La UE conoce el riesgo de miocarditis, pero sigue instando a vacunarse contra la Covid
La Comisión actualiza el registro de medicamentos autorizados y admite el mayor riesgo de pericarditis y miocarditis tras las vacunas contra el Mrna, con muertes incluidas. Aun así, sigue recomendando la próxima campaña de vacunación contra un virus que ya es poco más que un resfriado.
Todo está escrito claramente en un documento oficial de la Comisión Europea: las vacunas contra la Covid provocan miocarditis y, en algunos casos, ingresos en la unidad de cuidados intensivos e incluso la muerte. Habíamos empezado con aquello de “es la vacuna más segura del mundo y de la historia” y ahora, tras dos años de mentiras, hemos llegado a una afirmación que la experiencia real ya había ilustrado sobradamente.
El documento es el Registro Europeo de Medicamentos, prácticamente la biblia del medicamento, que contiene todas las especificaciones de los más de 1300 principios activos que componen la farmacopea universal de medicamentos de uso humano y veterinario aprobados para su comercialización por la Comisión de la UE.
Pues bien. El anexo I describe las especificaciones actualizadas de las inoculaciones de Comirnaty MRna de Pfizer/BioNTech y Spikevax de Moderna.
“Tras la vacunación con Comirnaty –se puede leer-, existe un mayor riesgo de desarrollar miocarditis y pericarditis. Estas afecciones pueden desarrollarse a los pocos días de la vacunación y se han presentado principalmente a los 14 días. Se observaron con mayor frecuencia tras la segunda dosis de vacuna y en varones jóvenes (véase la sección 4.8). Los datos disponibles indican que la mayoría de los casos se resuelven. Algunos casos han requerido cuidados intensivos y se han observado casos mortales”.
En el caso del medicamento de Moderna, en cambio se lee: “Tras la vacunación con Spikevax existe un mayor riesgo de desarrollar miocarditis y pericarditis. Estas afecciones pueden desarrollarse a los pocos días de la vacunación y se han producido principalmente a los 14 días de la vacunación. Se han observado con mayor frecuencia en varones jóvenes, y más a menudo después de la segunda dosis que después de la primera (ver sección 4.8). Los datos disponibles indican que la mayoría de los casos se resuelven. Algunos casos requirieron cuidados intensivos y se observaron casos mortales”.
Son dos descripciones iguales de un mayor riesgo de desarrollar la peligrosa infección cardiaca. No está mal para un medicamento que se ha administrado a millones de ciudadanos y se ha hecho pasar por muy seguro. Imagínese lo que habría ocurrido si, en plena campaña de vacunación, la Comisión Europea nos hubiera advertido de que existía tal riesgo con las dos vacunas. ¿Cree que para prevenir o proteger contra un virus curable a casi toda la población, la gente habría corrido el riesgo de exponerse a una miocarditis? Obviamente no, y esto habría tenido un efecto en cadena en la campaña masiva que ha alcanzado más de 50 millones de inoculaciones en Italia. Sin embargo, el riesgo de inflamación cardiaca ya había sido señalado, pero sólo ahora, en vísperas de la campaña de otoño, la Comisión se ve obligada a admitirlo después de que la propia Ema hubiera incluido este peligro potencial en su luz verde a la nueva vacuna.
En resumen: no sólo son los dos fabricantes del fármaco los que admiten la peligrosa reacción adversa, sino también la propia institución que ha estado presionando a los Estados para que vacunaran al mayor número de personas posible, logrando tasas de adhesión casi universales en países como Italia.
“Esto lo cambia todo –comenta la abogada Renate Holzeisen en un post-. La EMA y la Comisión Europea admiten por fin las muertes por las ‘vacunas’ contra la Covid-19 Comirnaty de Pfizer/BioNTech y Spikevax de Moderna. Exigimos la dimisión inmediata de los magistrados del Tribunal Constitucional”.
De hecho, el Tribunal Constitucional había rechazado las cuestiones relativas a la obligación de los médicos precisamente sobre la base de un principio que no sólo no estaba probado, sino que estaba desmentido por los hechos, a saber, que, si bien admitía en teoría el riesgo de efectos adversos, la literatura científica y las instituciones de control habían descartado cualquier tipo de problema. No fue así: por el contrario, el Tribunal justificó la imposición de la vacunación al personal sanitario y confirmó las suspensiones de empleo impuestas por el Gobierno a los trabajadores sanitarios que, en nombre del principio de autodeterminación, habían decidido no someterse a la vacunación, perdiendo así su salario y, en algunos casos, su puesto de trabajo.
Según Holzeisen, “esto es imperdonable, se ha condenado a la población al matadero”. Fuertes palabras las del abogado del Tirol del Sur, que recuerda los términos de una larga y dolorosa batalla para hacer valer el derecho a no vacunar: “Nosotros (unos pocos) abogados hemos señalado desde 2021 –con creciente desesperación sobre la base de documentación oficial, como el RMP (Risk Management Plan = Plan de Gestión de los Riesgos) de los fabricantes- que faltaba información fundamental sobre la seguridad de estas sustancias experimentales basadas en la ingeniería genética”.
Y prosigue: “Sabíamos lo que iba a pasar, porque sabíamos que estas sustancias iban a causar a un gran número de personas a corto, medio o largo plazo daños muy graves para la salud e incluso la muerte. Los datos oficiales han demostrado muy pronto que estas sustancias causan un enorme número de muertes y otros casos de daños graves irreversibles. No podemos perdonar a los responsables de la justicia y de la administración local y nacional este incumplimiento total y letal para con los ciudadanos”.
La actualización europea arroja una luz desacreditadora sobre la próxima campaña de vacunación: la Covid es poco más que un resfriado, ¿quién sería tan insensato como para arriesgarse a sufrir una afección cardiaca con la esperanza de evitar contraer un virus tratable? ¿Y ahora qué pasa con la sentencia del Tribunal Constitucional? Seguro que hoy habría más elementos para lograr una victoria y afirmar así el sacrosanto principio de que la salud no puede ser instrumentalizada ni sometida a los intereses del poder.
E incluso el recurso que el Comité italiano Ascoltami interpuso ante el TEDH, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, podría encontrar, con esta admisión, una vía para ser considerado y analizado sin prejuicios. Pero todo esto se ha hecho a costa de muertes y lesiones a menudo irreversibles, que aún hoy no han sido escuchadas y atendidas como se merecen.
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