Fernández debuta con el aborto y la tibieza de la Iglesia

Cómo ya es público y sabido, el actual gobierno argentino va a anunciar el 1 de marzo el envío al Parlamento argentino de un nuevo proyecto para legalizar el aborto. Proyecto que, como dijimos en un artículo anterior, no es otra cosa que “una forma hipócrita o eufemística de expresar la legalización del asesinato del propio hijo, como lo es en realidad, y que podemos denominarlegalización del genocidio prenatal, dada la cantidad de miles y de millones de niños por nacer a los que se les impide que lleguen a la existencia fuera del seno materno, en Argentina y en el mundo”.

Se trata de un paso decisivo para imponer legislativamente la política genocida del control de la natalidad en Argentina, uno de los pocos países en el mundo que todavía tiene al aborto como delito criminal penado por ley, cuya legalización incorporaría al país en el conjunto de países que han consagrado el asesinato del propio hijo como un derecho. 

Se trata de un paso decisivo para imponer legislativamente la política genocida del control de la natalidad en Argentina, uno de los pocos países en el mundo que todavía tiene al aborto como delito criminal penado por ley, cuya legalización incorporaría al país en el conjunto de países que han consagrado el asesinato del propio hijo como un derecho. 

Como describimos en artículos anteriores, los pasos anteriores que han llevado a esta situación han sido: en un primer momento, el aviso del entonces precandidato presidencial Alberto Fernández de promover la agenda abortista, pero en un plazo no inmediato; en un segundo mandato, una vez consagrado presidente en las elecciones de octubre del 2019, el electo candidato aceleró el paso y anunció que la legalización del aborto constituía una prioridad para su futuro gobierno, lo que le valió la “reprimenda” del arzobispo de La Plata, monseñor Víctor Manuel Fernández, y una tibia reafirmación de la postura católica por parte de la jerarquía episcopal argentina, con monseñor Vicente Ojea a la cabeza, pero sin rechazar a fondo el abominable proyecto presidencial.

Que no hubo rechazo a fondo lo han demostrado y confirmado dos hechos: por otro lado, la concurrencia del presidente argentino a la celebración de Nochebuena en una parroquia porteña,recibido cordialmente por monseñor Gustavo Carrara, el obispo auxiliar “villero” de Buenos Aires, después de lo cual el doctor Fernández reafirmó la prioridad para su gobierno de legalizar el asesinato prenatal. Por otro lado, la visita del presidente argentino a la Santa Sede, incluida una audiencia con el papa Francisco,bendecida por la celebración de una Misa por parte de monseñor Marcelo Sánchez Sorondo en la cripta donde descansan los restos de San Pedro, justo debajo del altar mayor de la Basílica vaticana. Misa en la que el presidente Fernández recibió la Comunión, a pesar de que su postura pública abortista lo ha puesto en situación de impedimento de acceso a la Eucaristía (artículo 915 del Código de Derecho Canónico: “No deben ser admitidos a la sagrada comunión los excomulgados y los que están en entredicho después de la imposición o declaración de la pena, y los que obstinadamente persistan en un manifiesto pecado grave”). Aunque el doctor Fernández se encuentra incluido en esta última disposición canónica, ello no le impidió a monseñor Sánchez Sorondo permitir el acceso del presidente argentino a la Eucaristía, “bendiciendo” así la postura abortista presidencial.

En este caso, la gran pregunta es: ¿el prelado argentino procedió por cuenta propia o tuvo el nihil obstat de sus superiores para violar este artículo de Código de Derecho Canónico?

Después de este evento ambiguo, confuso y contradictorio, con el doble mensaje de “estar en comunión” con quien “viola la doctrina cristiana”, como lo puso en evidencia el periodista Andrea Zambrano, el 5 de febrero el Episcopado argentino ha convocado a una Misa en la Basílica de Luján, a celebrarse el domingo 8 de marzo, bajo el lema “Sí a las mujeres, sí a la vida”.

Ante la ofensiva política, ideológica y cultural abortista, con apoyo político y financiero internacional, la jerarquía episcopal argentina contesta únicamente con un acto litúrgico, a 60 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, y reafirmando la doctrina oficial de la Iglesia sobre la vida, pero sin rechazar contundentemente la iniciativa presidencial.

Se repite en Argentina el mismo esquema que se utilizó en Roma, durante la visita presidencial: a la definición del presidente Alberto Fernández del aborto como “problema de salud pública”, disimulando y ocultando el carácter de acto criminal del aborto a petición, el episcopado le contesta con la reafirmación de su doctrina sobre la vida; a la ofensiva política, comunicacional y propagandística del movimiento abortista, el episcopado responde únicamente con una convocatoria a 60 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, a posteriori del anuncio gubernamental.  

El gobierno decididamente abortista no soportaría una convocatoria multitudinaria en la capital de la República que rechace su iniciativa, por eso le resulta sumamente conveniente que el rechazo se manifieste bien lejos del Parlamento argentino (donde se discutirá el proyecto), y porque la concurrencia sería dos o tres veces mayor al que se congregará en la Basílica de Luján. 

Por otro lado, también le resulta conveniente al gobierno que la respuesta episcopal sea solamente litúrgica y después del anuncio oficial a favor del aborto ante la ofensiva gubernamental. Mucho más le dolería que la respuesta eclesiástica se hubiera materializado antes.

En tercer lugar, también es conveniente para el gobierno que la jerarquía episcopal no condene el intento de imponer la pena de muerte prenatal a niños absolutamente inocentes y totalmente indefensos, sino que simplemente reafirme su postura doctrinal, sin entrar en definiciones concretas que refuten la postura hipócrita del gobierno argentino respecto al tema.

En esencia, el aborto voluntario no es otra cosa que la aplicación de la pena de muerte contra personas inocentes (no han cometido ningún delito) e indefensas (no tienen posibilidad alguna de eludir el destino que les espera). Por haber adherido en agosto de 1984 a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y haberla incorporado en 1994 a la Constitución Nacional, en la Argentina no se puede implantar la pena de muerte, excepto que se decida violar la Carta Magna. Pero esto no lo denuncia la jerarquía episcopal.

El presidente argentino sostiene que para él el aborto “es una cuestión de salud pública”, no un crimen que debe ser penalizado, porque además considera que el aborto “es un derecho que tiene la mujer”. Cree ser muy original y profundo con este “razonamiento”, pero en realidad repite como un papagayo los argumentos elaborados por John Davison Rockefeller III en 1972 y explicitados en su plan maestro para imponer el control de natalidad en Estados Unidos, a pedido del entonces presidente Richard Nixon (Population Growth and the American Future, Nueva York 1972, Capítulo 11). En este sentido, el doctor Alberto Fernández no se expresa como peronista (humanista y cristiano), sino como peronoide a la Rockefeller. Pero la jerarquía episcopal no ha dicho ni dice una sola palabra sobre esto.

Y por último, frente a la movilización que el progresismo abortista ha comenzado a desplegar -intelectual, mediática y socialmente- la jerarquía episcopal sólo ha propuesto una única acción litúrgica, dejando a la deriva a toda la fuerza intelectual, profesional y científica que se desplegó heroicamente en el 2018 para impedir que se implantara la pena de muerte prenatal en Argentina, pero que ahora no encuentra ningún ámbito convocante y movilizador, frente al imperialismo internacional del aborto, profusamente subvencionado con dinero extranjero y con fondos públicos nacionales. Que para matar los propios hijos siempre hay dinero.

En estas últimas semanas han acontecido dos casos emblemáticos, que exponen en forma cabal la locura y esquizofrenia que parece estar a punto de afectar a la comunidad argentina. En una playa de la provincia de Buenos Aires, once jóvenes asesinaron en manada a un humilde joven, atacado por la espalda y totalmente indefenso, y en una ciudad del sur de Argentina un hombre, acompañado de un adolescente, violó a una mujer, intentó matarla y asesinó a su hijo de cuatro años.

En ambos casos los asesinos fueron detenidos, puestos a disposición de la justicia, asistidos por un abogado defensor y con posibilidades de ser sometidos a prisión domiciliaria, por supuesto, conservando la vida.

Si se legalizara la pena de muerte prenatal en Argentina, el actual gobierno argentino instauraría un régimen en el que los niños por nacer serían ajusticiados sin ser sometidos a juicio, sin contar con un abogado defensor y sin haber cometido delito alguno. En este esquema de legalización del aborto, el paradigma es “Muerte al inocente e indefenso, Vida al criminal”, ad maiorem Rockefeller/Soros gloriam.

Si se legalizara el aborto en Argentina, ¿qué dirá el Santo Padre que vive en Roma? ¿O aceptará pasivamente este sombrío destino para su patria, tal como profetizó el ex embajador argentino en el Vaticano Eduardo Félix Valdés en diciembre del año pasado: “Francisco no va a estar de acuerdo [con la legalización del aborto]”, pero no se va a oponer, porque “sabe que el mundo marcha en esa dirección”.

¿O se confirmará lo que algunos analistas sospechan, que los tentáculos de los clanes Rockefeller y Soros no sólo dominan la Argentina, sino que también tienen presencia en círculos del Vaticano?