Cómo en la Iglesia se mistifica el tema del aborto
Se ha puesto de moda en los periódicos y la televisión ridiculizar y demonizar a los católicos que rechazan las vacunas, y varios obispos y sacerdotes dan fe de que la Iglesia pide la vacunación obligatoria. Pero el documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe pone condiciones muy claras a la permisibilidad moral del uso de estas vacunas, entre ellas la presión sobre las empresas farmacéuticas y los gobiernos para que prohíban el uso de líneas celulares provenientes de fetos abortados. Pero el silencio de los obispos sobre esto es absoluto.
Desde hace un tiempo no hay diario, periódico o programa periodístico en televisión que no dedique un artículo a los llamados católicos “no vax”, con obvia descripción de personajes bizarros, obispos y sacerdotes reducidos a caricaturas, en los límites si no fuera de la Iglesia. Obviamente todo está ligado a los enemigos imaginarios del papa Francisco. No falta además la habitual figura eclesiástica autorizada que explica cómo la Iglesia ya se ha pronunciado sobre estas vacunas anti covid, afirmando claramente que se pueden, o más bien se deben, utilizar sin ningún problema moral o sanitario. La referencia es a la famosa Nota de la Congregación para la Doctrina de la Fe (CDF) sobre la moralidad del uso de ciertas vacunas anti-Covid 19, publicada el 21 de diciembre de 2020, refrendada por el papa Francisco.
Ahora bien, al margen de esta definición de No Vax que -como hemos dicho muchas veces- es un odioso intento de descalificar inmediatamente a todo aquel que cuestione el uso de estas vacunas, hay que preguntarse si los que tanto hablan de esta Nota, atribuyéndole un nihil obstat [una autorización plena y definitiva] a las vacunas que utilizan líneas celulares de fetos abortados, la han leído y entendido realmente alguna vez.
En efecto, se trata de un documento breve, cuya redacción se puede objetar, pero que no dice en absoluto que estas vacunas no presentan ningún problema. Mientras tanto, la Congregación limita el alcance de su intervención, que es sólo lo moral vinculado a la utilización de líneas celulares “procedentes de fetos abortados”. Por otro lado, “no se pretende juzgar la seguridad y eficacia de estas vacunas, aunque sea éticamente relevante y necesario, cuya evaluación es responsabilidad de los investigadores biomédicos y de las agencias de medicamentos”. En otras palabras, también es importante hacer un juicio moral sobre la seguridad y la eficacia de las vacunas: en el momento en que se publicó la Nota, la vacunación acababa de empezar y era seguro que la pandemia terminaría con las dos dosis previstas, cuya eficacia se vendía como cercana al 100%. Un año después sabemos que no es así, que la eficacia es limitada en el tiempo y que las reacciones adversas graves también son un problema, por mucho que el régimen informativo intente ocultar los datos. Por tanto, es precisamente la Nota la que nos exigiría una seria reflexión ética, precisamente sobre la seguridad y la eficacia de estas vacunas.
Pero volvamos al tema propio de la declaración de la Congregación. En primer lugar, la Congregación se remite a documentos anteriores sobre este tema, en particular al “pronunciamiento de la Academia Pontificia para la Vida, titulado Reflexiones morales sobre las vacunas preparadas con células extraídas de fetos humanos abortados (5 de junio de 2005)”. En resumen, la legitimidad moral de estas vacunas se basa en dos condiciones: el estado de necesidad y la falta de alternativas “éticamente irreprochables”. Respecto a la primera condición, cabe señalar que si bien el uso de estas vacunas por parte del paciente constituye una cooperación material pasiva remota, el “deber moral de evitar” estas vacunas sigue siendo válido, a menos que haya “un peligro grave, como la propagación -por otro lado incontenible- de un agente patógeno grave”. Y aquí volvemos a la necesidad de una verificación de esta condición a la luz de lo ocurrido en este año de vacunaciones.
Pero admitamos también -sin concederlo- que se cumplen las dos condiciones para el uso lícito de estas vacunas (después de todo, hemos abordado estas cuestiones varias veces en los últimos meses). Aquí nos interesa poner en evidencia otros dos aspectos que se desprenden de la Nota.
El primero es la afirmación de que “la vacunación no es, por regla general, una obligación moral y que, por lo tanto, debe ser voluntaria”. Si no es una obligación moral, menos aún puede ser una obligación legal. Y sin embargo, muchos de los que pontifican en estos días, erigiéndose en representantes exclusivos de la Iglesia, impulsan incluso la obligación legal; y ya son muchos los casos de obispos que obligan a los sacerdotes y seminaristas a vacunarse. ¿Dónde está entonces la ideología? ¿Entre los que se plantean problemas morales, además de seguridad y eficacia, o entre los que doblegan los documentos de la Iglesia a su propio uso y consumo para hacerlos superponibles a las indicaciones del gobierno?
No sólo eso, la nota de la FCD reconoce indirectamente la posibilidad de la objeción de conciencia al recomendar a quienes rechazan la vacuna por este motivo, que se esfuercen por evitar “cualquier riesgo para la salud de quienes no pueden ser vacunados por razones clínicas o de otro tipo, y que son los más vulnerables”. Obsérvese aquí cómo la CDF asume la promesa de que la vacuna es totalmente eficaz, hasta el punto de considerar que no existe ningún riesgo de infección para los vacunados.
Segundo aspecto: la necesidad de detener el uso de estas líneas celulares. La CDF se preocupa en primer lugar por aclarar que “el uso lícito de estas vacunas no implica ni debe implicar en modo alguno la aprobación moral del uso de líneas celulares procedentes de fetos abortados”. A continuación, pide “tanto a las empresas farmacéuticas como a los organismos sanitarios gubernamentales que produzcan, aprueben, distribuyan y ofrezcan vacunas éticamente aceptables que no creen problemas de conciencia, ni a los trabajadores sanitarios ni a los propios vacunados”. En la práctica, la CDF pide que se presione a las empresas farmacéuticas y a los gobiernos para que prohíban el uso de las líneas celulares en cuestión. El ejemplo de los activistas por los derechos de los animales demuestra que incluso una minoría bien organizada y motivada puede conseguir resultados importantes en este frente (véanse las campañas para abolir las pruebas de medicamentos en animales).
Pero en este punto el silencio es absoluto, el tema parece tabú. Se apremia continuamente a la vacunación, se hace todo lo posible -incluso en la Iglesia, tal vez más en la Iglesia- para dificultar la vida de los no vacunados, pero no se gasta ni una sola palabra para evitar que las vacunas, los medicamentos y la investigación científica se alimenten con el uso de fetos abortados. Incluso tenemos a quienes se les ocurre dar lecciones de defensa de la vida a los provida que no se vacunan, y luego callan sobre este aspecto que la CDF considera fundamental, una condición más para el uso de vacunas moralmente problemáticas. La Conferencia Episcopal Italiana (CEI) tuvo una importante oportunidad para lanzar un llamamiento en este sentido y obligar incluso a nuestros gobernantes a tomar posición: el mensaje para la Jornada de la Vida, que se publicó en días pasados, con el título “Custodire ogni vita” (Custodiar cada vida). En cambio, si bien una gran parte del mensaje se dedicó a la pandemia, la CEI prefirió hacer hablar de sí misma por el pasaje en el que condena a quienes deciden no vacunarse; pero no se hizo ni una mención a las vidas utilizadas para la investigación científica y, en particular, en el ámbito farmacéutico. Tal vez, obnubilados por esta locura vacunal, ni siquiera han pensado en ello; o han calculado que era más conveniente no molestar al manipulador, tal vez pensando en el 8x1000. Tarde o temprano entenderán que se recoge lo que se siembra.