división entre los argentinos y entre los mismos fieles cristianos. Esta idea exigiría ser desarrollada en detalle pero, al menos, importa dejarla escrita.

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