Derechos subjetivos para los perros: el interés superior se convierte en ley

Cuidado con ponerle al perro una correa demasiado corta. Un día podría arrastrarle no de poste a poste o de matorral en matorral, sino hasta los tribunales. No se trata de una fantasía jurídica, pero podría hacerse realidad dentro de poco. Esta es, de hecho, la conclusión que se desprende de la lectura del caso judicial de Tuco, un cruce entre un pastor belga y un pitbull.

Todo se desarrolla en España, donde en 2018 el dueño de Tuco se va a México de Erasmus. El dueño le deja el perro a una empleada doméstica llamada Oumaima Laamar. En 2020 vuelve y le escribe a la empleada este mensaje: “He vuelto, estoy aburrido, devuélveme el perro”. Oumaima se niega y en febrero de 2021 él la demanda por apropiación indebida. En octubre del año pasado el juzgado civil de Oviedo dictaminó que el perro debía volver a su legítimo dueño. La empleada apeló y esta vez el juez estuvo de su lado. ¿Qué ha pasado mientras tanto? Lo que ha ocurrido es que el 5 de enero entró en vigor una ley que ya no clasifica a los animales como bienes muebles, como cosas, sino como “seres vivos dotados de sensibilidad”. Este cambio de estatus obligará, por ejemplo, a los propietarios a tomar medidas específicas para su manutención en caso de divorcio –como si fueran hijos- y además no podrán ser embargados en caso de deuda.

Pero volvamos a Tuco. El perro se quedará con Ousimamia al menos hasta que concluya el procedimiento, ya que “su bienestar desaconseja realizar cambios en la situación actual, cambios que podrían no ser definitivos y de este modo causar un sufrimiento innecesario al animal, que se vería separado bruscamente de la persona que ha sido su cuidador durante al menos los últimos tres años. [...] Un cambio de entorno y de núcleo familiar podría causarle un sufrimiento evitable”. Esto se debe, añaden los jueces, a que se han desarrollado “importantes lazos afectivos” entre Ousimamia y el perro.

Por lo tanto, el principio que debe seguirse no es que los bienes que pertenecen a su legítimo propietario deban serle devueltos, sino que debe elegirse la opción más beneficiosa para el perro. La atención ya no se centra en la persona del propietario, sino en el animal: el bien pasa a ser más importante que el propietario. Por lo tanto, el interés superior del perro es el principio rector, no el derecho de propiedad del dueño. Un interés superior que es la antesala del reconocimiento de los derechos subjetivos de Tuco: el interés legítimo puede ser la antesala de los derechos. De esta manera, todos los animales “sintientes”, desde la mofeta hasta el tiburón blanco, se encuentran ahora en una posición jurídica intermedia entre los bienes muebles y las personas. Ya no son cosas, todavía no son personas. Una personalidad atenuada. Pero representa un breve paso antes del pleno reconocimiento de la subjetividad jurídica de los animales.

La nueva normativa que protege a los animales como seres “sintientes” pretende, sobre todo, acabar con las corridas de toros. En el futuro será cada vez más difícil herir a un toro con una banderilla o un estoque sin arriesgarse a ir a la cárcel. Del mismo modo, comerse un chuletón será casi tan malo como el canibalismo; la correa se considerará un acto de tortura; no bajar a tu perro a la calle para que haga sus necesidades se considerará violencia privada; atar a tu perro a la caseta se considerará esclavitud; y escribir opiniones como éstas se considerará difamación en la prensa.

Pero la reciente legislación española tiene su propia lógica: quito la condición de personas a los niños en el vientre de sus madres y se la doy a los animales. Estoy convirtiendo en cosas a los no nacidos y al mismo tiempo estoy personalizando a los animales. En definitiva, se trata de anular la jerarquía natural de la creación tal y como la ha querido Dios. En la cima de la pirámide ya no está el hombre, sino Tuco.