El Gobierno británico recapacita: Rezar en silencio no es delito

“La oración silenciosa no es, en sí misma, contraria a la ley”. La ministra británica del Interior, Suella Braverman, ha realizado esta importante aclaración en una carta pública dirigida a las fuerzas policiales de Inglaterra y Gales el 1º de septiembre. Una aclaración que llega después de meses de polémica tras las escandalosas detenciones de Isabel Vaughan-Spruce, el padre Sean Gough y Adam Smith-Connor por rezar en silencio cerca de clínicas abortistas.

Pero, aunque marca un hito importante para el movimiento provida y reafirma el derecho fundamental a la libertad de pensamiento –“en sí misma”-, no llega al fondo de la cuestión, que sigue sin resolverse. De hecho, sigue siendo delito ofrecer cualquier tipo de apoyo a una mujer embarazada a menos de 150 metros de un centro abortista en virtud de la Orden de Protección del Espacio Público (PSPO, por sus siglas en inglés) y pronto se aplicarán las mismas restricciones a todas las clínicas abortistas de Inglaterra y Gales cuando se introduzcan “zonas de seguridad” en virtud del nuevo Proyecto de Ley de Orden Público (POB, por sus siglas en inglés) aprobado en marzo de 2023.

La aclaración de Suella Braverman figura en una larga carta que la ministra ha escrito a todos los cuerpos policiales, debido a la inquietud que ha causado en la opinión pública el comportamiento ambiguo de la policía, a la que no se considera imparcial. Braverman pide a los agentes que colaboren para “mejorar la confianza del público en la policía”, que se ha visto dañada por la “percepción de que, en ocasiones en los últimos años, se ha considerado que la policía adoptaba una postura política”, refiriéndose en concreto a incidentes flagrantes aparecidos en las noticias, como la excesiva indulgencia con respecto a las reivindicaciones LGBT. La carta recuerda a los agentes que su función es “hacer cumplir la ley tal y como está escrita... no abogar por el cambio social ni tomar partido”. La carta también recuerda a los agentes que “tener opiniones legítimas, aunque puedan ofender a otros, no es un delito”.

Desde esta perspectiva, rezar en silencio por las calles de Inglaterra ya no es delito. Cabe mencionar que Isabel Vaughan-Spruce, el padre Sean Gough y Adam Smith-Connor fueron detenidos después de que los agentes de policía les interrogaran sobre sus intenciones y oraciones, que de otro modo no se habrían podido conocer, lo que llevó a los medios de comunicación a hablar de “policía del pensamiento”.

Comentando positivamente la carta de Suella Braverman, Isabel Vaughan-Spruce dijo: “No corresponde al Gobierno determinar mis creencias sobre el aborto, mi convicción de que las mujeres merecen un mejor apoyo, ni controlar mi fe. Me alegra ver que el Ministro del Interior deja claro a la policía que no es delito rezar con la mente. Es un principio fundamental de una democracia libre, y sin embargo me han detenido dos veces por ello”. Por el contrario, Jeremiah Igunnubole, asesor jurídico de Alliance Defending Freedom (ADF Reino Unido), que representa la defensa legal de Vaughan-Spruce, explicó: “Si Isabel hubiera gritado a voz en grito contra el cambio climático en esa misma calle, no habría habido ninguna detención. Pero como sus pensamientos silenciosos y personales expresaban una opinión particular sobre el aborto –que las autoridades no aprueban-, fue detenida".

Pero aunque el Ministro del Interior haya puesto fin a la equiparación entre oración silenciosa y “delito de pensamiento”, no hay que olvidar que sigue siendo ilegal rezar en voz alta o de forma visible, o incluso ser una presencia discreta con capacidad para hablar y ofrecer ayuda concreta a una joven que está pensando en abortar, evitando cualquier gesto que pueda considerarse intimidatorio o de acoso. Con la normativa actual, por tanto, la única presencia y actividad permitida es la oración silenciosa por parte de personas quizá aisladas. Uno no puede evitar preguntarse, de hecho, qué ocurriría si un grupo más numeroso de veinte o treinta personas se reuniera para rezar pacíficamente ante un centro abortista. ¿Cambiaría de nuevo la situación? Es obvio que la ley pretende suprimir la presencia visible de defensores provida para impedir que las mujeres que se plantean abortar cambien de opinión. Y lo que es más importante, estos voluntarios ofrecen opciones reales, proporcionan información sobre los muchos servicios disponibles para ayudar a estas mujeres, apoyo económico o compañía. Algo que no hacen las clínicas abortistas, que sólo ofrecen una opción: el aborto.

El hecho es que, tal y como están las cosas, la legislación sobre el aborto en el Reino Unido se ha reforzado. Queda por ver si se cumplirá con lo establecido en la carta de Suella Braverman, y en qué medida, o si se encontrarán otros medios para desalentar e intimidar la oración silenciosa. Desde luego, no garantiza a Adam Smith-Connor un veredicto de inocencia en el juicio que se celebrará el 16 de noviembre; ni evitará que Isabel Vaughan-Spruce acabe en los tribunales por segunda vez. Ésta es también la opinión de Adam Smith-Connor, quien, comentando con La Brújula Cotidiana la carta del ministro, dijo que se trata de “un avance positivo, pero aún queda mucho camino por recorrer. En ningún caso me da ninguna seguridad en cuanto al resultado de mi caso pendiente en los tribunales por ahora”.

De hecho, como se mencionó al principio, el quid del problema sigue sin resolverse. El Gobierno británico es perfectamente consciente de que las restricciones impuestas en torno a las clínicas abortistas anulan otros derechos fundamentales protegidos por la legislación nacional e internacional: la libertad de expresión, la libertad de circulación y la libertad religiosa. Pero los parlamentarios votaron en contra de una importante enmienda que habría protegido explícitamente la oración silenciosa y el apoyo caritativo a las mujeres. Además, el uso ambiguo e indefinido del término “oración” es en parte responsable de la situación actual, y de la que el Gobierno es tan “culpable” como la policía, si no más. Por ello, esperamos que el ministro aborde también estos puntos pendientes.

Mientras tanto, acogemos con satisfacción la carta de Suella Braverman, que recuerda acertadamente a la policía que los ciudadanos de a pie no han perdido el derecho a expresar sus pensamientos, sobre cualquier tema, sea cual sea su ubicación en suelo británico.