Safe: la UE necesita una buena defensa, no una economía de guerra

Europa tiene un problema de seguridad y negarlo sería poco realista. Sin embargo, esto no significa que haya que compartir necesariamente la solución propuesta por Bruselas: un aumento estructural del gasto militar, lo que supondría, de hecho, ceder aún más soberanía a la Unión Europea. Todo ello partiendo de la convicción, más o menos explícita, de que la Federación Rusa representa la principal amenaza contra la que hay que prepararse en los próximos años.

En este contexto nace SAFE, Security Action for Europe, el nuevo instrumento financiero de la Unión Europea para el refuerzo de la defensa. Aprobado por el Consejo de la UE en mayo de 2025, SAFE pone a disposición de los Estados miembros hasta 150 000 millones de euros en préstamos a largo plazo. La UE captará los fondos en los mercados financieros a los tipos de interés vigentes en cada momento, que, por tanto, son inciertos en estos momentos. Durante los primeros diez años, los Estados participantes solo deberán asumir el coste de los intereses, cuyo importe dependerá de las condiciones en las que la UE consiga financiarse; tras los primeros diez años, y hasta un máximo de 45 años, los Estados deberán comenzar a reembolsar a la UE también el capital. No se trata, por tanto, de subvenciones a fondo perdido, sino de nuevas deudas que los Estados beneficiarios deberán financiar y luego devolver a lo largo de los años: se trata, por lo tanto, de una carga adicional que recaerá sobre los futuros contribuyentes. El uso de dichos recursos no queda, además, totalmente a la libre discreción de los distintos gobiernos, sino que está en gran medida «condicionado», es decir, supeditado a criterios decididos soberanamente por la Comisión Europea.

SAFE es solo un componente de un proyecto más amplio: el programa Readiness 2030 (antes ReArm Europe) tiene como objetivo movilizar más de 800 000 millones de euros para la defensa, entre préstamos europeos, mayor flexibilidad fiscal nacional, intervención del Banco Europeo de Inversiones y capitales privados. El giro es notable y plantea una pregunta que precede a la económico-financiera: ¿de qué seguridad necesita realmente Europa?

Es cierto que Europa ya no puede delegar su propia defensa. Durante décadas, los europeos han gastado relativamente poco en armamento porque otros gastaban por ellos: Estados Unidos. Desde 1945, el paraguas militar estadounidense, consolidado por la OTAN, ha constituido el pilar de la seguridad occidental; tras 1989-1991, en el llamado «momento unipolar» dominado por EE. UU., los gobiernos europeos se han beneficiado de un nuevo «dividendo de la paz», reduciendo progresivamente los ejércitos, los arsenales y la capacidad industrial militar.

Ese mundo está llegando rápidamente a su fin, en una transición accidentada hacia un multipolarismo caótico y fluido. Estados Unidos se ha empantanado en la enésima guerra en Oriente Medio, pero mira estratégicamente hacia el Indo-Pacífico y la competencia con China. Europa ya no es una prioridad: de hecho, la Estrategia de Seguridad Nacional estadounidense incluye entre sus objetivos una Europa capaz de velar en mayor medida por su propia defensa. En el nuevo contexto geopolítico, un continente de 450 millones de habitantes, dotado de una de las mayores economías del planeta, ya no puede depender permanentemente de una potencia situada al otro lado del Atlántico que ha manifestado de todas las formas posibles su voluntad de distanciarse.

Además, hay un problema, menos geopolítico y más de gestión: Europa ya gasta mucho, pero a menudo lo hace mal. En 2024, los 27 países de la Unión destinaron a defensa 343 000 millones de euros (+19 % respecto al año anterior); para 2025, la estimación supera los 380 000 millones. Sin embargo, la dispersión entre programas nacionales, sistemas de armas incompatibles y procedimientos de adquisición separados genera duplicidades y mayores costes: las adquisiciones en cooperación entre Estados siguen siendo inferiores al 20 % del total, según el Parlamento Europeo. Aquí es donde SAFE puede desempeñar una función sensata: fomentar los contratos comunes, la interoperabilidad, las reservas de munición, la defensa antiaérea, la movilidad militar y la ciberseguridad. El problema surge cuando se equiparan la autonomía estratégica europea y la preparación para una guerra contra Rusia.

¿Está Rusia realmente preparada para invadir Europa? El discurso predominante en las instituciones euroatlánticas insiste en el riesgo que supone Rusia: el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha afirmado que Moscú podría adquirir en pocos años la capacidad de emplear la fuerza contra la Alianza. Las advertencias no deben descartarse: las operaciones híbridas, los ciberataques, los sabotajes y las presiones sobre los países de Europa del Este y los países bálticos, sobre todo, no pueden excluirse por completo.

Pero entre la capacidad de llevar a cabo operaciones hostiles y la posibilidad de desencadenar una guerra convencional contra toda Europa hay una enorme distancia. Tras cuatro años y medio de conflicto, Moscú se ve sometida a una enorme presión humana y material: desde el inicio de la invasión de Ucrania en febrero de 2022, algunas estimaciones independientes calculan que Rusia ha sufrido casi 1,2 millones de bajas en total, entre muertos, heridos y desaparecidos. Las cifras siguen siendo inciertas en tiempos de guerra, pero describen, en cualquier caso, un conflicto agotador; algunos análisis indican que Moscú consigue reponer las bajas actuales, pero sin márgenes evidentes para aumentar sustancialmente las fuerzas movilizadas.

A esto se suma la variable demográfica, de la que, sorprendentemente, se habla muy poco. Rusia tiene un territorio inmenso, pero una población relativamente modesta —unos 146 millones de habitantes—, en declive y envejecida: en 2024, alrededor del 30 % de la población tenía al menos 55 años (frente al 21,1 % en 1990), con una tasa de fecundidad de alrededor de 1,4 hijos por mujer. Una Rusia con una población inferior a la de Alemania y Francia juntas debería, en la hipótesis extrema que a menudo se evoca, ocupar o amenazar de forma permanente a una Unión Europea que cuenta con aproximadamente el triple de habitantes. Es un escenario posible en abstracto, pero muy diferente a afirmar que sea probable. La prudencia, virtud eminentemente política, exige distinguir las amenazas y clasificarlas por orden de gravedad, sin dejarse dominar ni por el pacifismo abstracto ni por el miedo irracional.

El riesgo que corre Europa es pasar del «verde» al «gris-verde»: un nuevo «keynesismo militar» que no solo sirve para comprar armas, sino, abiertamente, para relanzar la base industrial europea de la defensa. Después de que el espejismo de la transición energética haya debilitado gravemente la solidez y la competitividad de la industria europea, empezando por Alemania, el riesgo es que ahora se utilice el gasto militar —decidido políticamente, tal y como se hizo con el PNRR— para sostener artificialmente la demanda, el empleo y la producción.

El dinero que llamamos público, en realidad, nunca surge de la nada: incluso cuando se recauda mediante deuda, deberá cubrirse con impuestos, recortes en gastos alternativos o crecimiento futuro. Al final, la factura siempre la pagan los contribuyentes.

Existe, además, una contradicción difícil de eludir. Europa quiere alcanzar la autonomía estratégica en el ámbito militar, al tiempo que ha debilitado un componente fundamental de su propia autonomía económica: el abastecimiento energético a precios competitivos. Tras la invasión de Ucrania, la dependencia europea del gas ruso se ha reducido drásticamente —del 45 % al 19 % de las importaciones de gas, con la cuota rusa sobre el total de las importaciones energéticas de la UE descendiendo del 30 % (2021) al 5,3 % (2024)— y Bruselas aspira a eliminarla por completo para 2027. La diversificación es un objetivo razonable: depender de un único proveedor, sobre todo en el nuevo contexto geopolítico, siempre es peligroso. Pero diversificar no significa renunciar a la rentabilidad económica, ni sustituir una dependencia por otra más costosa, concretamente del gas natural licuado estadounidense. Una industria química, siderúrgica o mecánica (especialmente la automovilística) que pierde competitividad no se fortalece por el mero hecho de que una parte de sus plantas se reconvierta a la producción militar.

La seguridad también significa pan, energía e infraestructuras. Una nación está segura cuando dispone de fuerzas armadas creíbles, pero también lo está cuando puede producir energía, alimentar a su población, defender sus infraestructuras y mantener una base industrial autónoma. Para una Europa pobre en materias primas y con una demografía en declive, la seguridad energética y alimentaria no son cuestiones secundarias respecto a la militar: son su premisa.

Europa necesita ejércitos eficientes, reservas adecuadas, defensas aéreas, cibernéticas y por satélite, protección de las fronteras y de las infraestructuras, y la capacidad de defenderse de forma autónoma en caso de que algún día Estados Unidos decidiera dejar de hacerlo. Pero necesita igualmente energía abundante y competitiva, una agricultura productiva, una industria manufacturera, familias capaces de tener hijos y unas finanzas públicas sostenibles. La verdadera autonomía estratégica consiste en mantener un equilibrio entre todos estos aspectos.

Gastar cientos de miles de millones en prepararse para una guerra hipotética, debilitando al mismo tiempo las bases energéticas, industriales y demográficas de la sociedad europea, correría el riesgo de generar una curiosa paradoja: una Europa cada vez más armada, pero cada vez más frágil desde el punto de vista económico y social. Y una sociedad frágil, por muy armada que esté, difícilmente puede considerarse verdaderamente segura.