Nicaragua, una cruel dictadura de la que no se habla

Este martes 10 de diciembre se celebró como todos los años el Día Internacional de los Derechos Humanos, para recordar la fecha en la que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948. Un documento histórico que proclamó los derechos inalienables de todos los seres humanos, convirtiéndose en el documento más traducido del mundo, al estar disponible en más de 500 idiomas.

En el marco de esta importante celebración, merece la pena recordar al pueblo de Nicaragua. Un pequeño país ubicado en el istmo centroamericano de sólo 6.3 millones de habitantes y que no ocupa los principales titulares de los medios internacionales, a pesar de que sufre una de las más sangrientas dictaduras de la historia moderna de América Latina, bajo el régimen sandinista-socialista de Daniel Ortega.

Para hablar de los Derechos Humanos en Nicaragua, la Brújula Cotidiana entrevistó en exclusiva al doctor Álvaro Leiva Sánchez, secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos (Anpdh) y delegado de la misión de la Canadian Human Rights Organization International (Chrio) para Centroamérica y los Estados Unidos de América; quien desde su exilio en Costa Rica desnudó la brutal represión y persecución gubernamental que sufre el pueblo nicaragüense.

Desde abril del año 2018, Nicaragua ha sido escenario de importantes manifestaciones en contra del dictador Ortega, lo que ha desencadenado una cruel represión que al inicio fue noticia. Hoy, sin embargo, se habla poco de su país…   
Desde el 19 de abril hemos perdido la paz social en Nicaragua, frente a un régimen que no tiene la voluntad política de mejorar la situación de los derechos humanos de sus ciudadanos, a pesar de los compromisos internacionales que tenemos ante la OEA (Organización de Estados Americanos) y ante las Naciones Unidas. El actual gobierno ha cometido delitos de lesa humanidad, un verdadero genocidio, violando los derechos humanos del pueblo de Nicaragua.

Este martes presentó en Costa Rica un informe de 480 páginas sobre la situación de los derechos humanos en su país, que resume todo lo que ha sucedido desde que iniciaron las protestas hasta hoy. ¿Cuál es su balance?
La situación de los derechos humanos en Nicaragua es de profunda crisis. Las estadísticas van en ascenso día a día: 634 ciudadanos han sido ejecutados, 5.021 ciudadanos han sido heridos durante las protestas y se les ha negado el derecho a la salud en los hospitales simplemente por no compartir la ideología del gobierno, 590 ciudadanos han sido secuestrados por grupos paramilitares y por la policía del régimen, son los presos políticos, y 846 ciudadanos se encuentran en estatus de desaparecidos.

Algunos personajes ligados con el gobierno de Ortega lo han acusado de inflar las cifras de las víctimas, ¿estos casos son documentados?
Sí, cada caso presente en el informe está debidamente documentado. Al momento las autoridades competentes de Nicaragua no brindan datos exactos sobre las víctimas, por eso el informe se sustenta en las denuncias efectuadas por los familiares a la Anpdh. Son muertes que ocurrieron como consecuencia de operaciones implementadas por el régimen Ortega, como parte de la campaña “Vamos con todo” y que ha abarcado al menos tres planes trasversales de asesinatos, denominados “cortina de humo”, “operación limpieza” y “plomo”. Por lo tanto, el informe enumera las víctimas de las injusticias en un contexto de asesinatos ejecutados por fuerzas gubernamentales regulares y por irregulares. Hay ejecutados por haber apoyado barricadas o trancas, siendo buscados en forma selectiva en sus casas, en base a listas levantadas por miembros del partido del gobierno de turno. Hay ejecutados por la policía del régimen en diferentes circunstancias, como los asesinatos durante supuestos hechos delictivos, en donde tratan de presentar a las víctimas como delincuentes con antecedentes, siendo ciudadanos honestos que simplemente han ejercido su derecho constitucional de protestar.

¿Es el caso del activista José Isaías Ugarte, quien falleció recientemente junto a otros dos civiles en medio de un enfrentamiento con la policía?  
Sí, pero no sólo fue abatido, fue torturado cruelmente. En Nicaragua pensar diferente o manifestarse puede conllevar a que te criminalicen y te traten como un delincuente común, como también le sucedió a la estudiante nicaraguense-belga Amaya Coppens, que fue arrestada y ahora es procesada junto a otras 12 personas cuando intentaban acercar agua a las madres en huelga de hambre en demanda de la liberación de sus hijos, aún presos por las protestas del 2018. Se vive en un ambiente de zozobra, en un ambiente de miedo. Por ejemplo, usar un simple símbolo como la bandera nacional puede ser un motivo de encarcelamiento.

¿Esta persecución lo llevó al exilio?
Sí, el 31 de julio del año 2018 salimos al exilio producto del asedio y de las amenazas a nuestra integridad física como defensores de derechos humanos. Hoy 131 ciudadanos se encuentran sentenciados ilegalmente, 178 ciudadanos se encuentran detenidos ilegalmente y 280 se encuentran procesados ilegalmente. Hoy nuestro pueblo está sufriendo porque demanda justicia y respeto a los derechos humanos.

Durante las protestas del 2018 se le vio acompañando a las víctimas en los momentos más trágicos que vivió la población de Masaya, junto a miembros de la iglesia católica, usando sólo la protección de una bandera blanca…
Nos preguntaban si la bandera blanca tenía la posibilidad de rebotar balas o rebotar los morteros. Simplemente, lo que nos motivó a estar firmes en nuestro trabajo es el segundo mandato de la ley de Dios, amar a tu prójimo como a ti mismo, y nuestro compromiso con el pueblo de Nicaragua. Defender los derechos humanos en Nicaragua no ha sido una labor fácil y nuestro exilio no ha permitido al régimen aplastarnos, pero sí ha conspirado contra nosotros, para intentar deslegitimar nuestro trabajo. Mi sueño es el de la gran mayoría de los nicaragüenses, tener democracia y respeto de los derechos humanos de todos sin excepción.