Escocia orwelliana: rezar por la vida es delito incluso en casa
Las nuevas leyes abortistas de Escocia criminalizan incluso a quienes rezan en sus casas si residen en las llamadas “zonas de seguridad”. Cualquier derecho puede perderse cuando nos encontramos con una combinación de estatismo exagerado y delirio abortista.
A partir de ahora rezar está prohibido por ley, desafiando cualquier significado del derecho humano a la libertad religiosa en Escocia: la prohibición también se aplica en los domicilios privados para que los “sicarios” abortistas puedan matar sin molestias. Cuando el sanguinario “derecho al aborto” se impone en la mentalidad común y en las distorsionadas leyes de las democracias occidentales, todo derecho humano fundamental puede sucumbir e incluso las libertades más íntimas perecen.
Todo esto está ocurriendo en Escocia, un país que durante décadas ha destacado como prototipo ejemplar del nuevo modelo “orwelliano” de gobierno debido a su legislación en diversos ámbitos de la vida civil, empezando por la tiránica ley de “delitos de odio”, que ya comentamos el pasado mes de marzo. Rezar en casa puede ser un delito penal según la nueva legislación escocesa sobre el aborto, y así lo ha interpretado el Gobierno pocos días después de que haya entrado en vigor la nueva ley que establece “zonas de acceso seguras” de 200 metros alrededor de las clínicas abortistas. Los residentes de estas zonas han sido advertidos del peligro de infringir la Ley de Servicios de Aborto (Escocia) de 2024 si hacen “cualquier cosa” que “pueda causar molestias, alarma o angustia” al personal médico y paramédico y a los pacientes, incluso si esta actividad se lleva a cabo en la intimidad de sus propios hogares.
Bendecir la comida que se toma en la mesa, enseñar oraciones a los nietos en el vestíbulo de casa, incluso recitar una oración por un ser querido fallecido con los amigos o agradecer a la Virgen María con una jaculatoria la buena cosecha de coles en el huerto doméstico, podría acarrear cargos penales y el peligro de importantes sanciones. Los activistas provida temen que rezar en estas zonas se considere un delito penal, dadas también las detenciones de varios de ellos por delitos de orden público en Inglaterra e Irlanda del Norte (como le ocurrió a Isabel Vaughan Spruce, en la foto de arriba). Las directrices publicadas por el gobierno escocés para acompañar el cambio de la ley enumeran la “predicación religiosa” y las “vigilias silenciosas” como ejemplos de actividades que podrían prohibirse si se realizan con “premeditación o imprudencia”. Los residentes de una “zona de acceso seguro” de Edimburgo (ver foto), han recibido una carta -también mencionada por The Telegraph- que les advierte de que podrían ser procesados por acciones, es decir, oraciones, realizadas en casa.
El texto de la carta afirma que: “En general, las infracciones se aplican en lugares públicos dentro de zonas de acceso seguro. Sin embargo, las actividades realizadas en un lugar privado (como una casa) dentro del área comprendida entre los lugares seguros y el límite de una zona podrían constituir delito si pueden verse u oírse dentro de la zona y se llevan a cabo de forma intencionada o temeraria”. Como corolario de la ominosa explicación, se recuerda que las infracciones menos graves para quienes infrinjan la ley, podrían acarrear multas de hasta 10.000 libras esterlinas, mientras que las infracciones más graves conllevan multas ilimitadas - y se contemplará la expropiación de viviendas para las familias de creyentes cristianos y personas que oran y que residen en las inmediaciones de los laboratorios de asesinos y homicidas de inocentes.
Michael Robinson, director ejecutivo de la Sociedad para la Protección de los Niños no Nacidos (SPUC), organización que el 24 de septiembre convocó una concentración de protesta contra la ley, declaró a The Telegraph que la guía de aplicación de la ley es “profundamente orwelliana, porque sugiere que la legislación sobre zonas de seguridad podría utilizarse para controlar y regular la actividad religiosa en la propiedad privada, incluida la exhibición de un versículo de la Biblia que diga que toda vida es sagrada en su ventana, o que alguien rece en su habitación si se le ve u oye desde la calle”. Andrea Williams, directora ejecutiva de Christian Concern, confirmó que su organización vigilará atentamente cómo se aplica la legislación sobre zonas de seguridad en toda Gran Bretaña, y añadió que estas leyes son una forma regresiva de estatismo que viola los derechos fundamentales.
Inglaterra y Gales promulgarán una legislación similar a partir de finales de octubre; la legislación inglesa penaliza las actividades “en cualquier lugar” a menos de 150 metros de las clínicas abortistas. Las actividades penalizadas son todas aquellas que puedan desalentar o angustiar genéricamente al personal y a las pacientes, cuando sean “visibles desde una vía pública, un derecho de paso público, un espacio abierto al que tenga acceso el público o el límite de una clínica abortista”. A preguntas de The Telegraph, el gobierno escocés ha reiterado que “las zonas de acceso seguro” están diseñadas para salvaguardar el derecho de la mujer a acceder a la atención sanitaria. La legislación que las crea no criminaliza intencionadamente ningún comportamiento concreto, incluida la oración”. Sin embargo, cuando se examinan los hechos, las indicaciones y las cartas enviadas a los residentes, no sólo criminaliza la oración pública y privada, sino que supone una amenaza para la libertad y la propiedad de los cristianos que viven cerca de los abortorios. La política escocesa es, como siempre, terriblemente clara: no hay que molestar a los nuevos sacerdotes de la religión infanticida, sino salvaguardarlos en sus rituales asesinos. A toda costa, incluso de la libertad.
