El gobierno español declara la guerra a las Cruces

En España no cesa la guerra a las cruces, acusadas de “franquistas”. Las numerosas cruces repartidas por todo el país se consideran culpables dado que fueron erigidas a instancias de Francisco Franco, y por tanto inevitablemente portadoras de apología del régimen. Empezando por la enorme cruz de 150 metros situada en el Valle de los Caídos, enclavado a su vez el valle de Cuelgamuros. El complejo, ubicado a 60 km de Madrid y querido por Franco, incluye también una abadía benedictina y albgerga los restos de los caídos (de ambos bandos) de la Guerra Civil española.

“Resignificación” es la palabra clave de la Ley de Memoria Democrática que completa la anterior Ley de Memoria Histórica (2007) del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ya conocido por el impulso laicista que impartió de forma tan decidida durante su mandato que se llegó a acuñarse un neologismo especial para indicarlo: “zapaterismo”. El proyecto de ley de “memoria democrática” aprobado el 14 de julio por el Congreso de los Diputados y remitido después al Senado, prevé la transformación y nueva denominación del Valle de los Caídos poniendo en práctica las intenciones del actual presidente socialista Pedro Sánchez.

Entre las nuevas disposiciones, el artículo 54 prevé el cambio de “la denominación del 'Valle de los Caídos' que pasará a llamarse 'Valle de Cuelgamuros'” y será “un lugar de memoria democrática cuya resignificación [...] tiene por objeto reforzar los valores constitucionales y democráticos”. Y se declara la extinción de la Fundación de la Santa Cruz, que la Ley declara “incompatible” con los valores constitucionales. Incluso los benedictinos se preparan para hacer las maletas: su sola presencia sería un remanente del “nacionalcatolicismo”.

Pero Franco, muerto y enterrado, ya fue desalojado en 2019, trasladando sus restos del Valle al cementerio de Mingorrubio-El Pardo, como consecuencia de la aprobación de un proyecto de ley el año anterior, apenas dos meses después de que Sánchez tomara posesión. Evidentemente, la “desfranquización” no es suficiente porque el objetivo es otro, como se ha anunciado durante años. Sin Franco, ¿qué queda por eliminar? Pues esa engorrosa cruz y las numerosas cruces “incriminadas” en las distintas provincias españolas.

La guerra contra las cruces en realidad lleva activa varios años, incluso antes de la nueva Ley: en 2018 se retiró la cruz situada de una plaza pública de Callosa de Segura por ser un objeto vergonzoso, y se hizo entre las protestas de cientos de personas. En 2021 le tocó el turno a hasta 34 cruces de la provincia de Cáceres cuidadosamente “censadas” por el Comité de Expertos de la Memoria Histórica entre los símbolos franquistas a retirar. Estos días en Castellón se despiden de la Cruz del Ribalta, también acusada de franquista, que el pasado abril fue vandalizada con los colores de la bandera republicana. El 2 de agosto, la curia episcopal calificó la retirada de la cruz de “totalmente improcedente”.

El artículo 35 de la ley que quiere Sánchez no perdona a los símbolos “contrarios a la memoria democrática” que estén ubicados en edificios privados o religiosos pero “proyectados en el espacio público”, mientras que la anterior Ley de Zapatero era más suave, incluyendo razones “artístico-religiosas” entre los motivos para evitar la retirada. Ahora, sin embargo, los propietarios tendrán que desmontarlas o retirarlas a menos que la operación afecte a la estabilidad del edificio. “Las cruces no son historia, sino propaganda”, truena Miguel Ángel del Arco Blanco, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Granada, y “retirarlas no atenta contra la historia, sino que depura y acaba con una visión del pasado que no puede ser honrada en el presente”.

Sin embargo, Hazteoír argumenta que “el objetivo es humillar a la Iglesia católica”, y apela a los obispos para que den la cara en defensa de la cruz y de la comunidad benedictina. La Conferencia Episcopal Española en 2020 había expresado sus reservas sobre el deseo de convertir el Valle en un cementerio civil, ya que los cementerios religiosos “acogen a todos, creyentes y no creyentes”, además de señalar también su preocupación por el “deseo de escribir una especie de historia oficial que se convierta en una pauta educativa”. Los prelados recordaban también que la cruz es en sí misma “un signo de reconciliación”.

Pero lo del partido de Sánchez parece una auténtica obsesión. “¿Le parece serio destruir la cruz más alta del mundo para darse una satisfacción sectaria?”, ha preguntado Santiago Abascal, líder de Vox, durante el debate. Poco hay de serio, incluida la propuesta alternativa del otro partido de izquierdas, Podemos -denunciada por Hispanidad- de no destruir la cruz, sino simplemente amputarle los brazos para convertirla en un obelisco. Una locura según los técnicos, ya que la extirpación total es más fácil que la amputación. Pero, se diría, cualquier locura es buena para no ver “esa horrible cruz”, como la llamó la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo.

Pero, ¿por qué da tanto miedo una cruz - cualquiera que sea la circunstancia de su construcción -, mientras que a miles de kilómetros Lenin duerme tranquilamente en público sin que nadie piense que las visitas diarias a su cadáver (¡el cadáver de un dictador!) deban confundirse con la apología de nada?  ¿Y hay que derribar iglesias y palacios construidos durante los veinte años de fascismo y que, aunque desprovistos de símbolos fascistas, presentan el estilo inconfundible del régimen? Borrar los monumentos es borrar una fuente importante para estudiar la historia, incluso en sus pasajes más controvertidos. El afán purificador de Sánchez se parece bastante al que, en estas mismas semanas, ha llevado al gobierno nicaragüense a encarcelar y encerrar a obispos y religiosos. La sospecha es que para el presidente del Gobierno la palabra “resignificación” rime secretamente con “desacralización”.