Narcoestados, enfermedad senil de la revolución sudamericana

Recientemente, el gobierno venezolano otorgó un pasaporte diplomático a la italiana Camilla Fabri, una romana de veintisiete años, exmodelo, prófuga desde 2019, cuando la Guardia di Finanza de Roma secuestró un apartamento que poseía en via Condotti (una de las avenidas más costosas de la capital italiana), valorado en de 4.7 millones de euros; además de 1 millón 800 mil euros de una cuenta corriente italiana. Logró refugiarse primero en Rusia y luego se trasladó a Venezuela, en donde se hace pasar por una “Defensora de DD.HH. y de la verdad de Venezuela”, según su Twitter.

La investigación en torno a Camilla Fabri llevó a la Guardia di Finanza italiana a identificar más de 50 millones de euros provenientes de Venezuela, a través de 26 empresas con sede en Italia, Rusia, Inglaterra y Emiratos Árabes Unidos, así como 20 kilos de oro depositados en Suiza. Todo ello “fruto de la corrupción y apropiación indebida de fondos públicos y blanqueo de capitales”, según el informe de la jueza italiana Francesca Ciranna.

Pero ¿quién es realmente Camilla Fabri? Es la esposa de Alex Nain Saab Moran, un colombiano de origen libanés, hombre de confianza del dictador venezolano Nicolás Maduro, detenido en la isla de Cabo Verde en octubre de 2021 tras una orden de captura internacional de Estados Unidos, mientras hacía una escala de reabastecimiento de combustible de su avión privado en un vuelo con destino a Irán; tal vez en un intento de cambiar el oro de Venezuela por el petróleo de Teherán. Según la DEA estadounidense, administraba activos por un valor aproximado de 350 millones de dólares.

El caso de Camilla Fabri y Alex Saab demuestra cómo la corrupción de los narcoestados puede infiltrar sus tentáculos en Europa, y peor aún (para nosotros) incluso en Italia. ¿Por qué? Su esposo, Alex Nain Saab Moran, no solo es un pez gordo del régimen venezolano, sino que también es miembro de una densa red internacional de tráfico de drogas que involucra a varios países latinoamericanos, no por casualidad bajo el liderazgo de gobiernos socialistas y miembros del Foro de San Pablo.

Basta leer las noticias en español para confirmarlo. Por ejemplo, el canal de televisión colombiano Caracol reveló que el FBI está realizando una investigación que confirma que presuntamente Alex Saab ha realizado operaciones multimillonarias de narcotráfico a través del programa gubernamental conocido como CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción), que servía de fachada para enviar cocaína de Venezuela a México utilizando aviones de la Fuerza Aérea Militar Bolivariana, que partían hacia Veracruz cargados de droga y regresaban a Venezuela con alimentos para el programa.

El término narcoestados o narco-economías tradicionalmente se utiliza para denominar países donde todas las instituciones estatales están penetradas por el poder y la riqueza derivada del tráfico ilegal de drogas. Se utilizó por primera vez para describir a Bolivia después del golpe de Estado de 1980 del general Luis García Meza, quien, siendo jefe de las fuerzas armadas bolivianas, había derrocado a la entonces presidenta (Lidia Gueiler Tejada), gracias al financiamiento del narcotraficante Roberto Suárez Gómez. Es conocido en la historia como el “golpe de la cocaína”.

Además, existen diferentes tipos de narcoestados. El término originalmente se refería a aquellos países donde las organizaciones ilegales que producen, distribuyen o venden drogas controlan las instituciones a través de la fuerza, el soborno o el chantaje. Un gran ejemplo lo es Colombia, en donde Pablo Escobar (conocido por su reinado del terror) dirigió el cártel de Medellín durante la mayor parte de las décadas de 1970 y 1980, logrando tomar el control de la mayoría de las fuerzas policiales en Medellín y sus alrededores gracias a la corrupción y las amenazas. Escobar también ocupó un escaño en el Congreso entre 1982 y 1983.

Pero los narcoestados no se encuentran solo en América Latina. En África, el primer país en ser considerado narcoestado fue Guinea-Bissau en 2005, ya que era utilizado por los traficantes colombianos para enviar cocaína a Europa. Luego, en el continente europeo, tenemos Albania; y en Asia, tradicionalmente se señala Afganistán, que suministra el 90% de la heroína que se consume en el mundo y más del 90% de la que se consume en Europa (2021). Se sabe que el comercio de opio financió las actividades militares y la insurgencia de los talibanes.

Sin embargo, América Latina merece ser mirada con atención porque es un hecho objetivo que los movimientos guerrilleros de izquierda han encontrado en el narcotráfico una fuente de financiamiento muy lucrativa. Y algunos incluso han logrado llegar al poder, para luego consolidarse como narcoestados: Cuba, Nicaragua y Venezuela son grandes ejemplos.

En 1989, siete altos militares cubanos fueron acusados ​​de traficar cocaína junto con el cartel de Medellín. Y no solo eso, más atrás, en la década de 1970, altos mandos militares fueron acusados ​​de tráfico de cocaína en Chile; en la década de 1980 en Bolivia, Paraguay y Panamá; y en la década de 1990 en Surinam. Hoy lo mismo ocurre con Venezuela con el llamado “Cartel de los Soles”, dirigido por oficiales del ejército venezolano, quienes tienen el control del tráfico de cocaína en el país.

Así volvemos a enfocar la mirada en Venezuela: es donde es Perogrullo que los funcionarios del gobierno están directamente vinculados a los cárteles de la droga y a las redes criminales que operan en toda América Latina. Por ejemplo, Tareck el Aissami, exvicepresidente de Venezuela y expresidente de la petrolera estatal PDVSA, está sancionado por Estados Unidos desde 2017 por sus vínculos con el narcotráfico.

También es conocido el caso de los narcos sobrinos: los dos nietos de Cilia Flores, esposa del dictador Nicolás Maduro, que fueron detenidos en 2015 por la DEA en Haití cuando intentaban transportar 800 kg de cocaína a Estados Unidos. Y a pesar de haber sido condenados por la justicia estadounidense, fueron liberados en octubre de 2022 por la administración Biden.

En fin, todo el continente corre el riesgo de vivir el mismo proceso político y social que convirtió a Venezuela en un narcoestado: el fenómeno ya está en marcha en México, Argentina, Chile y más recientemente en Colombia, en donde los acuerdos de paz han dado espacio político a los guerrilleros de las Farc, permitiendo su llegada al Parlamento. A muestra un botón: el actual presidente colombiano, Gustavo Petro, es un ex guerrillero del movimiento M-19.

Y Camilla Fabri y Alex Saab nos confirman que Italia está en la mira de esta gran red de corrupción.