“Promover el aborto para salvar el planeta”

Para el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, este año será el del “ahora o nunca” en la lucha contra el cambio climático. En la cumbre climática de la ONU COP26 (26ª Conferencia de las Partes sobre el Cambio Climático), que se celebrará en Glasgow en noviembre, las multinacionales del aborto exigen que se incluyan los “derechos reproductivos y la anticoncepción” en los compromisos climáticos, demostrando así plenamente la cara malthusiana del neoambientalismo.

La conferencia, aplazada el año pasado a causa de Covid-19, será copatrocinada por el Reino Unido (Glasgow, del 1 al 12 de noviembre, para la COP 26 propiamente dicha) e Italia (Milán, Italia, para las cumbres previas a la COP, del 28 de septiembre al 2 de octubre), y se espera que los más de 190 países participantes anuncien nuevos objetivos climáticos.

Las diversas proclamas alarmistas han sido desmentidas en repetidas ocasiones, como hemos revelado ampliamente en La Brújula Cotidiana, e imaginar que el mundo entero alcanzará la neutralidad del carbono en 2050 (o en 2030, como muchos querrían), para evitar un aumento de la temperatura de más de 1,5°C en comparación con el final del siglo XIX, es poco realista y profundamente injusto para miles de millones de personas y decenas de países en desarrollo.

La noticia preocupante es la carta que 60 organizaciones abortistas y multinacionales mundiales han enviado al gobierno del Reino Unido hace unos días, según informa el diario británico The Guardian, en la que piden que la anticoncepción y los derechos reproductivos (el aborto) se incluyan en las decenas de miles de millones destinados al clima. En una carta dirigida a Alok Sharma, presidente de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Clima, COP26, una alianza de más de 60 ONG pide que se modifiquen las normas de elegibilidad para la financiación, de modo que se permita el acceso a los fondos para el clima a los proyectos que abordan los obstáculos a la salud reproductiva y la educación de las niñas.

Entre los firmantes de la carta se encuentra la multimillonaria cadena de abortos MSI (antes Marie Stopes International), que describió cómo sus “clientes” son “los más afectados por la crisis climática y lo que realmente quieren es tener acceso a la atención sanitaria reproductiva, para poder tomar decisiones sobre cuándo tener hijos o no”. ¿Clientes? Las pobres mujeres a las que se les dijo que querían ayudarlas a tomar una decisión informada, son ahora, en cambio, simples “clientes” a los que vender o prestar servicios, incluido el aborto de su hijo? ¿Y sería esto esencial para reducir la crisis medioambiental y climática del planeta? La profesora Susannah Mayhew, de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, según informa The Guardian, ha justificado que la conexión, aunque “no es intuitiva” para la gente de Occidente, era obvia para las comunidades pobres de todo el mundo, donde “lo que se necesita para apoyar [la vida sostenible] es la capacidad de controlar la fertilidad como mujer individual”.

¿Puede la vida sostenible depender de las píldoras abortivas que se ingieren o del número de abortos? Estamos en el reverso de la razón, que por un lado quiere salvar el planeta y por otro matar la vida humana. La presión sobre los dirigentes y jefes de Estado que asistan a la COP26 no sólo provendrá de las multinacionales privadas, ya que el último documento del FNUAP, del 16 de agosto, sobre cómo el cambio climático afecta de forma diferente a hombres y mujeres en todo el mundo, expone las formas en que el cambio climático afecta más a las mujeres y a las niñas: El aumento de la violencia de género contra las mujeres; el aumento de los matrimonios infantiles; el aumento de las tasas de mortalidad neonatal; el aumento de las enfermedades maternas y neonatales; y, por último, la alteración de la salud sexual y reproductiva y la limitación del acceso a la anticoncepción.

Precisamente en este último punto, el documento del UNFPA se detiene en subrayar cómo la anticoncepción y los derechos sexuales y reproductivos son indispensables para una acción eficaz contra el cambio climático (“El mundo debe reconocer que la salud y los derechos sexuales y reproductivos son una cuestión climática y que las mujeres deben formar parte de la política climática. Cuando las mujeres pueden formar parte de este trabajo, el planeta mejora gracias a la reducción de la huella de carbono y a un mayor número de tierras protegidas. Y cuando el planeta está mejor, todos estamos mejor”).

Esto no es nada nuevo si se compara con lo que ya han promovido y afirmado organizaciones como “Women Deliver” (“The link between climate change and reproductive health and rights”, El vínculo entre el cambio climático y la salud y los derechos reproductivos) o el propio UNFPA en su conferencia de la primavera pasada en Sudáfrica, que afirmó que “África debe permanecer con una sola voz en la COP26 y presionar para que se tomen medidas de adaptación al clima que no disminuyan los servicios de salud, incluida la salud sexual y reproductiva”.

Al fin y al cabo, según el Instituto Guttmacher en un estudio, “satisfacer la necesidad mundial insatisfecha de anticoncepción costaría unos 770 millones de dólares (565 millones de libras) al año, sólo 548 millones más que los costes actuales”. Eso no es nada comparado con los cientos de miles de millones que se gastarían para salvar a los eucaliptos y al perezoso bayo... Un genocidio humano, si tenemos en cuenta que ese gasto multiplicaría por 10 el número de 50 millones de abortos (quirúrgicos y químicos) que se realizan cada año.

La presión de las últimas semanas no sólo se dirige al gobierno de Johnson, sino a todos los gobiernos que se sentarán en la Conferencia sobre el Clima de Glasgow, a los que se les pide que sancionen el absurdo científico y cultural de la última década: “Nada de niños si quieres salvar el planeta”. Es más, para salvar a un canario estaría bien matar a un niño. ¿De qué lado está nuestro Gobierno?